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Los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ordenaron elaborar un diagnóstico sobre el rol de las empresas privadas en crímenes de lesa humanidad ocurridos en las últimas dictaduras de la región. La iniciativa forma parte del programa de trabajo de los ministerios del bloque para 2023-2024 y se espera que esté concluida dentro de un año. Se decidió el pasado 20 de octubre en Montevideo, durante una reunión encabezada por Juan Gómez, fiscal de Corte y procurador general de la Nación.
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Allí se discutió sobre la cooperación internacional, la investigación y el seguimiento en temas de lesa humanidad, un punto del que se encarga una subcomisión específica que depende de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur. “En lo atinente al eje de responsabilidad empresarial, para profundizar el estado de la cuestión, independientemente de la intervención a cargo de los ministerios públicos de cada país, se solicitó a la subcomisión que informe si han existido comisiones por la verdad, procesos o investigaciones de esclarecimiento de la verdad llevados a cabo por órganos no judiciales, así como procesos a través de los cuales se haya buscado alguna forma de reparación de hechos donde se hayan abordado casos de responsabilidad empresarial en contexto de crímenes internacionales, y el estado alcanzado”, afirma el acta del encuentro al que accedió Búsqueda.
Además de Gómez, de la reunión participaron por Uruguay Gabriela Aguirre, directora del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación, y Ricardo Lackner, fiscal letrado de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2o turno. También estuvieron presentes Eduardo Casal, procurador general de la Nación de Argentina; Pétalia Timo Rodrigues, asesora jefe de Relaciones Internacionales de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, y Sandra Quiñonez, fiscal general del Estado de Paraguay.
Copartícipes
En 2015 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina presentó una investigación sobre la implicación de empresas argentinas y multinacionales en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en ese país de 1976 a 1983. Se enfoca especialmente en la represión a trabajadores durante el gobierno de facto. “Es un estudio de investigación sobre la responsabilidad que tuvo un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos. Este análisis se hace a partir del examen de un arco de prácticas empresariales de represión a los trabajadores en empresas de distintas regiones del país”, afirma una introducción al libro publicada en la web del Sistema Argentino de Información Jurídica, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La investigación presenta evidencia sobre determinados casos para afirmar que, por un lado, existieron directivas del Ejército sobre ciertas compañías y, por otro, que desde algunas empresas se entregó información a las Fuerzas Armadas, se aportaron recursos logísticos y materiales y se permitió la instalación de centros clandestinos de detención en sus predios. “Estas prácticas, tanto por sus características propias, como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado —al vincularse con los hechos que tuvieron como víctimas a los trabajadores— se configuran así, como delitos de lesa humanidad”, concluye.
En 2016 la publicación fue presentada en el Parlamento de Uruguay en una conferencia de prensa de la que participó, entre otros, el entonces diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo. Durante su alocución, Puig dijo que a partir del golpe de Estado de 1973 en Uruguay las grandes cámaras empresariales y sus dirigentes “hacían cola para saludar a los militares de la dictadura, porque ese proceso militar de ajuste, de hacer pagar al pueblo trabajador las consecuencias de la crisis internacional, los iba a liberar de la dictadura sindical a la que estaban sometidos”. Añadió que durante la dictadura hubo “una clarísima participación de las cámaras empresariales y de los grupos económicos” que “fueron copartícipes del proceso y recibieron sus frutos”.
Durante la actividad se debatió el caso de Humberto Pascaretta, militante del Partido Comunista uruguayo y empleado de la fábrica de papel CICSSA. Pascaretta fue detenido y luego asesinado en 1977 en dependencias del Ejército Nacional. La jueza Beatriz Larrieu investigó su muerte y el rol de los ejecutivos de CICSSA, entre otras cosas la denuncia al gobierno de facto de un sabotaje en la producción de bolsas de portland y la autorización para que dos militares se infiltren dentro de la fábrica con el objetivo de identificar y observar a los presuntos saboteadores y otros empleados. “No fue un hecho aislado. Fue una política sistemática de las patronales de denuncias de militantes sindicales”, sostuvo Puig.
