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Pese a que una investigación administrativa no detectó irregularidades en el uso de vales de combustible por parte de un grupo de fiscales, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió elaborar un Código de Ética de los Magistrados Fiscales para que haya “reglas claras” en el trabajo, dijeron a Búsqueda fuentes de esa dependencia.
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El objetivo de Díaz, según consta en la resolución que adoptó el martes 24, es “asegurar el fiel cumplimiento de la normativa” que regula la “conducta de la función pública” de modo de “prevenir y combatir la corrupción”.
La decisión se produjo el mismo día en que el fiscal de Corte archivó la investigación administrativa sobre el presunto uso irregular de vales de nafta por parte de varios fiscales penales durante más de dos décadas y hasta 2011 para cargar combustible en el Centro de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma) de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Sin dolo.
En el marco de una investigación de la Justicia especializada en Crimen Organizado a un grupo de policías por ser presuntos partícipes en maniobras con vales de nafta y otro tipo de insumos, los indagados dijeron como defensa, en sede policial primero y en sede judicial después, que los fiscales penales nacionales cargaban combustible del Cayma en sus automóviles particulares, con tope de 50 litros al mes.
El fiscal de Corte dispuso una investigación administrativa, a cargo del fiscal instructor, Luis Pacheco, para esclarecer los hechos denunciados por los oficiales indagados. En una resolución adoptada el martes 24, Díaz sostiene que la instrucción “no verificó la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afectaren directamente, y que involucrara la actuación de los magistrados fiscales que hicieron uso del beneficio referido”.
“De la prueba consta que los señores fiscales hicieron uso de un beneficio concedido por Jefatura de Policía de Montevideo, con la finalidad específica de facilitar su traslado y concurrencia a las escenas del hecho, reconstrucción y demás diligencias judiciales a las que están obligados a concurrir por razón de su función —afirma Díaz—. Esta circunstancia era conocida y avalada tácita o implícitamente por los jerarcas de esta Unidad Ejecutora, que actuaron en la época en que ocurrieron los hechos”.