Experto advierte sobre el peligro de usar la privación de libertad de adolescentes pobres como una “política social reforzada”

Así lo planteó el abogado argentino Emilio García Méndez, quien aseguró que la situación de esos adolescentes es una “bomba de tiempo social” sobre la que están sentadas las instituciones.

“La Convención marca un punto de inflexión en el proceso de las relaciones familiares. Tuve un padre y tengo un hijo. La relación que tuve con mi padre no es la relación que tengo con mi hijo. Esa relación está mediada por procesos. Mi padre me decía: ‘Hacé tal cosa. ¿Por qué? Porque te lo digo yo’. Cuando hace mucho tiempo yo decía eso, la reacción de mi hijo conmigo no era la misma reacción que la mía. Este es el proceso de democratización de las relaciones familiares”.

Igual que llevó mucho tiempo entender que la relación entre hombres y mujeres debía ser entre iguales, ahora hay que trabajar en la relación entre adultos y niños, afirmó el abogado. “Pensamos que cuando no disponemos de un arsenal autoritario no disponemos de autoridad”, explicó.

Por ejemplo, en Estados Unidos —país que no ratificó la Convención— había grupos que estaban en contra de ese instrumento y sostenían que, si se aprobaba, los padres no podrían entrar a los cuartos de sus hijos. “Ahí está la idea de que si los niños tienen derechos, nosotros no tenemos autoridad”, señaló García Méndez.

La Convención, dijo, “es la negación de la discrecionalidad autoritaria” y por eso hoy hay una “crisis del derecho de familia en cuyo ámbito se puede ubicar el tema del derecho a la infancia”.

“¿Por qué me parece que vivimos en una crisis? Porque la protección a la infancia todavía es de incapacidad. (…) Mientras hay un deber de protección, hay forma justificada de paternalismo”.

“Bomba de tiempo”.

Entre fines de los 90 y comienzos del siglo XXI se dio un “período clásico de involución autoritaria” que se reflejó en dos eslóganes: bajar la edad de imputabilidad y aumentar las penas, explicó García Méndez.

A partir de 2003 comenzó una etapa “más sutil”, que se caracteriza “no tanto por el aumento de las penas y por la baja de imputabilidad, sino por una disminución sistemática de las garantías”.

“Y cuando hablamos de esto, tengo la tentación de pensar que la involución autoritaria viene a través de las reformas legales, como estrangular a la defensa pública”.

Toda esta situación, agregó, gira en torno a utilizar la privación de libertad como recurso. “Acá está el quid de la cuestión: o usamos la privación de libertad en el sentido que le da la Convención, como respuesta seria y legítima del Estado a los delitos graves que cometen los menores de edad, como último recurso y por el menor tiempo posible; o utilizamos la privación de libertad como una especie de política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas”.

Según el especialista, esto representa un “desafío” para todos los países porque están ante una “verdadera bomba de tiempo social”. “¿Y cuál es la bomba arriba de la que estamos todos sentados? Los adolescentes pobres que en las periferias suburbanas no estudian ni trabajan”.

García Méndez dijo que en los últimos años las encuestas reflejaron que en la gran mayoría de los países la seguridad es uno de los temas que más preocupan a la opinión pública.

Además, en casi todos los países de América Latina “hay una tendencia a vincular esta inseguridad con los menores de edad”. En Brasil y Uruguay eso “es fortísimo”, afirmó.

El abogado advirtió que hay un “pacto” —aclaró que no es una conspiración— que está formando un “sordo consenso” para terminar con “esta historia de la Convención” respecto a un sistema de responsabilidad penal juvenil. Dijo que algunos piensan en “refundar la Convención” y para eso hay que erosionarla: “Entreguémosles a los mayores de 16 al Derecho Penal puro y duro y volvamos al tutelarismo más discrecional con los menores de 16 años”.