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El equipo económico está abroquelado frente a los proyectos que tiene a estudio el Parlamento para establecer límites a los aranceles que los emisores de tarjetas de crédito y débito cobran a los comercios por las ventas realizadas con esos instrumentos. La postura de rechazo había sido transmitida por las autoridades de los bancos Central y República cuando visitaron recientemente a los integrantes de la comisión que tiene a consideración las iniciativas.
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El ministro de Economía, Danilo Astori, está en la misma línea. “No estoy de acuerdo con esos proyectos. El Ministerio de Economía discrepa por razones de fondo, de carácter económico, y por razones jurídicas, aunque no es nuestra especialidad”, declaró el jerarca a Búsqueda.
“Desde el punto de vista económico, lo que hemos venido logrado hasta ahora es muy importante y se traduce en una baja muy significativa de los aranceles de las tarjetas. Las tarjetas de débito en un corto lapso tuvieron aranceles que cayeron siete puntos. Pero junto con eso se lograron otros aspectos positivos muy importantes, como el asegurar que la inclusión financiera va a llegar a todo el país y a los sectores más humildes y la posibilidad de esos sectores de extraer pequeñas sumas de dinero cuando realizan operaciones en el marco de la ley de inclusión financiera”, sostuvo. “Si ahora pretendemos regular por ley: ¿no perderemos todas las conquistas que hemos logrado hasta ahora, que son muy importantes?”, preguntó Astori.
“El argumento jurídico es que si no hay iniciativa del Poder Ejecutivo, como han opinado varios constitucionalistas, esto (topear los aranceles de las tarjetas) no se puede hacer. Esto puede atrasar todo el proceso” de bancarización, advirtió.
La inclusión financiera se está implementando por ley y sucesivos decretos reglamentarios en etapas, las primeras ya desde el anterior período de gobierno. Supuso, entre otras cosas, dar a los trabajadores asalariados la posibilidad de elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar sus haberes (antes era una decisión de las empresas) e hizo obligatorio el pago por esa vía. A su vez, para estimular el uso de las tarjetas de débito y crédito rebajó en algunos puntos las tasas del Impuesto al Valor Agregado. El plan prevé, además, que las transacciones económicas de determinados montos —mayores a 40.000 unidades indexadas a la inflación, unos U$S 5.000— se canalicen también por medios electrónicos de pago, aunque esta medida quedará aplazada hasta 2018 (ver página 23).
En este marco, la cantidad de tarjetas de débito emitidas aumentó y se multiplicó su uso, mucho más que el de las de crédito. Con esta bancarización el gobierno apunta a facilitar el acceso a los servicios financieros a sectores de la población que actualmente estaban marginados del sistema bancario y lograr un mayor control —con propósitos fiscales— de la actividad económica.