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El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió a la jueza Beatriz Larrieu el archivo de la denuncia contra el senador Leonardo de León por sus gastos con la tarjeta corporativa cuando ocupaba la presidencia de la empresa subsidiaria de Ancap, Alcoholes del Uruguay (Alur), entre 2011 y 2015.
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En su dictamen, Pacheco afirmó que De León administró dineros públicos de manera “despreocupada” y que hizo un uso “discrecional” y “claramente indebido” de la tarjeta sin rendir cuentas. A pesar de ello, por la “relativamente escasa entidad de tales gastos”, por no incumplir ninguna norma dado que Alur no tenía un reglamento en la materia, y porque a efectos penales el presidente de Alur no es considerado un empleado público, el fiscal rechazó solicitar su procesamiento como había hecho con el ex vicepresidente Raúl Sendic hace algunas semanas.
El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que presentó la denuncia contra De León, dijo a El País que la solicitud de archivar la causa es “increíble” y “preocupante”, y que “contribuye al aumento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones”.
En el dictamen del 19 de marzo, en el que pidió el procesamiento sin prisión de Sendic y otros ocho jerarcas de Ancap, Pacheco dijo que esperaría al pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre De León para expedirse.
En su informe, la Jutep indicó que De León utilizó la tarjeta corporativa en viajes que “la empresa no informa como realizados en el ejercicio de sus funciones”, y que además su uso fue “en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos”. La junta anticorrupción calculó asimismo que De León usó la tarjeta en 151 ocasiones.
Pacheco tomó nota del dictamen de la Jutep, pero puntualizó que el hoy senador “ha acreditado el motivo de la mayoría de los viajes denunciados” y que los gastos fueron “en rubros que pueden ser considerados usuales en los viajes de negocios”, con la excepción de “la compra de un celular, situación que fue debidamente explicada”. El fiscal apuntó a “la ausencia de reglamentación para el uso de las tarjetas” como el mayor problema, y responsabilizó por ello a De León, que, como presidente de Alur, “pudo y debió promover la aprobación de un reglamento” para su correcta utilización.
A pesar de exonerarlo de las acusaciones, la Fiscalía dejó constancia de “algunas situaciones puntuales” sobre las cuales De León dio explicaciones “insuficientes”, tales como su hospedaje en el hotel Santa Cristina de Durazno durante una actividad de una fundación vinculada a su grupo político y gastos en el Hotel Alvear de Buenos Aires donde “casualmente” se lanzaba la fórmula presidencial Vázquez-Sendic.
Sin embargo, De León no quedó totalmente exonerado dado que Pacheco lo volvió a citar por sus presuntos contactos con el español Daniel Mercado, que reconoció haber lavado dinero para autoridades del Partido Popular de España, revelados en marzo por el programa Así nos va de Radio Carve.
Por último, el fiscal Pacheco solicitó que también se archiven las acusaciones contra el exdirector de Ancap en representación del Partido Colorado, Juan Máspoli, porque pudo probar que votó en contra del acuerdo con Exor (por el que fueron procesados los restantes directores del ente público en marzo), pero que por error se había registrado en actas que el acuerdo había sido aprobado por unanimidad.