Exitismo, igualdad y derechos humanos

Desde que el presidente de la FIFA, el británico Stanley Rous, introdujo en 1961 la televisación de los Mundiales, pasando por el brasileño Joao Havelange, coimero confeso, hasta el suizo Joseph Blatter, esa organización se ha convertido en un poderoso cártel que influye sobre negocios y gobiernos. ¿Alguien cree que no hubo concesiones recíprocas para que Dilma Rousseff utilizara el Mundial como campaña para su reelección? ¿Acaso los petrodólares no fluyeron para que Qatar obtuviera el Mundial de 2022? ¿Recuerdan cuando FIFA respaldó las dictaduras de Argentina para el Mundial de 1978 y en 1980 en Uruguay para el Mundialito?

Mientras Luis Suárez negociaba su pase al Barcelona, con las elecciones a la vista, aparecieron nuevos iluminados. La Comisión de Deportes de Diputados citará a gobernantes y a la AUF para analizar el vínculo entre los Estados y la FIFA. Más ruido sin consecuencias.

La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó de oficio su preocupación por la sanción a Súarez (quien hoy reverencia a la FIFA pidiéndole perdón para ganar millones) porque violó sus derechos humanos, que incluyen la prohibición de trabajar.

No hay reacciones similares cuando en el fútbol o en el básquetbol local estallan insultos racistas a negros o judíos, agresiones vandálicas, muertes y venta de drogas. Nada dicen —y como lo de Suárez es lícito— cuando los tribunales de penas suspenden a jugadores y canchas. ¿Por qué no investigan la clandestina compra de fichas de menores de edad? ¿Por qué omiten que jueces del Poder Judicial integren tribunales de la AUF dependiente del cártel? ¿Por qué esos magistrados admiten que la FIFA prohíba a jugadores o técnicos demandar en sus juzgados, el de sus colegas e incluso en la Suprema Corte temas derivados del deporte so pena de impedirles seguir jugando o dirigiendo? Si se concreta la investigación de un fiscal de Roma contra Suárez por lesiones a Chiellini ajenas a la disputa deportiva, ¿lo van a denunciar ante organismos internacionales?

El filósofo alemán Karl-Otto Apel sostiene lo obvio: en todos los deportes las reglas de juego para competir por la victoria se transgreden. Cuando un jugador las viola para obtener una ventaja para sí o para su equipo rompe el principio de igualdad de oportunidades, democrática medular. Mediante trampas y violencias que hinchas, jugadores y dirigentes consideran “vivezas” se atropellan los derechos de los rivales, también humanos. Como en este caso. Sin sanción se hubiera protegido al violador de la norma y desprotegido al agredido. El monto, como en toda sanción, es discutible.

Desarrollar estos asuntos excede este espacio pero alcanza para sembrar otras interrogantes:

El gobierno y la Policía exigen a los clubes que ejerzan el derecho de admisión y no dejen entrar a los violentos a las canchas. ¿Se justifica una restricción administrativa? ¿No le compete a la Justicia limitarlo?

Cuando un golpe de Estado desalojó a Sebastián Bauzá de la Presidencia de la AUF, ¿la Comisión de Diputados o el Instituto de Derechos Humanos tomó alguna medida?

¿Cómo reaccionarían si el Comité Olímpico Internacional —institución tan privada como la AUF o la FIFA— sancionara a un deportista uruguayo por morder a un rival?

¿Cómo se explica que el mismo gobierno que repudia a la FIFA destine fondos del Estado (del Banco República) para publicitar a Uruguay como una de las sedes del Mundial de 2030 sabiendo que es inútil?

¿Por qué se parte de la base de que Uruguay quedó eliminado del Mundial por culpa de la ausencia de Suárez y su sanción, sin considerar la culpa de su compulsión mordedora o las limitaciones del equipo?

La mayoría evita enfrentar la realidad y se afilia a la corriente exitista para evitar reproches. Se opta por un discurso políticamente correcto para que amigos, familiares o vecinos no les digan “traidor” o “vendepatria”. Como me ocurrió, aunque ambos imbéciles me hayan dicho luego que era broma. ¡Así nos va!