El fiscal de Corte, Jorge Díaz, opinó que que el fiscal civil de tercer turno, Enrique Viana, carece de un interés “directo, personal y legítimo” que lo habilite para solicitar la inconstitucionalidad de la ley de minería de gran porte.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, opinó que que el fiscal civil de tercer turno, Enrique Viana, carece de un interés “directo, personal y legítimo” que lo habilite para solicitar la inconstitucionalidad de la ley de minería de gran porte.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáViana había planteado una “excepción de inconstitucionalidad” contra la ley 19.126 por considerar que violentaba la protección del medio ambiente de rango constitucional, entre otras consideraciones.
La opinión del fiscal de Corte es preceptiva en estos casos, aunque no es vinculante para los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
“El excepcionante parece aceptar la procedencia de lo que en puridad se constituía en una suerte de ‘inconstitucionalidad por riesgo’ que habilitaría el contralor de la actividad de gobierno por parte del Ministerio Público, lo cual deviene carente del necesario e imprescindible sustento normativo”, reflexiona Díaz en la vista fiscal.
“Las decisiones que el Estado adopte respecto de incursionar en actividades asociadas en materia de inversión son, por naturaleza, decisiones de naturaleza política, que exigen un marco legal previo que las regule, tal y como ha acaecido con el dictado de la ley 19.126 atacada”, agrega.
“Por ello, y si la ley en sí misma no contiene previsión alguna que incontrastablemente la torne incompatible con la Carta, no procede invocar su mérito o su conveniencia —ni sus riesgos— (...) Y es que es precisamente la propia ley 19.126 la que contiene disposiciones que imponen la preservación del medio ambiente, cuyo texto expreso es de inequívoca interpretación”, prosigue.
Viana, conocido como el “fiscal verde” por su activismo en materia de medio ambiente, fue recientemente sumariado por el Ministerio de Educación y Cultura a instancias de Díaz por incumplir con la obligación legalmente establecida de concurrir a las audiencias.