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El Ejército y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTU) intensificaron en los últimos meses sus programas de cooperación y capacitación, al punto de que la institución militar analiza la posibilidad de comerciar servicios, explicaron a Búsqueda fuentes del ámbito de Defensa.
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La capacitación conjunta de civiles estudiantes de la UTU y de militares en unidades del Ejército ya generó la reforma de Transportes Blindados de Personal (TBP) de origen checo. En particular, en virtud del convenio se comenzaron a reformar las cajas de cambio de los vehículos, que pasaron de ser manuales a automáticas; también está en proceso la automatización de las puertas de esos vehículos.
Esas mejoras pueden ser exportadas como servicios para otras instituciones armadas del continente que cuentan con los mismos tipos de blindados, indicó una fuente militar.
El centro donde se inició la experiencia de capacitación de civiles en predios militares es el Regimiento VI de Caballería en San Ramón, Canelones.
De todos modos, están en curso otras experiencias de cooperación, por ejemplo en Tacuarembó, donde se explora la posibilidad de capacitación y cooperación en trabajos con madera en los campos que el Ejército tiene en Zapará, informaron fuentes castrenses.
En particular, son precisamente los trabajos vinculados a la mecánica y la electricidad, la plomería, la carpintería, la tapicería, y todo lo relacionado con la madera y con las actividades hípicas (desde la veterinaria hasta la fabricación de herraduras), los que generan mayores posibilidades cooperación con la UTU.
Se trata de pequeños grupos y de cursos rápidos. “Se trata de aprovechar las enormes capacidades que tienen las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. Y esto no es más que actuar en la orientación general de la ley orgánica militar: unas fuerzas orientadas a la población y que son parte de la población”, explicó a Búsqueda el director de Formación del Ministerio de Defensa, Hernán Planchón.
“Lo más importante es que civiles que no tienen relación con las Fuerzas Armadas la tengan, que se capaciten, que tengan un curso básico que les permita trabajar y ganar mejor”, manifestó el jerarca.
Si bien no existe impedimento jurídico alguno para que civiles ingresen a predios militares y tomen cursos —dijo Planchón— el Ministerio de Defensa aspira a contar con un marco jurídico específico que dé amparo legal a esa actividad, cosa que hasta el momento no ha logrado.
Más aún, “hemos planteado un proyecto de ley de educación policial y militar. La parte militar permanece en el Parlamento, durmiendo. En ese proyecto, para que se discuta, previmos que el sistema de educación militar en el ámbito del Ministerio de Defensa es parte del sistema nacional de educación, o sea que es una herramienta más con que cuenta el Estado para la educación. Eso significa que las capacidades con que cuentan las Fuerzas Armadas están a disposición de la sociedad en un marco de orden, dado que su función primordial es la defensa militar. Hay un artículo que refiere a la posibilidad de que organizaciones militares formen a civiles y que civiles formen a militares. Ese es el concepto, y el Parlamento tiene el asunto en sus manos. Nosotros creemos que esto es algo muy importante”, remarcó.
