Con Eugenio Figueredo tras las rejas, la Justicia sigue investigando a otros involucrados en las maniobras irregulares que ocurrían en torno a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Con Eugenio Figueredo tras las rejas, la Justicia sigue investigando a otros involucrados en las maniobras irregulares que ocurrían en torno a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAhora la fiscalía especializada en Crimen Organizado, a cargo de María de los Ángeles Camiño, pidió la citación como indagados a los hermanos argentinos Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de la empresa Full Play SA, y de los también argentinos Alejandro Burzaco, ex director ejecutivo de Torneos y Competencias, y Fabián Rinaldi, representante de Full Play, según informaron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público.

La Justicia, que ya procesó con prisión por estafa y lavado de activos a Figueredo, ex dirigente de la FIFA, de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Conmebol, resolvió iniciar un expediente separado de esa causa para indagar a los argentinos.
Los hermanos Jinkis y Burzaco están siendo investigados por el pago de coimas a dirigentes de la Conmebol y a los presidentes de las asociaciones de fútbol latinoamericanas para mantener los derechos de televisación de los torneos de fútbol organizados por el organismo. A su vez, la justicia indaga a los argentinos por presunto lavado de activos. También la fiscalía de Estados Unidos los investiga por su participación en las estafas vinculadas al órgano rector del fútbol mundial, la FIFA.
Aún está pendiente que la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos disponga la citación de los indagados y fije la fecha de las audiencias.
La causa contra Figueredo, que derivó en la investigación contra los argentinos, se inició en 2013, luego de que siete clubes de fútbol y la Mutual de jugadores presentaran una denuncia por irregularidades en contratos de televisación de torneos de la Conmebol.
La demanda se presentó luego de que el empresario Francisco Casal ofreciera U$S 805 millones hasta 2020 a la Conmebol para adquirir los derechos de televisación de los torneos que esa entidad organiza, pero los derechos se le concedieran a la firma T&T, en manos de Burzaco, que ofreció U$S 381 millones.
Figueredo fue procesado el 24 de diciembre de 2015, luego de que la Justicia suiza accediera al pedido uruguayo y extraditara al ex dirigente. También Estados Unidos estaba detrás de Figueredo, pero lo suizos priorizaron el pedido uruguayo. De todas formas, cuando el ex dirigente culmine su condena en Uruguay será extraditado a Estados Unidos, según acordaron las fiscalías.
Durante la investigación Figueredo firmó un acuerdo con la fiscalía en el que aceptó identificar varios bienes adquiridos con dinero de origen ilícito, que se sumaron a los que ya habían sido detectados y embargados por la Justicia. Además de “entregar” sus bienes, Figueredo aportó información para identificar a otros involucrados en la maniobras ilícitas, y a cambio obtuvo una reducción en su pena.
La defensa de Figueredo aspiraba también a conseguir la prisión domiciliaria, pero ese beneficio no fue parte del acuerdo. Su abogada, Karen Pintos, solicitó a la fiscalía que se lo concediera por la edad y el estado de salud de Figueredo, pero la Justicia no accedió. Por el momento la posición de la fiscalía se mantiene en que el ex dirigente permanezca en la cárcel, dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público.
De todas formas, en estos días se dispuso que un perito médico evalúe el estado de salud del ex dirigente. A partir del resultado del estudio la fiscalía volverá a evaluar su situación, precisaron las fuentes.