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“Están locos si se meten en ese tema”. Eso escuchaban una y otra vez el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos cuando a fines de 2013 se pusieron a investigar una denuncia presentada por varios clubes de fútbol y la Mutual de jugadores contra el ex dirigente, Eugenio Figueredo.
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Hoy, pasando raya, el fiscal Gómez se siente “tranquilo de haber cumplido con su deber”. Es que el pasado viernes 5, antes de dejar la Fiscalía de Crimen Organizado para pasar a una penal, logró concretar un acuerdo con Figueredo por el cual el Estado logrará recuperar bienes valuados en más de US$ 10 millones.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a Búsqueda que “la Fiscalía va a reclamar una parte importante de esos bienes para el cumplimiento de sus cometidos”. La ley establece que esos bienes van al Fondo de Bienes Decomisados que administra la Junta Nacional de Drogas. Pero Díaz cree que su oficina tiene sobrados argumentos para requerir al menos la mitad de ese dinero.
“Primero, porque entendemos que deberíamos ser los destinatarios naturales de esos bienes decomisados, y segundo porque la Fiscalía ha cumplido un rol activo, tanto en obtener la extradición de Figueredo, en su procesamiento y ni que hablar en la identificación y decomiso de sus bienes. Por tanto entendemos que somos un actor fundamental y privilegiado de todo este proceso, y pensamos que deberíamos ser beneficiados por parte de esa confiscación”, afirmó.
La Fiscalía no es la única interesada en el botín. Días atrás la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dijo que le pedirá al gobierno que parte del dinero de Figueredo sea destinado a solucionar problemas de seguridad en el fútbol local, según informó el domingo 7 el diario “El País”.
“Alivio”.
Figueredo, ex dirigente de la AUF, de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la FIFA, aceptó identificar varios bienes adquiridos con dinero de origen ilícito, que se sumaron a los que ya habían sido detectados y embargados por la Justicia. Además de “entregar” sus bienes, Figueredo aportó información para identificar a otros involucrados en las maniobras ilícitas, por las cuales fue procesado con prisión por estafa y lavado de activos el jueves 24 de diciembre de 2015.
A cambio, Figueredo obtuvo una reducción en su pena. La defensa de Figueredo aspiraba también a conseguir la prisión domiciliaria, pero ese beneficio no fue parte del acuerdo. Es que por su edad avanzada, puede solicitarlo por otras vías. Por el momento continúa detenido en Cárcel Central.
“El acuerdo está pendiente de que se confirme que la información que aportó Figueredo es veraz”, explicó Gómez a Búsqueda, e indicó que ahora se está en proceso de verificar los datos. “El acuerdo podría caer si no dijo la verdad, o si se descubren bienes que él no reportó”, añadió.
Según comentaron a Búsqueda fuentes cercanas al caso, Figueredo dijo que sintió “alivio” al concretar el acuerdo con la Justicia. “Para él fue una forma de redimirse y reparar el mal que hizo al devolver gran parte de los bienes que obtuvo. Si es veraz lo que informó, a él no le quedó nada”, precisó una fuente.
En caso de obtener la prisión domiciliaria, Figueredo podrá disponer de un inmueble en Montevideo que está a nombre de su esposa, María del Carmen Burgos, informaron las fuentes. Ella fue citada a declarar pero no se le imputó ningún delito, por lo cual pudo conservar el bien.
“Inédito”.
El valor millonario de los activos recuperados hacen del acuerdo algo “inédito” en Uruguay. “Con este solo caso se superó lo que se ha recuperado en años”, afirmó el fiscal Gómez.
Destacó que la Justicia suiza —que tenía detenido a Figueredo desde mayo de 2015 y que aceptó extraditarlo a Uruguay a pesar de que lo reclamaban desde Estados Unidos— confiara en la Justicia local. “Pese a las ausencias de recursos del propio sistema se pudo lograr algo muy positivo”, y demostrar la “seriedad” de la Justicia uruguaya, añadió.
También subrayó la colaboración de un equipo multidisciplinario de “extraordinaria solvencia”, con la participación clave de la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos, entre otros. “No hubiéramos firmado el acuerdo si no se hubiera contado con el aval del equipo”, aseguró Gómez.
Por otra parte, el fiscal señaló que también fueron beneficiados los clubes de fútbol de Uruguay y de toda América Latina, porque ahora se adecuaron al alza los montos que reciben por su participación en los torneos.
“Y todo está vinculado con la denuncia que se presentó acá en Uruguay y con el hecho de que la Fiscalía y el Juzgado investigaron. ‘Están locos’, nos decían al principio. Ahora, viendo los resultados, los clubes se beneficiaron, se logró aclarar toda una red de corrupción que producía un profundo daño al fútbol latinoamericano y se recuperaron bienes millonarios para el Estado uruguayo”, evaluó. “No puedo, al menos, no sentirme tranquilo con lo realizado”.
