La dueña de una whiskería en Guichón (Paysandú) fue formalizada semanas atrás por el presunto delito de trata de personas, luego de que en el marco de una investigación sobre venta de drogas la Policía encontrara en su local a ocho mujeres extranjeras —provenientes de Cuba, Venezuela y República Dominicana— y sospechara que estaban siendo explotadas sexualmente. En abril, un estadounidense, un argentino y un uruguayo fueron formalizados por presuntamente liderar una organización de trata en Maldonado que había captado a dos mujeres brasileñas.
Ese tipo de noticias, sin embargo, no son frecuentes. A pesar de que la Justicia, la Policía y las organizaciones sociales identifican a Uruguay como un lugar de tránsito, origen y destino de redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual, son pocos los casos en los que responsables son identificados y juzgados.
El magro desempeño uruguayo en ese ámbito no ha pasado desapercibido. Tanto legisladoras como jerarcas del gobierno, activistas y operadores de la Justicia han expresado preocupación por el tema y también lo hizo la comunidad internacional. La oficina de combate y monitoreo al tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe sobre Uruguay de 2019 que el país “no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, “no tuvo servicios adecuados para las víctimas” y los “funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática”. Además, subrayó que “los intentos de enjuiciar y condenar a los presuntos tratantes fueron insuficientes”.
La inquietud sobre la debilidad de la respuesta estatal al problema de la trata provocó incluso que en los últimos meses distintos organismos cruzaran acusaciones entre sí.
Es que mientras en la Fiscalía consideran que el bajo número de investigaciones se debe a que hay muy pocas denuncias, y cuestionan a las ONG que trabajan en el apoyo de las víctimas por no llevar los casos a la Justicia, desde la sociedad civil replican que su prioridad está puesta en la protección de las mujeres y critican la falta de acciones proactivas por parte de fiscales y policías para detectar a los responsables.
Las discrepancias fueron discutidas en el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, un ámbito creado por la Ley Nº 19.643 de 2018 para coordinar las acciones del Estado en el tema e integrado por varios organismos y ministerios que se reúnen de forma periódica cada varios meses (el año pasado hubo al menos dos reuniones y este año una).
Los reproches de la Fiscalía estuvieron dirigidos en particular a la ONG El Paso, que trabaja junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) brindando diversos servicios de apoyo a las víctimas. En más de una oportunidad, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, planteó en ese ámbito su malestar con el hecho de que la ONG diga públicamente que trabaja con centenas de víctimas de trata cuando las denuncias ante la Justicia apenas llegan a los dos dígitos, según contaron a Búsqueda fuentes del gobierno y de la Fiscalía.
Tras la repercusión mediática que tuvo la Operación Océano, que derivó en la formalización de una veintena de empresarios y profesionales por explotación sexual de menores de edad, los reproches por la ausencia de denuncias cobraron más intensidad, narraron las fuentes. El caso evidenció que el fenómeno es mucho más grande de lo que muestran los esporádicos procedimientos policiales y desde la Fiscalía entienden que ocurre algo similar a las situaciones de trata: no se acude a la Justicia.
En una conferencia de prensa realizada semanas atrás, Díaz fue consultado sobre si existía un “subregistro” de ese tipo de delitos en el país. “Siempre en todo tipo de delitos hay una cifra negra de delitos que no se denuncian, que no llegan a conocimiento de las autoridades”, respondió, y añadió: “Lo que sí hemos tenido diferencias con algunas organizaciones sociales respecto al número y la calificación jurídica de algunos hechos”.
“No podemos decir que tenemos 600 casos de trata, porque no hay 600 casos”, siguió Díaz. “Porque para que haya un caso de trata debe haber una investigación que lleve adelante la Fiscalía. Y si hay alguien del Estado que tiene conocimiento de un caso de trata no lo denuncia está cometiendo un delito. Por tanto, si un funcionario público tiene conocimiento dentro de la órbita de su repartición, tiene que denunciarlo. No salir a decir ‘tengo 500 o 600 casos’”.
El fiscal se refería a El Paso, la principal ONG que trabaja en el tema en Uruguay. Según lo que ha expresado en distintos ámbitos, Díaz considera que, al trabajar en convenio con el Estado brindando servicios de forma tercerizada, le cabe la misma responsabilidad que a los funcionarios públicos de denunciar los casos.
La directora de El Paso, Andrea Tuana, tiene otra visión del asunto. “Me preocupa que la Fiscalía genere una suerte de tensión entre las ONG y el sistema de Justicia, porque no es la realidad”, afirmó al ser consultada por Búsqueda.
Dijo que Díaz ha planteado varias veces su posición y que han “conversado en más de una oportunidad” sobre el tema. Pero afirmó que la organización considera que “las víctimas tienen derecho a decidir” si quieren denunciar y que la persecución de las redes de trata no puede ser “a costa de la seguridad de la víctima”.
Tuana sostuvo que no es cierto que busquen convencer a las mujeres de que no denuncien porque sus “vidas corren peligro” si lo hacen. “No es así. Hacemos un acompañamiento respetuoso. Les damos toda la información. Pero no le podemos garantizar nada. No podemos asegurarles que no van a ser víctimas de represalias, de amenazas”.
“Acá en lo que hay que trabajar es en cómo le garantizamos a las víctimas una protección de verdad”, sostuvo, y agregó que en la Justicia no siempre “están bien asesoradas sobre los riesgos que van a correr”.
Por otra parte, la trabajadora social cuestionó la falta de “investigaciones proactivas” por parte de la Policía y la Fiscalía. “Nos dicen que sin la denuncia de la víctima no tienen un caso. Pero pueden hacer investigaciones de oficio, salir a buscar a estas redes. No somos nosotros el problema. Es un tema de la Fiscalía. Eso es lo que le decimos al sistema de Justicia cuando nos hacen estos planteos”, afirmó.
La directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) del Mides, Mónica Bottero, que interviene en el tema de la trata y trabaja junto con El Paso, dijo a Búsqueda que “el fenómeno está subdenunciado, primero, por temor, porque del otro lado está el crimen organizado”. “Como Estado tenemos que ponernos a buscar estrategias para prevenir estas cosas”, afirmó. Inmujeres tiene servicios para atender a víctimas de trata en Montevideo y en Río Branco (Cerro Largo), que son brindados en convenio con las ONG. Próximamente se abrirá otro centro en Salto, contó. Además, tiene un teléfono gratuito (0800 7272) para recibir denuncias.
Desde la Fiscalía no quisieron hacer declaraciones sobre el tema. Una fuente que habló con Búsqueda bajo la condición de anonimato dijo que la diferencia entre los casos que se anuncian en los medios de comunicación y los que se denuncian “rompe los ojos”.
“Estamos hablando de crímenes de trata y explotación, hay organizaciones criminales detrás. Si no las denuncian, van a seguir captando a otras víctimas. No tiene por qué quedar la víctima expuesta, pero necesitamos la información para iniciar la investigación”, reprochó. Además, dijo que la situación es la inversa a la que plantean las ONG, ya que si no se hace la denuncia no se pueden tomar medidas para proteger a las víctimas. “Es una falsa contradicción. Si no se judicializa, no podemos darles medidas de seguridad. ¿Cómo las protegemos si no está la justicia investigando, si no interviene el aparato del Estado?”.
La creación de una Unidad de Víctimas con el nuevo Código del Proceso Penal a fines de 2017 reforzó la capacidad de la Fiscalía de dar protección a las denunciantes. Con la unidad se mejoraron mecanismos como la preservación de la identidad, la declaración anticipada, el traslado de la víctima a otra zona del país, la custodia. De todas maneras, aunque afirman que los procedimientos han mejorado, en la Fiscalía reconocen que la resistencia a acudir a la Policía o a la Justicia está basada en la experiencia de décadas de malas prácticas, con denunciantes “revictimizadas”, desprotegidas y hasta responsabilizadas por los hechos. “Tener el prejuicio de que a la víctima no la van a cuidar tiene un fundamento. El tema es que tenemos que poder deconstruir eso”.
