Cerrada la investigación penal, el asunto ahora puede implicar investigaciones administrativas. Porque según el constructor denunciado, Rafael Pereyra, la fiscal inició una persecución penal de los hechos debido a que tiene un vínculo laboral con la damnificada, que es jueza en el departamento. De hecho, el abogado de Pereyra, el defensor de oficio Joaquín Gamba, pidió a la fiscal que se aparte de la investigación por su cercanía con la magistrada, pero la Fiscalía General rechazó el planteo.
Ahora, con el fallo de segunda instancia a su favor, el constructor prevé denunciar a la fiscal porque entiende que actuó motivada por su vínculo con la jueza. Además, decidió denunciar ante la Suprema Corte de Justicia a la magistrada que lo acusó de estafa, Carla Gómez, por los “abusos y mentiras” que cometió en su caso. Entre ellos, asegura que la jueza amenazó que lo enviaría preso debido al diferendo y que se quedaría con sus propiedades. En el escrito que presentará ante la Corte cuando se reanude la actividad judicial —al que accedió Búsqueda— también denuncia que la magistrada fue a su domicilio y amenazó a su esposa aduciendo su poder como jueza penal.
De acuerdo a la versión del constructor, la demora en la conclusión de las obras se debió a que tuvo que trasladarse al sur del país a trabajar en otro proyecto y luego enfrentó problemas de salud. En la Justicia y en diálogo con Búsqueda, aseguró que nunca dejó de contactarse con la magistrada. También afirmó que las casas estaban casi finalizadas y que a partir de la denuncia le quitaron las llaves, por lo cual ya no pudo terminar el trabajo.
La magistrada lo acusó de apropiarse de su dinero y de estafarla, y afirmó en la causa que de Pereyra solo recibía “evasivas”.
La situación derivó en que el esposo de la jueza presentara una denuncia por estafa en la Fiscalía de Tacuarembó.
Pereyra ya tenía en su contra otra denuncia, presentada un año antes, por una persona que también afirmó que no terminó las obras que le había encargado. En ese caso se había firmado una rescisión del contrato y se había acordado que Pereyra devolvería el dinero equivalente a lo que faltaba para terminar la obra (unos US$ 6.000), aunque tuvo demoras en el pago y eso motivó la denuncia.
Según el abogado Gamba —hoy presidente de la Asociación de Defensores de Oficio—, era problemático que la fiscal Claudia Lete llevara el caso por el “vínculo de amistad y de trabajo” que la une a la jueza, por lo que pidió que se apartara para “preservar el abordaje objetivo del proceso”.
La Fiscalía General fundó su negativa en que, según Lete, los denunciantes no eran “conocidos” por ella o su equipo. Añadió la fiscal que si bien era “de su conocimiento que uno de los denunciantes es esposo” de la jueza Gómez, “el vínculo con esta se circunscribe al ámbito laboral, no existiendo afecto”.
El abogado de oficio señaló que en otro caso, en el que fue denunciada la jueza de Paz Departamental de Tacuarembó, la fiscal Lete solicitó abstenerse de intervenir porque compartía con ella un “vínculo laboral muy estrecho”. Según planteó Gamba ante el tribunal, la fiscal “debió actuar de la misma forma con quien mantiene un vínculo laboral aún más estrecho”.
“Vendía una imagen de empresa seria”
En noviembre de 2019, la fiscal pidió formalizar a Pereyra por dos delitos de estafa en reiteración real. Tras varias demoras para concretar la audiencia —debido a suspensiones, incidentes de recusación y nulidad y la abstención del juez por su vínculo con Gómez—, finalmente en noviembre de 2020 la magistrada Andrea Aita hizo lugar al pedido de la Fiscalía.
Durante la audiencia, en la que estuvo presente la jueza Gómez como víctima, la defensa inquirió a la Fiscalía por qué acusaba al constructor de estafa cuando no había habido estratagemas ni engaños que justifiquen imputar ese delito.
“La estratagema está en el hecho de que el señor vendía una imagen de empresa seria”, argumentó la fiscal, y señaló que “abundan los casos de empresas que son truchas”, de acuerdo al audio de la audiencia. Dijo además que Pereyra utilizó “engaños que indujeron a dos personas a contratarlo y finalmente no cumplió con nada de lo pactado”.
La defensa replicó que era evidente “la falta de tipicidad que existe en relación a la figura de la estafa”. En la apelación ante el tribunal, el abogado insistió en que en ninguno de los casos había elementos para acusar a su defendido de ese delito. “Con el criterio de Fiscalía, bastaría cualquier incumplimiento contractual para ser pasible de tipificarle un delito de estafa”, cuestionó.
Señaló a su vez que Pereyra tiene una empresa constituida en el Banco de Previsión Social que se dedica a la construcción, por lo cual “no hay ni estratagema ni inducción a error”, sino, en todo caso, “incumplimiento” de contrato. “Realmente resulta absurda la imputación realizada a mi defendido”, cerró.
Por otra parte, señaló como “llamativo” que la presunta damnificada, Gómez, “no solo no haya comparecido nunca a la Fiscalía, ni siquiera a hacer la denuncia, tampoco en las instancias judiciales posteriores y no se comunicó con el imputado para poder llegar a un acuerdo”.
Finalmente, Gamba señaló que a su juicio “la Fiscalía no actuó bajo el principio de objetividad”.
La Fiscalía, por su parte, sostuvo que “el imputado a lo largo del tiempo se ha comprometido a realizar obras, pero luego de recibir importantes sumas de dinero termina por no concretar”, y que se trata de una “maniobra” que ha realizado “en varios puntos del país”, ya que tiene una denuncia por una situación similar en Colonia. “No cabe duda de que existió un incumplimiento contractual, pero ello no obsta al ejercicio de la pretensión penal”, afirmó.
El Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno, por unanimidad, le dio la razón a la defensa y revocó la formalización. Según los ministros Luis Charles, Ángel Cal y Gabriela Merialdo, la “formalización de la investigación dispuesta no es ajustada a derecho”.
“Es cierto que la acción civil no excluye la penal. No obstante, para que hechos relevantes en la materia civil lo sean también en la materia penal, al punto de constituir delitos, se requieren aspectos que en el caso no se configuran”, indicaron. Se trata de dos casos de “incumplimiento de contratos de arrendamientos de obras” que tienen como “denominador común que el imputado no cumplió en plazo con las obligaciones asumidas”. Sin embargo, “no existieron estratagemas o engaños artificiosos”.
“Se trata en definitiva de cuestiones que exorbitan la materia penal, por no constituir delito”, concluyó la sala.
“Me siento perseguido”
En el escrito que presentará ante la Corte, Pereyra denuncia que la magistrada fue a su casa a buscarlo y, ante su ausencia, amenazó a su pareja. “Tu marido me robó, es un estafador, desapareció sin aviso”, narra que le dijo la jueza. “‘Si no vuelve en 48 horas a terminar los trabajos, lo mando a lo penal y lo meto preso’, esas fueron sus palabras”, relata Pereyra. También asegura que le reclamó que le devuelva el dinero o de lo contrario se quedaría con “la casa y el auto”. También denuncia que la jueza intentó llevarse la matrícula del vehículo de su pareja y que ante el reclamo de esta sobre la ilegalidad de lo que ocurría, desistió.
Las presuntas amenazas de la magistrada fueron relatadas por Pereyra en la Fiscalía, pero los hechos no fueron investigados, según confirmó el abogado Gamba a Búsqueda. El defensor añadió que a su juicio hay varios puntos que resultan “llamativos” del caso, como, por ejemplo, que la Fiscalía dispusiera una orden de detención contra el imputado sin intervención de un juez (cuando no se trataba de un caso de flagrancia), lo que considera “claramente ilegal”. O, del mismo modo, que dispusiera quitarle las llaves de la obra cuando se trata de una medida cautelar que también requeriría de orden judicial.
“A causa de esto ya hace más de un año que perdí todos los trabajos agendados, recibí difamaciones y no pude trabajar más”, relata Pereyra en el escrito, que cuenta también los problemas de salud que debió enfrentar a raíz de la situación. “Me siento perseguido”, afirma.