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El nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que entró en vigencia el pasado noviembre, menciona la palabra “víctima” más de 60 veces. El código anterior, ninguna. Eso refleja el rol preponderante que la reforma buscó dar a las personas que fueron víctimas de delitos. Ahora se les permite participar del proceso, presentar pruebas, asistir a los juicios y tener información sobre los avances o retrocesos de la investigación. La Fiscalía creó incluso una nueva oficina —la Unidad de Víctimas y Testigos— para atender a quienes deseen invoclurarse en el proceso. La unidad cuenta con un equipo de 10 técnicos, integrado por trabajadores sociales, psicólogos y abogados, que trabajan en todo el país.
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Las personas que deciden formar parte del proceso lo hacen en busca de “información, justicia y reparación”, dice la directora de la unidad, Mariela Solari. Desde que se creó la oficina, sus técnicos atendieron a unas 1.000 víctimas. Solari sostiene que el número ha ido en aumento y que seguirá creciendo. La unidad se está preparando para el ingreso de 28 técnicos nuevos, que atenderán la mayor demanda, en particular en el interior del país.
La unidad, sin embargo, no les provee a las víctimas asistencia legal. Para conseguir un abogado —gratuito— que defienda sus intereses en el juicio, las personas que sufrieron un delito pueden recurrir a dos instituciones: la Defensoría Pública o el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho estatal. La Defensoría, que asistía solo a los sospechosos de cometer delitos, ahora tiene tres abogados dedicados a las víctimas, aunque no son suficientes: “Necesitamos más”, dijo a Búsqueda la directora nacional de la Defensoría Pública, Verónica Acuña.
El Consultorio Jurídico atiende únicamente a la población de Montevideo. Para atender a las víctimas del interior, solo está la Defensoría. Además, ambos exijen un límite máximo de ingresos a las personas que buscan asistencia y si este se supera, es necesario contratar un abogado privado.
En una comparecencia en el Parlamento el 14 de setiembre, Juan Raúl Williman, quien además de dirigir el Consultorio Jurídico trabaja como integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, dijo que la atención a las víctimas es “mucho más efectiva” en Montevideo que en el interior del país.
A diferencia de la capital, en el interior la Defensoría no creó defensores especializados en víctimas, sino que dispuso que “los abogados que tienen menos carga de trabajo” asuman ese trabajo, explicó Acuña a Búsqueda. Eso implica que las víctimas sean atendidas por defensores del área civil, de aduana o familia, sin experiencia en penal.
Acuña dijo que esto se debe a que la Defensoría cuenta con “los recursos materiales mínimos e imprescindibles”, pero que sería necesario tener defensores especializados en todo el país, porque “la ciudadanía lo está pidiendo”.
Asistencia “topeada”.
El nuevo CPP establece, en su artículo 79.4, que se brindará asistencia legal gratuita “a las víctimas carentes de recursos que así lo soliciten”. Por tanto, en la Defensoría se fijaron “topes” de ingresos para las víctimas que busquen un abogado de oficio.
En el Parlamento, Williman planteó que eso hace que haya “un gran número de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un problema de acceso a la Justicia” en el interior del país. Los topes rigen también en Montevideo, pero la capital posee además la atención del Consultorio Jurídico que tiene topes más altos.
“Un imputado, por más que sea millonario, no tiene por qué pagar un defensor, porque si no lo tiene, se lo asignan. No funciona así para las víctimas”, dijo Williman a Búsqueda.
Solari reconoció que la existencia de los topes puede dejar fuera de la asistencia gratuita a personas que lo necesitan: “Ha pasado que alguna víctima diga ‘quiero participar pero no puedo pagar un abogado’”.
“En eso tenemos que avanzar. Existe el derecho y tiene que existir la oportunidad de que las personas accedan a eso”, añadió.
Sin embargo, la directora de la Defensoría aseguró que los topes no limitan el acceso de las víctimas a la justicia y dijo que no está de acuerdo con que todas las víctimas reciban asistencia letrada gratuita, sin importar sus ingresos. Es que una víctima no necesita un defensor, porque “no hizo nada”, explicó. Para Acuña, las situaciones del imputado y de la víctima no son comparables porque, en el caso del primero, “están en juego sus garantías”.
Por tanto, opina que si la víctima tiene recursos, “tiene que ir a un defensor particular”.
La Defensoría debe brindar asistencia a todas las personas que requieran sus servicios cuyos ingresos no superen las tres BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones), lo que equivale a unos $ 11.000, siempre que no tengan familiares a cargo. Si la persona es casada o tiene familiares a cargo, sus ingresos no pueden superar los cinco BPC, unos $ 19.000. Si la persona paga una renta superior a $ 18.000 o tiene más de dos hijos menores de edad, el tope puede llegar a los $ 28.000.
Acuña argumentó, además, que si la Defensoría Pública atendiera a todas las víctimas sin distinción, se generaría una “competencia desleal con el colegio de abogados” que “tiene su derecho a trabajar”. Agregó que, aunque hubiese voluntad y la ley lo permitiera, “no darían los recursos para atenderlos a todos”.
