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El lunes 15 Celsa Puente declaró durante casi siete horas en la comisión parlamentaria que tiene a su cargo indagar sobre presuntas irregularidades en relación con licencias de docentes agremiados a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) entre 2015 y 2019, período en el que ella ejerció como directora general del Consejo de Educación Secundaria (CES).
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“Indignada”, dijo sentirse Puente, porque tras su “larga y documentada exposición”, el diputado colorado Felipe Schipani “salió a dar versiones incorrectas” sobre su comparecencia. Schipani impulsa la investigadora y dijo tras la sesión que la exdirectora de Secundaria reconoció que no había normativa que justifique las inasistencias de los dirigentes sindicales.
Puente lo negó: “¡Es una barbaridad! Yo fui muy clara, pero a Schipani no le convenció lo que dije, y busca validar su hipótesis contra Fenapes forzando los dichos y las pruebas”, afirmó.
En diálogo con Búsqueda, Puente fue más allá: “En el fondo este tema parte de un prejuzgamiento, que responde a una operación de desprestigio orquestada por las actuales autoridades educativas”, dijo, y aludió directamente a la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, y al presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.
“Cherro violó las normas que nos rigen a todos los funcionarios públicos sobre el deber de la reserva de las actuaciones ante una investigación administrativa —según establece la ordenanza 10 de la ANEP por decreto del Poder Ejecutivo— al declarar en la comisión investigadora y luego pasearse por los medios de prensa culpándonos con nombre y apellido de practicar un ‘modus operandi’ para avalar las inasistencias de Fenapes, y lo hizo sin miramientos”, señaló Puente.
También se dijo “sorprendida porque el Codicen no haya tomado medidas ante un hecho que reviste una gravedad tremenda, porque se trata de una jerarca que contamina cualquier investigación legislativa imparcial, más cuando está abierta otra investigación del CES que ella misma ordenó en mayo”.
“Cherro genera un imaginario fullero, hace creer que fuimos funcionarios corruptos, que actuamos en connivencia con el sindicato, cualquier cosa… cuando quien está violando la norma en forma flagrante es ella con una impunidad brutal”, indicó. “¡Prejuzgó y condenó! Y ahí está la responsabilidad de Robert Silva, que es abogado, fue secretario general de Secundaria, secretario general del Codicen y ahora es su presidente. ¿Cómo permitió que Cherro viole la norma exprofeso?”.
“Por eso esto para mí responde a una operación del Partido Colorado al que pertenece Silva, con Schipani a la cabeza, que ya a esta altura parece obsesionado con el tema y al también diputado colorado (Gustavo) Zubía, que llevó adelante el interrogatorio” en el Parlamento.
Ante los legisladores, la exjerarca dijo haber tomado conocimiento del tema cuando a mediados de 2017 Secundaria tuvo que considerar el caso de Marcel Slamovitz, acusado de haber justificado más de 100 horas de clase en dos años. Puente sostuvo que si bien se pudo aplicar al dirigente sindical una sanción, entonces se le permitió reponer parte de las horas de clase perdidas.
Para Puente, “resulta absolutamente exagerado” que un tema sobre licencias gremiales se dirima en ámbitos parlamentarios, mientras se encuentra en curso una investigación administrativa en Secundaria.
“Que el Parlamento dedique todo este tiempo a investigar estas horas faltantes de hace cuatro años cuando Secundaria tiene 25.000 docentes y más de 5.000 funcionarios, y venimos de una pandemia brutal, ya resulta sobredimensionado”, dijo Puente. Y auguró que el proceso además “no arrojará nada concreto, por falta de méritos y porque está totalmente fuera de plazos: recontraarchivada”.
A todo esto, Fenapes convocó a un paro de 24 horas en la educación secundaria en todo el país para el jueves 18.
