La reforma del Código del Proceso Penal, puesta en marcha en noviembre de 2017, quedó en el ojo de la tormenta debido al aumento de los delitos y a la aplicación de penas leves o salidas alternativas que provocaron molestia en la opinión pública. Por eso, cuando durante la campaña política los partidos de la oposición prometieron combatir la inseguridad con “mano dura”, anunciaron que harían cambios al CPP.
El anteproyecto de ley de urgente consideración, difundido en enero por Luis Lacalle Pou, líder de la “coalición multicolor”, cumplió esa promesa. La seguridad fue el tema dominante en la norma y varios de sus artículos prevén modificaciones al código.
La Fiscalía General, sin embargo, no está de acuerdo con los cambios que se proyectan y considera que tendrán “graves consecuencias” en el funcionamiento del sistema penal. Un análisis sobre las modificaciones realizado por la Fiscalía a pedido del fiscal de Corte, Jorge Díaz, advierte además que algunas de las disposiciones son “inconstitucionales” y vulneran también la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El objetivo de Díaz es entregarles personalmente el estudio de la ley de urgente consideración a Lacalle Pou y su equipo para que sea tomado en cuenta antes de enviar la propuesta de ley al Parlamento. El encuentro, sin embargo, aún no se concretó, aunque el presidente entrante sí recibió a la Asociación de Fiscales. La Fiscalía General solicitó formalmente una reunión hace dos semanas, pero no recibió una respuesta.
Fuentes del entorno de Lacalle Pou y dirigentes frenteamplistas dijeron a Búsqueda que Díaz les transmitió “inquietud” por la demora. Consultado, el fiscal de Corte confirmó que la reunión todavía no se hizo, pero aseguró que “no existe preocupación” por eso. Dijo también que ya está “trabajando activamente” con otras autoridades del gobierno entrante —como los ministros del Interior y Defensa—. “La reunión será cuando tenga que ser”, añadió.
“Materialmente imposible”.
Las principales medidas que propone la ley urgente son limitar los procesos abreviados —que permiten a los fiscales negociar con la defensa una confesión a cambio de una pena más leve, y evitar llevar el caso a juicio—; crear un procedimiento extraordinario para situaciones de baja complejidad —una especie de juicio más simple y rápido—; y eliminar la suspensión condicional del proceso, el régimen de libertad vigilada y el principio de oportunidad.
De acuerdo al análisis de la Fiscalía, limitar la aplicación del proceso abreviado a los delitos con una pena máxima de tres años —como prevé el anteproyecto— hará que la mayor parte (74%) de los crímenes deban ir a juicio oral, ya que deja fuera las rapiñas y los hurtos. “Debe tenerse presente que el juicio oral es la vía procesal más costosa en términos de tiempo y recursos”, advierte. Además, “son una vía particularmente exigente para testigos y víctimas”.
Los países de América Latina que limitaron el proceso abreviado obtuvieron como resultado “el colapso de la agenda de los jueces” y la fijación de audiencias de juicio “con una demora aproximada de dos años”, señala la Fiscalía.
Según el estudio entre febrero y diciembre de 2019 se concluyeron 12.187 procesos, de los cuales 424 (3,5%) se resolvieron en juicio oral, 9.446 (78%) mediante proceso abreviado y 2.178 (18%) con suspensión condicional del proceso. “Para mantener los niveles de persecución penal de 2019 en el escenario de limitación del proceso abreviado los procesos concluidos mediante juicio oral deberían pasar de 424 a 8.248 al año, lo que significa casi 20 veces más que en la actualidad”, indica.
“Con los recursos disponibles en la actualidad es materialmente imposible llevar adelante tal incremento”, sostiene la Fiscalía. Por eso, sugiere “no acotar el ámbito de aplicación del proceso abreviado”.
Por otra parte, plantea que no debe eliminarse la suspensión condicional, que se usa en delitos leves cometidos por primarios, sino ajustar su aplicación. “La imposición de condiciones absurdas o de difícil cumplimiento ha determinado que se cuestione el instituto en sí mismo”, indica. Recomienda en ese sentido “incluir como requisito del instituto que la víctima sea convocada para ser oída en forma previa a acordar una suspensión condicional del proceso”.
El estudio también defiende la necesidad de aplicar el principio de oportunidad, que permite a los fiscales priorizar qué delitos investigar: “No hay sistema procesal penal que tenga capacidad para dar trámite y resolver de forma pronta y eficiente todas las denuncias que se reciben”.
La derogación proyectada “determinaría volver a la forma en que se utilizaba el principio antes de noviembre del año 2017: no reglada, discrecional y sin control alguno”, advierte.
Respecto a la creación de un proceso extraordinario, la Fiscalía señala en su estudio que si bien comparte la idea de incluir “una nueva estructura procesal especial”, no coincide con la forma en que fue diseñada. Por ejemplo, criticó que no especifica en qué casos deberá acudirse a esa vía especial, y que habilita que el juez que dicte sentencia sea el mismo que intervino en las etapas previas, lo que es “una clara vulneración al principio de imparcialidad”. Además, no da un plazo para que la defensa pueda armar su estrategia, lo que “vulnera el derecho del inculpado a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados” para defenderse, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Otro aspecto problemático de ese procedimiento —sostiene la Fiscalía— es que prevé que se haga la acusación por parte del fiscal luego de la producción de la prueba del caso. “Tal cuestión vulnera un principio fundamental de un sistema procesal penal: el principio acusatorio, ya que se produce prueba contra un imputado que aún no ha sido acusado por quien detenta la titularidad de la acción penal”, dice el documento. Y añade que viola el artículo 22 de la Constitución, que establece que “todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público”.
“Esto implica que el proceso extraordinario tal como se proyectó, es inconstitucional”, afirma la Fiscalía. El informe propone crear en su lugar un proceso “simplificado” que tome en cuenta las objeciones, y sugiere una redacción tentativa.
Frankestein.
Los cambios proyectados no solo causaron alarma en las autoridades del Ministerio Público, sino también entre los fiscales. La asociación que los representa pidió una reunión con Lacalle Pou y este los recibió el 4 de febrero junto a Rodrigo Ferrés, futuro prosecretario de la Presidencia y redactor del anteproyecto de urgente consideración. Los fiscales manifestaron su preocupación por las consecuencias de las medidas. Su presidenta, Mirta Morales, declaró en TNU el miércoles 12 que las modificaciones convirtieron al CPP en un “Frankestein”.
También el presidente de la Asociación de Magistrados y ministro de apelaciones en lo penal, Alberto Reyes, discrepó con las reformas propuestas. “No solo no contribuirán al fin loablemente perseguido en el borrador”, sino que implican un “riesgo de mayor impunidad o colapso del sistema carcelario”, dijo a Búsqueda.
“¿Además, quién dijo que con estas modificaciones se garantiza la mayor seguridad?”, planteó, y cuestionó las declaraciones del exministro de la Corte Jorge Chediak, que respalda las modificaciones y cree que el actual modelo es demasiado benigno. “¿Hay estudios o solo se cuenta con la opinión del exministro Chediak ahora en la arena política”, criticó.
Cuestionó a su vez que se limiten los procesos abreviados “asfixiando un eje de la reforma que fue aprobada por todo el sistema y que viene mejorando sustancialmente, a pesar de las críticas”.
Por otra parte, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, compartió el martes 11 en su Twitter una entrevista que realizaron en el programa radial No toquen nada a los abogados Gabriel Valentín y Martín Fernández, en la que advirtieron sobre los impactos negativos de las modificaciones. “Muy recomendable. El título de la audición No toquen nada y de acuerdo a estos prestigiosos profesores nunca —o tal vez casi nunca— le vino mejor”, escribió.
