FA planea que Colonización tenga más intervención en mercado de campos y exigir evaluación ambiental a inversiones en el agro

Otro de los “compromisos” incluidos en los folletos es establecer la “obligatoriedad” para los proyectos de inversión productiva en el medio rural de realizar una “evaluación de impacto ambiental, económico y social”, en el marco de políticas de manejo sustentable de los recursos naturales.

La legislación que regula el alcance del INC en la operativa del mercado de tierras establece que “antes de vender un campo con una extensión igual o superior a 500 hectáreas con un índice Coneat 100 (productividad media), todo propietario está obligado a ofrecerlo en primer término a Colonización, que tendrá la preferencia en la compra por igual valor y plazo de pago”. Ese punto fue modificado en 2007 en el primer gobierno del FA, y hasta ese momento esa normativa legal alcanzaba los campos de 1.000 hectáreas o una extensión superior.

Ahora la idea de ese agrupación política es ampliar el grado de acción de ese ente estatal en la franja de menos de 500 hectáreas, especialmente en las transacciones de campos de departamentos como Canelones, San José y otros donde la mayoría de los predios son chicos o medianos.

Paralelamente, ese sector político plantea “intensificar el desarrollo de las cadenas productivas agroindustriales para incrementar la producción local, exportar productos con alto valor agregado y con eso aumentar el ingreso de divisas, la creación de fuentes de trabajo calificados, en el camino de la promoción social y la redistribución de la riqueza del país”.

El objetivo es que esas tierras sean distribuidas a asalariados rurales y productores familiares, que deberán ajustarse a las condiciones previstas en una resolución del MGAP, de 2008. Entre los criterios de esa norma figuran que el predio rural explotado por el agricultor no tenga una extensión mayor a 500 hectáreas, que obtenga su ingreso principal de esa actividad, que resida en ese campo o a una distancia no mayor a 50 kilómetros. Este año, el gobierno realizó algunos ajustes a esas exigencias, específicamente para productores apícolas, hortícolas y vitícolas en cuanto a los trabajadores contratados y la cantidad de colmenas.

En los dos períodos de administración frenteamplista el INC adquirió y distribuyó unas 100.000 hectáreas de campos, lo que demandó una inversión de U$S 200 millones, según datos mencionados en los folletos de propaganda elaborados por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Espacio 609.

En esos materiales se compara esa situación con lo que ocurrió en 20 años de gobiernos “blanquicolorados”, cuando ese ente estatal incorporó 30.000 hectáreas.

Unas seis familias ingresan por semana a tierras de Colonización, mediante emprendimientos individuales o colectivos, destaca ese sector, cuya lista al Senado es encabezada por el actual presidente de la República, José Mujica.

Cita además la creación del Fondo Nacional de Colonización, aprobado por una ley en junio de este año.

El objetivo es la conformación de un fideicomiso, con participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que administre unos U$S 100 millones a pagar en 25 años para la adquisición de campos. Ese fondo estará operativo en el año próximo, porque requiere de una serie de reglamentaciones.

El INC es el mayor tenedor de tierras de Uruguay, con algo más de 590.000 hectáreas, cuenta con tierras en 18 departamentos, con más de 312 colonias y 5.100 productores que involucran unos 20.000 pobladores rurales, según datos de ese ente.

Políticas diferenciadas

Otro de los compromisos de un eventual gobierno del FA en los próximos cinco años es la “profundización de las políticas diferenciadas” y la descentralización para promover el desarrollo rural de los productores familiares y trabajadores del campo. Con ese fin propone fortalecer las mesas de desarrollo rural, creadas en 2007, para dar participación a las organizaciones territoriales locales en los ámbitos de discusión y presentación de temas vinculados al agro.

En ese sentido, el sector político prevé el acceso de organizaciones de productores familiares a las compras del Estado, la organización de un sistema integrado público-privado de investigación y extensión, y el acceso integral de recursos estratégicos como tierra, insumos, crédito y conocimiento.

Este año, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que determina la “reserva de mercado” estatal de bienes y servicios alimentarios, de un mínimo de 30% de las compras siempre que exista oferta local. Ese texto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

A partir de 2005 la administración frenteamplista impulsó la conformación de nuevas agrupaciones de productores rurales, que se encontraban ubicados en zonas aisladas de algunos departamentos y que no encontraban una vía para canalizar sus inquietudes en las gremiales tradicionales, como la Asociación y la Federación Rural. Complementariamente, el Ministerio de Ganadería generó las mesas de desarrollo rural para que esos agricultores y ganaderos de menor porte puedan trasladar sus planteos y preocupaciones, además de permitir que accedan a planes de apoyo técnico y financiero.

La definición política de privilegiar a los pequeños productores en el tratamiento que dan los proyectos de asistencia oficial recibió críticas de algunas asociaciones ruralistas y de la oposición, por entender que no favorece la mejora de la productividad y que eso se limita al mantenimiento de la población en el campo.