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    Fatuidad y mala praxis

    N° 1700 - 07 al 13 de Febrero de 2013

    Cuando un médico actúa en su profesión con negligencia incurre en mala praxis, lo que significa llegar a cabo malas prácticas profesionales. El ministro de Salud Pública, el médico Jorge Venegas, ha sido impoluto durante su carrera como especialista en varias disciplinas. Pero en su raid político paralelo resbaló y se cayó de boca.

    Y no es un improvisado. A su formación universitaria se añade la instrucción que recibió sobre temas legales y administrativos durante su militancia de años en el Partido Comunista del Uruguay (PCU) que se ha caracterizado históricamente por la formación integral de sus dirigentes. Pero a veces la soberbia y la codicia rompen el saco y, exprofeso o con ignorancia supina, se viola la ley. Total, si pasa, pasa.

    En política, como en cualquier otra actividad profesional, cuando se actúa con negligencia también se incurre en mala praxis, especialmente cuando se usurpan cargos públicos por cuyo ejercicio se debe responder ante todos (TODOS) los ciudadanos. Y tal vez ante la justicia, como en toda mala praxis.

    Según el artículo 98 de la Constitución, para ser ministro o senador un extranjero (Venegas nació en Chile en 1948) debe esperar siete años desde que obtiene la ciudadanía legal, en su caso en abril de 2004. Antes fue incluido como suplente al Senado de Eduardo Lorier en la lista 1001 y ejerció varias veces como ministro interino de Daniel Olesker. Al asumir como titular en julio de 2011, habían transcurrido los siete años. Pero antes violó la Constitución.

    ¿Que en los partidos nadie controla estas cosas? ¿Que tampoco lo hace el gobierno ni la Corte Electoral? En la guerra de guerrillas política la prioridad no es la prolijidad sino otras cosas. Pero esta situación demuestra que todos los partidos deben estudiar con esmero la idoneidad de los candidatos: quiénes son, qué antecedentes tienen y si están habilitados. Esto es la primera vez que sucede, pero también es la primera que alguien lo denuncia.

    Hasta aquí lo formal. Dentro del marco de las denuncias, los dictámenes jurídicos y los burdos reproches oficialistas, nadie en el gobierno o el PCU tuvo la sensatez de aconsejarle que renunciara para evitar lo más grave: que siga cayendo la confianza del ciudadano en las autoridades, en los partidos y en las instituciones. El presidente Mujica debió ser el primero pero le preocupan más los claveles, los boniatos y los nabos que la legalidad.

    Si esto no es corrupción, ¿qué cosa lo es? No me refiero a corrupción en el concepto que históricamente asocia ilícitos de los políticos con el Código Penal. Digo que Mujica y quienes se empeñaron en sostenerlo incurrieron con dolo en artilugios dilatorios, en maniobras corruptas para evadir la verdad pese a que incluso dos constitucionalistas del partido de gobierno como Alberto Pérez Pérez y José Korzeniak, advirtieron la violación.

    Lo sucedido no puede calificarse de otra forma que de fatuidad en la plenitud de las acepciones del vocablo: 1) falta de razón o de entendimiento; 2) dicho o hecho necio; 3) vanidad infundada y ridícula. Las tres le calzan como anillo al dedo (o al cuello) a Venegas y a sus acólitos.

    ¿Qué otro adjetivo se puede utilizar cuando en declaraciones a “Subrayado”, para destacar su condición de uruguayo, Venegas dice: “Soy ciudadano legal, además tengo familia, grito por la selección uruguaya y grito los goles de Suárez. ¿Qué más puedo decir?”. Tal vez pudo agregar que toma mate y toca el tambor. Siempre quedan bien las posturas populacheras.

    Lo real es que ante un tema serio, de fondo, de alta responsabilidad, formuló declaraciones tontas (no ingenuas) para aferrarse al sillón. Un desplante de soberbia hacia los ciudadanos y las normas constitucionales en las cuales se apoyó para tramitar la ciudadanía legal. Una actitud desmoralizadora que significa corromper las costumbres con malos ejemplos o doctrinas perniciosas con el respaldo de su partido.

    A corta distancia de Venegas, con similar desmoralización, pero mayor responsabilidad, está Mujica. Primero declaró en Búsqueda que no se pronunciaría sobre el asunto y que esperaría el dictamen de la Corte Electoral. Hasta ahí, todo bien. Pero después, quizá para sacar la pata del lazo y no dar el brazo a torcer, apeló a la manida frase de que en derecho “hay dos o tres bibliotecas”. De repente lo hizo para no contradecir su tesis “jurídica” del pasado de que levantarse en armas contra un gobierno constitucional era lícito.

    Pero no es así, presidente. Puede haber diferentes interpretaciones o puntos de vista sin que sean un invento de “sesudos” abogados, como con ironía y desprecio se refirió a esos profesionales y a la Suprema Corte de Justicia. Después de esa barbaridad, el cese de Venegas puede ser una anécdota.

    En la Constitución, los plazos son terminantes, inmodificables. Dos y dos no son cinco, ni se puede pensar en que si plantamos boniatos o nabos crecerán claveles. De la misma forma, lo político jamás está sobre lo jurídico. Hay que tenerlo presente siempre. El respeto por el derecho es obligatorio. Las normas están para preservar el orden social y tienen como objetivo resguardar el Estado de derecho y robustecer el orden, la paz y las instituciones.

    Salvo que el presidente y Venegas tengan objetivos diferentes.