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    Estafadores devuelven dinero a las víctimas para evitar la cárcel

    Una banda argentina que engañaba a ancianas, fraudes de una inmobiliaria falsa y una maniobra por casi medio millón de dólares concluyeron con acuerdos

    La maniobra parece imitada de la película argentina Nueve Reinas. Llamaban por teléfono a ancianas y se hacían pasar por un familiar. Buscaban los números en la guía —elegían los barrios más pudientes— y hacían cientos de llamadas. Después de varios intentos fallidos, alguien mordía el anzuelo.

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    “Abuela, ¿cómo estás? ¡Soy yo, tu nieto!”. Tras dudar unos segundos, la señora respondía: “¿Danielito?”. Había caído en la trampa. Del otro lado del teléfono, el supuesto nieto advertía a la abuela que en Argentina las cosas se estaban complicando, que iban a repercutir en Uruguay y que se avecinaba un nuevo “corralito”. “Tenés que sacar ya la plata del banco”, le aconsejaba. La abuela se preocupaba y el nieto le ofrecía ayuda. Él haría los arreglos para que un empleado del banco fuera a buscarla y la acompañara a retirar la plata, que estaría más segura en un cofre fort.

    Con ese cuento los estafadores —que provenían de Argentina— consiguieron varias víctimas y miles de dólares. La Justicia pudo probar su participación en al menos tres casos, en los que se quedaron con unos US$ 50.000.

    Una de las señoras fue al banco y retiró US$ 29.000 para entregarlos a uno de los estafadores. Otra tenía la plata guardada en la casa, desconfiada del sistema financiero. “¿No te acordás que yo no la tengo en el banco?”, le dijo sorprendida a su falso nieto. El estafador la convenció de que eso tampoco era seguro y envió a un supuesto amigo a buscar el dinero para depositarlo en un lugar menos riesgoso: la anciana le entregó US$ 19.000 y sus joyas más valiosas.

    La tercera maniobra no llegó a concretarse, porque la empleada doméstica alertó al hijo de la víctima que esta iba camino al banco con un desconocido para entregarle sus ahorros. El hombre avisó al banco que no le dieran el dinero y llamó a la Policía. Cuando salieron de la institución financiera, los esperaban varios agentes.

    Tras el arresto, la Policía, que ya venía investigando varias denuncias de casos similares, consiguió identificar a los dos integrantes de la banda. Pero a diferencia de lo que hubiera ocurrido algunos meses atrás, cuando aún regía el viejo sistema penal, los estafadores no fueron a la cárcel. En su lugar, la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y Complejos les propuso una alternativa: que devolvieran todo el dinero. Los estafadores accedieron y depositaron el botín en una cuenta del Banco República. Así, el proceso en su contra quedó “suspendido” y ellos evitaron ir a prisión. Las víctimas, a cambio, recuperaron un dinero que ya daban por perdido.

    Este tipo de negociaciones son parte de las “vías alternativas” para la resolución de conflictos que incorporó el nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde noviembre de 2017. Soluciones del estilo son cada vez más utilizadas por los fiscales, que entienden que es más satisfactorio para la víctima recuperar lo perdido, e incluso recibir una disculpa, que ver al responsable tras las rejas.

    La Fiscalía de Delitos Económicos ya va por el tercer caso que resuelve de esta manera. En el de mayor magnitud consiguió que la empresa estafada (Grinsol S.A.) recuperara US$ 420.000 que le habían sido hurtados en un fraude. Tras la denuncia de la compañía, la Policía comenzó una investigación que terminó con la captura in fraganti de cuatro de los involucrados y más tarde del ideólogo de la maniobra. Los cinco fueron formalizados y marcharon a prisión preventiva. Pero luego la Fiscalía negoció con ellos un acuerdo reparatorio para restituir a la empresa el monto robado. Semanas después, el dinero fue devuelto y los delincuentes liberados. Además se decretó la extinción del delito, por lo que el episodio no quedará registrado en sus antecedentes.

    “Es más útil” recuperar el dinero para las víctimas que optar por el castigo tradicional, dijo a Búsqueda el fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez. Añadió que los responsables “no quedan impunes, porque son sometidos a proceso”.

    En el caso de las ancianas, que en estos días están recuperando el dinero, la “alegría era tremenda”, contó. “Era una plata que ya daban por perdida. Pero estas son las posibilidades que da el nuevo código”, señaló. En el segundo hecho, destacó que la empresa pudo recuperar casi US$ 500.000.

    Este tipo de negociaciones son parte de las “vías alternativas” para la resolución de conflictos que incorporó el nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde noviembre de 2017.

    La compañía, de hecho, quedó conforme con el resultado, al punto que sus abogados, del estudio Durquet & Asociados, enviaron una carta a la Fiscalía General para destacar el trabajo de la sede especializada y las bondades de los acuerdos reparatorios.

    “Pensar que en menos de 60 días fuera posible investigar una estafa, detener a los responsables, formalizarlos, aplicarles prisión preventiva y lograr un acuerdo que repara el daño, para todos nosotros hubiera sido no solo inimaginable, sino técnicamente imposible antes de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal”, escribieron en la nota, publicada en la web de la Fiscalía.

    El tercer caso se trató de una estafa realizada por una supuesta agente inmobiliaria, que alquilaba apartamentos y se quedaba con el dinero que pagaban los inquilinos. La Fiscalía acordó la suspensión condicional del proceso en contra de los dos responsables de la maniobra bajo la condición de que devuelvan el dinero. Una de las denunciantes recuperará US$ 30.000, mientras que otros dos afectados cobrarán US$ 2.000 cada uno. La plata será depositada en cuatro cuotas, entre abril y julio.

    ¿Impunes?

    La Fiscalía de Delitos Económicos no es la única que está apelando a estas salidas alternativas. El martes 17, Subrayado informó de un acuerdo que hizo la Justicia de Sarandí del Yi con una pareja que robó un televisor de una casa. A instancias del fiscal Alejandro Sastre, los ladrones, tras ser capturados por la policía, acordaron realizar tareas comunitarias y devolver a las víctimas $ 2.500 en cinco cuotas de $ 500 a cambio de no ir a prisión.

    “Es más útil” recuperar el dinero para las víctimas que optar por el castigo tradicional, dijo a Búsqueda el fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez. Añadió que los responsables “no quedan impunes, porque son sometidos a proceso”.

    El caso generó repercusiones en las redes sociales, donde hubo quienes lo calificaron de “insólito”. Entrevistado el miércoles 18 por el periodista Emiliano Cotelo, del programa radial En perspectiva, el fiscal Sastre defendió que no son “delincuentes impunes” porque “fueron formalizados y se llegó a una suspensión condicional del proceso”. Añadió que “la gente tiene que acostumbrarse a estos nuevos institutos que prevé el código”.

    A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo proceso hubo otro caso similar. El fiscal Diego Pérez pidió la suspensión condicional del proceso contra un delincuente que robó mercadería de un local comercial por un monto de $ 2.411, a cambio de que este pida disculpas, devuelva lo robado y se someta a un tratamiento psiquiátrico.

    El abogado especializado en Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos, expresidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), abordó el tema el martes 17 en su cuenta de Twitter: “Sé que cuesta entender la lógica del nuevo sistema procesal penal, pero es mejor para la víctima, la sociedad y el imputado una medida como esta (suspensión condicional del proceso) que entre todos le paguemos al imputado un doctorado en delincuencia en la cárcel”.