Fiscales proponen revisar la legislación ante el “enorme dolor de cabeza” de las “filtraciones” en investigaciones en curso

En etapa preliminar, a la carpeta investigativa tienen acceso los fiscales, los imputados, las víctimas y los defensores de ambos. No pueden acceder a ella los jueces ni personas ajenas al caso. La intención de esas disposiciones es dar garantías a la defensa de los involucrados en un juicio y aportar transparencia sobre el trabajo que realizan quienes dirigen las indagatorias.

En su opinión, estos episodios son un “enorme dolor de cabeza” para los fiscales porque repercuten en la proyección que puedan tener las líneas de investigación que se encuentran en curso. Si los involucrados se enteran de antemano del camino por el que avanza el fiscal, pueden eliminar pruebas: deshacerse de un arma, borrar conversaciones, prepararse para el interrogatorio y desvirtuar la investigación. Esto, añadió, afecta la “eficacia del estado de esclarecimiento” de eventuales delitos cometidos.

Por otro lado, Rosa dijo que cuando la información toma estado público comienza a darse un “juicio paralelo” al de la Justicia. Por más que algunas conductas puedan ser cuestionadas, para que sean “reprochadas penalmente” se necesitan evidencias. Las filtraciones, añadió, pueden provocar que se condene socialmente a personas por hechos que luego se determina que no sucedieron o no resultaron probados, por lo que debería primar el principio de inocencia.

Alejandro Astesiano durante la audiencia en el juzgado de Juan Carlos Gomez en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Cambios

Las filtraciones son más frecuentes en asuntos vinculados a delitos complejos: como lavado de activos, corrupción, narcotráfico y homicidios.

En diálogo con Búsqueda, Fossati consideró que —a pesar de que es una tarea que le compete al Poder Legislativo— se debería rediseñar la normativa y dar un “tiempo prudencial” a los equipos fiscales para que analicen la información y puedan pedir su reserva. El Código del Proceso Penal, en el artículo 259, establece que los fiscales pueden pedir que determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva de los imputados, sus abogados y otros intervinientes, para asegurar la eficacia de la investigación. Pero para eso deben “identificar las piezas o actuaciones” a las que refieren y se podrá fijar un plazo de hasta 40 días para el mantenimiento de la reserva, con la autorización previa de un juez. Este plazo puede ser prorrogado con autorización judicial mediante una “petición fundada” del Ministerio Público, por un plazo máximo de seis meses. Cumplir con esos requisitos en casos como el de Astesiano, con mucha información por analizar, no es sencillo.

“Era demasiada la información y, cuando los auxiliares nos procesaron el contenido de los chats de Astesiano, ya había formalizados y las defensas ya habían extraído todo”, contó Fossati. Y luego añadió: “Están los tiempos constitucionales y los auxiliares no han podido analizar todo. Si no analizamos la información, ¿cómo podemos fundamentar la reserva?”.

En su opinión, se debería reevaluar la normativa y considerar otras condiciones para casos excepcionales, como un mayor plazo.

También planteó instalar un sistema de trazabilidad en la documentación que permita diferenciar la información que se aporta a las defensas de los imputados o de las víctimas con una marca específica. Eso permitiría individualizar filtraciones en caso de que ocurran. El planteo de Fossati es compartido por Rosa, el fiscal de Homicidios de 1er turno Carlos Negro y el fiscal de Flagrancia de 13er turno Rodrigo Morosoli. Existe evidencia física o documentos impresos que no entrarían en este sistema de trazabilidad propuesto.

Negro y Rosa indicaron que aun incorporando una herramienta como esa habría que resolver dificultades posteriores. Una de ellas es que, aunque se identifique una filtración, la normativa actual no permite sancionar a abogados o terceras personas si es que son las responsables.

El CPP establece que “los funcionarios que hayan participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones estarán obligados a guardar secreto”. Sin embargo, no hay establecida una pena. Negro explicó que si se comprueba que un funcionario, como un fiscal o un juez, filtra información de la investigación preliminar, incurre en un delito de revelación de secreto, pero esto no es aplicable para abogados particulares. Por esa razón, coincide con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales en que se debería incorporar una sanción para que estén “expuestos a las mismas consecuencias”.

El fiscal de Homicidios sugirió que se podría crear un delito en el Código Penal en el caso de infringir la reserva del contenido de la investigación preliminar. “Serían más cuidadosos, ahora no pasa nada porque no tienen responsabilidad penal”, dijo Negro.

Para Rosa ese podría ser uno de los mecanismos a incorporar para “impermeabilizar las indagatorias”. También le preocupa la percepción de la ciudadanía sobre el funcionamiento y la confianza en el sistema de justicia. Advirtió que “teme” que al haber filtraciones las personas duden en denunciar o declarar como testigos por el miedo a que su anonimato pueda ser vulnerado.

Morosoli, que dice haber sufrido filtraciones parciales en varios casos en los que intervino, no cree que el “extremo punitivo” de crear un delito elimine el problema. Propuso en cambio “abrir el debate” sobre la posibilidad de una “colegiatura obligatoria” que regule el trabajo de los defensores y les permita incorporar normas éticas de autocontrol profesional.

Frente a lo sucedido, para evitar futuras filtraciones y “resguardar” la información que siga surgiendo de las diligencias del caso Astesiano, Fossati resolvió dividir la carpeta investigativa en tres, para reducir las personas que tienen acceso a cada una y poder detectar dónde surgen. Las tres están vinculadas a los chats de Astesiano, pero tratan sobre temas distintos: una, la falsificación de pasaportes, otra carpeta contiene las conversaciones con autoridades, sobre todo del Ministerio del Interior, y una tercera, la denuncia de espionaje a los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara. La fiscal aseguró que no descarta abrir una cuarta carpeta investigativa y así abrir otra línea de investigación.