Finanzas departamentales muestran “incremento sostenido” de su déficit, debilidades contables y tributos “ineficientes”

Los documentos preparatorios de este nuevo programa aluden a una “problemática” diversa en torno a los gobiernos departamentales (o “subnacionales”, en la jerga utilizada por el BID): “Falta de transparencia” en torno a la deuda de las intendencias y otras “deficiencias” contables, falencias en la gestión de las inversiones y de la morosidad —que llega al 28% en la Contribución Inmobiliaria Rural—, así como “ineficiencias” en la prestación de servicios”.

Identificó “deficiencias en la gestión financiero-contable” y carencias de sistemas de contabilidad patrimonial. Subsanar eso se ve impedido por la “inexistencia de inventarios de bienes muebles e inmuebles que sean sujetos posteriormente a valoración”, lo que provoca “egresos indebidamente contabilizados”, la “falta de contabilización del acervo de activos” y un “costo de oportunidad”, ya que una adecuada contabilización podrían ser una fuente de ingresos, por ejemplo, a través de su alquiler o venta.

Otra debilidad es que falta una base de datos centralizada que permita conocer y monitorear el volumen de deuda de los gobiernos departamentales, advierte el BID. Las intendencias acceden a financiamiento, sobre todo con el sector bancario (que aumentó de 0,15% del PBI en 2010 a cerca de 0,26% en 2017) o a través de fideicomisos financieros, conformados por la cesión de recursos futuros, principalmente, los ingresos por el Sistema Único de Cobro del Impuesto Vehicular. Sobre esa última modalidad “no existen datos completos”, aunque señala que un estudio de la OPP había situado el endeudamiento por la vía de fideicomisos en alrededor de 1,1% del PBI nacional al cierre de 2017. Según el organismo, tales “limitantes contribuyeron a una brecha entre la deuda declarada en rendición de cuentas de los gobiernos departamentales y el registro bancario de deuda del Banco Central de 24% en 2020. Todo esto redunda en falta de transparencia en la deuda subnacional, así como opciones limitadas de acceso sostenible a financiamiento”.

Asimismo, los sistemas de gestión financiera departamentales carecen de “tableros de control que les permitan visualizar de manera eficiente la evaluación de variables” clave —ciclos contables, procesos de gestión de talento humano o de compras públicas—, incluyendo todas las dimensiones de ingresos y gastos, consigna en el documento.

Identifica, también, “debilidades” en la gestión tributaria. Excluyendo a Montevideo, los ingresos propios representaban este año el 62% de los ingresos totales de los gobiernos departamentales. Si bien ello muestra una “relativamente alta autonomía fiscal” en comparación con otros países de la región, es según el BID “limitada” debido a “diseños ineficientes (las bases normativas para la aplicación de los impuestos son dispersas y heterogéneas)” y a bases de datos impositivos desactualizados, especialmente para la Contribución Inmobiliaria, que es el principal tributo. Además, las intendencias carecen de “estrategias para el análisis y la gestión de la mora”, que ronda el 14% de la recaudación de la Contribución Inmobiliaria Rural y el 28% de la urbana y suburbana. La definición del monto a cobrar por concepto de tasas y servicios presenta limitaciones al no contarse con mediciones de calidad-costo.

También señaló “ineficiencias en la prestación de servicios públicos departamentales, que redundan en mayores costos de producción” y “desaprovecha oportunidades de ahorro” mediante un mayor uso de las tecnologías de la información y comunicación. Según el BID, en alumbrado público podría reducirse al menos 25% el costo de la energía mediante la facturación por medición (en lugar de conteo), la atenuación de la intensidad lumínica (dimerización) adaptada a ciclos horarios predefinidos, la movilidad real basada en sensores y patrones de movilidad generados mediante big data o inteligencia artificial.

En materia de recolección de residuos sólidos, la instalación de sensores volumétricos, de sistemas para su gestión mediante análisis de big data y una optimización de la planificación de rutas permitiría reducir el costo actual (plantillas, consumo de combustible y mantenimiento de flota) en alrededor de 30%.

Los servicios bromatológicos, en particular el registro de productos alimenticios y empresas y vehículos asociados, no escapan al diagnóstico crítico. En el sistema actual, “descoordinado”, cada alimento debe ser inscripto “19 veces para tener cobertura nacional (una por intendencia)” con trámites realizados bajo distintos criterios, lo que multiplica los costos para las empresas y de gestión para las intendencias. Además, señala el BID, existen “subregistros no consolidados de productos” y los “estándares de calidad exigidos no son consistentes”. Y desde una perspectiva fiscal, marca que algunas comunas carecen de registros bromatológicos completos o actualizados, así como de capacidad técnica suficiente para realizar controles e inspecciones, lo que reduce su posibilidad de recaudar tasas.

Hay, asimismo, una “deficiente” gestión de la inversión, cuyo monto ronda alrededor del 16% del gasto total departamental, cerca de la mitad que el promedio regional (31%). Esta cifra esconde una alta heterogeneidad —Durazno asignó a inversión 25% de su presupuesto en 2019, en contraste con el 4% de Treinta y Tres o el 5% de Flores— y, como resultado, los departamentos “presentan amplias brechas de infraestructura vinculadas a la prestación de servicios y equipamientos urbanos”, señala el documento. Entre otras cuestiones, el BID identificó bajo financiamiento de estudios de preinversión que evalúen ex ante la rentabilidad socioeconómica de los proyectos, incluyendo criterios de cambio climático, género y diversidad.

Frente a todo este panorama, el nuevo programa se enfocará en mejorar, por un lado, la administración financiero-contable y, por otro, la gestión de la inversión. Apuntará a profundizar la digitalización de servicios públicos, la incorporación de principios de cambio climático a la gestión fiscal y a establecer criterios de selección vinculantes para proyectos de inversión pública financiados por el Fondo Concursable.