Fiscal pide 30 años de cárcel para cinco procesados en el caso Gelman

Días atrás, luego de un juicio que tardó casi cuatro años, el fiscal “pidió la condena de los militares y el policía por su responsabilidad en el homicidio intencional muy especialmente agravado de García a 30 años de penitenciaría”, informó una fuente del caso.

Caso emblemático.

María Claudia García y su esposo, Marcelo Gelman, fueron secuestrados en Buenos Aires en agosto de 1976, en el marco del “Plan Cóndor”. García tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses.

Gelman fue torturado y asesinado, y ella fue traslada a Montevideo, donde estuvo detenida en la sede del Servicio de Información y Defensa del Ejército. Luego de que diera a luz a su hija, Macarena Gelman, presuntamente el 1º de noviembre de 1976, la joven fue asesinada. Sus restos aún no han sido encontrados. Macarena Gelman fue criada con un nombre falso por la familia de un policía, hasta que en el año 2000, durante el gobierno colorado de Jorge Batlle, se descubrió su verdadera identidad. En junio de 2002 Juan Gelman presentó una denuncia ante la Justicia uruguaya para que se investigaran los delitos de privación de libertad y homicidio de María Claudia García, sustracción de menor y supresión de estado civil de Macarena Gelman.

Tras varias contramarchas en la investigación, Gelman y su nieta Macarena llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un fallo histórico para Uruguay, en marzo de 2011 la Corte condenó al Estado por su responsabilidad en la desaparición forzada de María Claudia García y la posterior ausencia de investigación y juzgamiento de los responsables. La sentencia ordenó al Estado “investigar y juzgar a los responsables”, y “reparar de manera simbólica y material” a Macarena Gelman.

La sentencia estableció además, que la llamada “ley de caducidad” es “incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”, “carece de efectos jurídicos” y “no puede seguir representando un obstáculo para la investigación e identificación de los responsables del caso, así como de otros casos de graves violaciones a los derechos humanos”.

Tras el fallo, la investigación tomó un nuevo impulso, y en octubre de ese año el fiscal Cancela pidió el procesamiento con prisión de Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira y Medina, por el delito de “desaparición forzada” o en su defecto, “homicidio especialmente agravado” en calidad de coautores.

El juez Pedro Salazar no compartió la tipificación de desaparición forzada, bajo el argumento de que ese delito fue creado en 2006 (ley 18.026), en forma posterior al delito cometido contra García. Por tanto, si se le aplicara a los imputados, “lo sería en forma retroactiva, lo que no es posible” por el principio de irretroactividad de la ley penal cuando es perjudicial para el justiciable, explicó Salazar en el auto de procesamiento.

Coincidió con el fiscal en que se trató de “un caso de homicidio muy especialmente agravado, por haberse perpetrado inmediatamente después de haberse cometido otro delito (privación de libertad de García), ya sea para ocultar el mismo, para suprimir sus indicios o prueba, para procurarse por parte de los agentes de la conducta la impunidad o procurársela a alguno de los delincuentes”.

“En el contexto en el que se produjo la desaparición de María Claudia García de Gelman en el año 1976, se puede concluir de acuerdo a la certeza razonada, de que fue ejecutada por quienes ilegítimamente la secuestraron y le privaron su libertad. Los agentes estatales involucrados para procurar asegurarse la impunidad, procedieron a ocultar el cadáver. Al ser en este momento un hecho notorio, no es necesario para probar su muerte, tener sus restos”, estableció el juez.

Salazar los procesó en calidad de coautores, porque “contribuyeron al fin común” realizando “actos ejecutivos del ilícito, o en otros casos mediante una participación parcial, pero no por eso deja de ser fundamental, dado que se reparten las tareas que tienden a la realización” del delito.

El fiscal también pidió el procesamiento del militar retirado Luis Maurente y el ex policía José Sande Lima, pero el juez no hizo lugar al pedido.