Evaluaciones de la OPP señalan aciertos y debilidades en programas vinculados con el sida, turismo social, apoyo a ganaderos y nueva cárcel

Ganaderos

En el segundo semestre del año pasado la Agev evaluó el funcionamiento del programa de apoyo a productores familiares ganaderos pequeños y medianos (no familiares) que lleva adelante el área de Desarrollo Productivo del Ministerio de Ganadería (MGAP). El análisis, hecho junto a técnicos de esa secretaría de Estado, abarcó los cuatro años previos.

Cárcel

La Agev evaluó la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad Nº 1 Punta Rieles, construida bajo el régimen de participación público-privada y dependiente del Instituto Nacional de Rehabilitación. El análisis, que se efectuó de forma previa a la puesta en funcionamiento del establecimiento de reclusión (enero de 2018), plantea que la estrategia general “está bien fundada y debería tener resultados positivos”, si no en todos los niveles (ya que los de largo plazo requieren que se hagan efectivos supuestos sobre los que no es posible tener un pronóstico claro), por lo menos sí en cuanto al corto y mediano plazo, en especial al logro de un clima intracarcelario adecuado, buenas condiciones de vida, la mitigación del hacinamiento y altos niveles de seguridad “dinámica”.

Sin embargo, los evaluadores identificaron como un riesgo el hecho de que la mayoría de las estrategias de intervención y los instrumentos asociados (particularmente las escalas de riesgo) provienen de experiencias de países desarrollados. En ese sentido, recomiendan adaptar los análisis al medio uruguayo.

Por otro lado, advierten que es posible que la oferta de programas específicos relacionados con la nueva cárcel “sea todavía insuficiente en calidad y cantidad. Además, la necesidad de fuertes contingentes de personal calificado podría representar una amenaza”.

La dotación y perfil del personal del establecimiento carcelario es adecuada en cantidad, pero se encuentra “en el límite inferior de lo recomendado”, agrega. En ese sentido, la evaluación señala que será necesario prestar atención a que la rotación, deserción de funcionarios y/o incremento no termine por “poner en riesgo el adecuado funcionamiento del establecimiento. Por otro lado, indica que la dotación de personal técnico “no parece adecuada para permitir el acceso generalizado de las personas privadas de libertad a los tratamientos”.

Asimismo, la Agev plantea que se “deposita el control parcialmente en barreras tecnológicas y cámaras. Puede haber un riesgo de exceso de regulación que puede tener consecuencias negativas”.

Según los evaluadores, “no existe todavía una discusión profunda acerca de factores que determinan problemas complejos como la convivencia cotidiana, la violencia intracarcelaria”. Y entre otros aspectos, aconsejan “garantizar que todos los procesos se acompañen de procedimientos de trabajo claros, concisos, al alcance de todos los involucrados y con un nivel de lenguaje y detalle adecuados para el público objetivo”.

Turismo social

En el segundo semestre del año pasado la Agev, con el apoyo de consultores externos, evaluó en el período 2013-2017 el Sistema Nacional de Turismo Social, que ejecuta principalmente el ministerio del ramo. Esa política apunta a que sectores sociales con “restricciones” económicas, sociales o geográficas, por ejemplo, accedan a servicios turísticos a un costo promocional.

Con un número creciente de beneficiarios cada año (4.217 en 2017), el programa viene cumpliendo con el propósito de “universalizar el acceso al turismo en clave de descentralización” territorial y opera como dinamizador de la cadena turística, si bien podría hacerlo más en meses de baja temporada, observan los evaluadores. Esta intervención volcó al mercado $ 7.483.402 en 2017, calculan.

Identificaron “limitaciones en la información financiera” del programa. Si bien su desempeño desde ese punto de vista es “razonable”, los porcentajes de ejecución presupuestal fueron “moderados” (entre 36% y 56% en el período analizado). En 2013-2016 el presupuesto anual promedio fue de $12.249.250; para ese último año se estimaron gastos medios de $133.390 por viaje y de $ 3.465 por pasajero.

“Existe margen para una mayor explicitación y análisis de causas y consecuencias del problema (de restricciones de acceso a los servicios turísticos de ciertos colectivos) y una mayor formalización del mismo en los documentos de diseño” del programa, señala la Agev. A su vez, la planificación está “poco desarrollada en comparación con la programación operativa”, añade.

Y si bien se realizan encuestas de satisfacción a los beneficiarios, ello resulta insuficiente para formalizar un sistema de monitoreo y evaluación propiamente dicho. En tal sentido, los instrumentos de recolección de datos “son parciales y no integrados adecuadamente”, advierten los evaluadores de la OPP.

En su informe afirman, por otro lado, que la dotación de personal en la oficina de Turismo Social es insuficiente y que la heterogeneidad de los vínculos contractuales genera inestabilidad en la composición del equipo.

Sida

Otra evaluación se focalizó en las acciones que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública (MSP) para reducir las nuevas infecciones de transmisión sexual, el Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (ITS-VIH/Sida). Abarcó el período 2012-2016 y se desarrolló, como las anteriores, durante el año pasado.

Como estas políticas sanitarias no cuentan con un presupuesto específico asignado, la Agev estimó el gasto para 2016 en $ 2,9 millones, considerando las remuneraciones del equipo vinculado a esta temática y las compras de antirretroviral por amparo o juicios hacia el MSP. El informe señala que el gasto se asigna mayoritariamente al producto vinculado con el diagnóstico y tratamiento de las ITS-VIH/Sida, y cuestiona que es poco significativo aquel vinculado a la promoción, difusión, sensibilización y educación sobre estas enfermedades.

Para los evaluadores, esta política del MSP identifica “en forma adecuada, pertinente y suficiente los problemas que debe abordar, específicamente en relación con el VIH, la sífilis gestacional y la sífilis congénita”, aunque hay “oportunidades de mejora” respecto a otras infecciones de transmisión sexual.

Si bien destacan que hubo un “progreso importante” en el período de evaluación respecto al conocimiento de las características de tres poblaciones clave en cuanto al VIH, ello fue a partir de estudios de comportamiento realizados hace algunos años que no se tiene previsto actualizar a corto plazo. “Esto limita las posibilidades de la intervención de revisar su estrategia, así como también la medición de alguno de sus resultados esperados”, advierten. Pero, por otro lado, resaltan que hay información disponible y actualizada que ayuda al monitoreo de estas políticas.

Al evaluar los resultados obtenidos, la Agev señala que hubo un “desempeño adecuado” respecto a la reducción de nuevas infecciones por ITS-VIH/Sida, aunque no existen indicadores que permitan medir lo ocurrido con otras infecciones de transmisión sexual. También hubo un descenso en las tasas de incidencia de sífilis congénita y VIH en recién nacidos. Además, se logró un “adecuado progreso” en los resultados del control del embarazo y pesquisa para el diagnóstico de sífilis y/o VIH, subrayan.

La población diagnosticada con VIH/Sida que comienza tratamiento en forma adecuada y oportuna aumentó 23 puntos entre 2013 y 2016, si bien algo menos de la mitad de los infectados (42%) no recibe esa atención. “Se observa una brecha significativa para mejorar en este aspecto”, apunta la Agev. También la hay respecto a la “retención del usuario” en el Sistema Nacional Integrado de Salud.