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    martes 11 de junio de 2024

    Fiscalía realiza relevamiento sobre reclusos que el INR no traslada a juzgados por falta de recursos

    Magistrados señalan que hay audiencias que se deben suspender y reprogramar debido a las dificultades

    Diez de marzo de 2022. Dos presos en Domingo Arena no declararon sobre su involucramiento en el Plan Cóndor porque el Ministerio del Interior no contaba con vehículos para su transporte.

    Dieciséis de junio de 2022. La Justicia tuvo que suspender y postergar por tercera vez la audiencia para condenar al responsable de prender fuego a Andrés Bargas por falta de transporte para trasladar al hombre a la sede penal, que se encontraba preso en el Penal de Libertad e iba a ser acusado de tentativa de homicidio. Veintinueve de junio de 2022. Otra vez. La Justicia suspendió y pospuso una nueva audiencia penal por falta de vehículos para trasladar al imputado de asesinar y descuartizar a dos mujeres en Santiago Vázquez. Esos son algunos de los casos que se registraron este año y cuyos detalles trascendieron en la prensa.

    La dificultad para el traslado de personas privadas de libertad a Fiscalía o juzgados no es nueva. Pero ahora la Fiscalía General de la Nación comenzó un relevamiento para obtener un diagnóstico de la problemática y tener un dominio de la situación. Es así que pidió a todas las fiscalías del país que aporten datos sobre los inconvenientes que han tenido al respecto, según confirmó a Búsqueda el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez. La solicitud se hizo en el marco de un pedido de informes realizado por la legisladora del Frente Amplio Dayana Pérez.

    El problema radica en la falta de recursos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que es quien tiene la custodia de los privados de libertad y se encarga de realizar los traslados. Según indicó Gómez, las dos “fuentes principales” de traslados que se requieren son para renovar medidas cautelares o para los juicios.

    Los jueces son quienes ordenan el traslado de los privados de libertad, a pedido de los fiscales. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Leonardo Méndez, señaló a Búsqueda que, si bien no hay un planteo formal, a nivel del gremio hay “inquietud” a pesar de que “es una problemática de larga data”, porque “afecta la administración de la Justicia de forma directa” y “la calidad de la prestación del servicio en cuanto a la celeridad”.

    “La Justicia se cumple siempre, pero se altera el cumplimiento de los tiempos”, afirmó.

    Méndez relató que la falta de recursos genera un “trastorno” en el proceso, porque deben reprogramarse fechas de audiencias, con la presencia de los acusados y también de testigos. En ese sentido, consideró que a nivel judicial se toman los “máximos recaudos” para que se realicen “lo más pronto posible”, pero que de todas formas se registran demoras.

    El titular de AMU indicó que aunque “hay buena voluntad”, el Ministerio del Interior “a veces avisa el mismo día que no puede llevar a la persona privada de libertad y eso genera un trastorno de testigos, abogados. Es todo un problema”, aseguró.

    En algunos casos en los que se ve imposibilitado el traslado a la sede penal de un privado de libertad, las audiencias se celebran por videoconferencia como alternativa, una herramienta que comenzó a utilizarse al inicio de la pandemia del Covid-19 tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento se hizo por cuestiones sanitarias. Sin embargo, no todos los centros de reclusión tienen salas adecuadas y hay otros casos en los cuales una de las partes se opone a realizar la instancia vía Zoom, lo que inhabilita a que sean de esa forma, conforme a la normativa vigente.

    El fiscal de Corte subrogante señaló que desde hace al menos un mes la Jefatura de Policía de Montevideo se ofreció a cooperar en el traslado de reclusos cuando el INR no cuenta con los vehículos para hacerlo, y que en situaciones “realmente necesarias” se realiza esa coordinación. “Por no tener un vehículo disponible no van a dejar que una persona que tiene que cumplir una medida cautelar quede libre”, afirmó.

    Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, indicó que les llegó a todas las fiscalías la solicitud de informar sobre los inconvenientes que han tenido al respecto de esta problemática, entre el 2020 y el 2021. Según relató, si bien no hubo hasta el momento un análisis formal del gremio, reconoció que informalmente los fiscales han planteado el problema de los traslados, que lleva a que muchas audiencias no se puedan realizar o haya que hacerlas por videoconferencia porque no se concretan los traslados de los reclusos.

    Información Nacional
    2022-10-06T00:10:00