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El barro de la campaña electoral salpicó a las calificadoras de riesgo por cruces de declaraciones entre asesores económicos de algunos candidatos presidenciales. Sin querer intervenir en la polémica, desde esas agencias dijeron a Búsqueda que el problema fiscal de Uruguay se mantiene dentro de un “rango de tolerancia”, lo que permite aguardar para saber más del plan de acción del próximo gobierno. Lo conocido hasta ahora los lleva a ser cautos, tanto respecto a lo que puede contribuir a la mejora de las cuentas públicas una eventual reactivación de la economía —la apuesta del Frente Amplio— como posibles recortes del gasto propuestos desde la oposición.
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El “principal riesgo” para la calificación de Uruguay es que el tamaño de su deuda en proporción del Producto Bruto Interno (PBI o PIB) continúa creciendo. Y eso plantea “desafíos en cualquier escenario electoral”, señaló Todd Martínez, de la agencia Fitch.
La evolución del endeudamiento está atada al nivel de déficit fiscal: el Estado uruguayo gasta más dinero del que ingresa, y la diferencia la financia pidiendo prestado a organismos o emitiendo títulos en los mercados. Tener una buena nota otorgada por las calificadoras permite hacerlo a un costo relativamente bajo, así como en condiciones de plazos, monedas y diversidad de inversores más ventajosos que los países calificados peor. Pero ese desequilibrio en las cuentas se amplió y actualmente supera en términos anuales los US$ 3.000 millones, equivalentes a 4,8% del PBI (sin considerar los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones” que dejaron las AFAP y volvieron a aportar solo al Banco de Previsión Social).
Lodo y riesgos
El lodo en la campaña se formó a partir de declaraciones de Azucena Arbeleche, a quien el presidenciable blanco Luis Lacalle Pou le dará la función de ministra de Economía si gana las elecciones.
En la radio FM Del Sol, la economista —que hasta la administración de José Mujica dirigió la oficina de deuda del Ministerio de Economía (MEF)— afirmó el jueves 3: “Aquí tenemos unas agencias calificadoras de riesgo que nos están mirando con lupa. Si nosotros no mostramos una mejora fiscal en el primer año (del próximo gobierno), vamos a tener un llamado de atención, una baja en la perspectiva o en la nota. (…) Uno de los comentarios del Frente, uno de ellos en lo personal, me han dicho (…): ‘Habla para que bajen la calificación de riesgo o quiere que le vaya mal al Uruguay. (…) Yo diría que es absolutamente lo contrario. Nosotros como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años y en particular, este año en las últimas reuniones lo que más hemos pedimos es: ‘No nos bajen la nota porque necesitamos tiempo’. Asumir un gobierno sin grado de inversión es otro escenario”.
“Sostener que las calificadoras otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide es francamente insostenible”, señaló pocas horas después desde Twitter Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y asesor del candidato por el oficialismo Daniel Martínez. Y escribió que Uruguay tiene buena nota porque genera “confianza”, cuenta con una “enorme solidez financiera”, así como perspectivas de “mayor crecimiento” económico.
La polémica siguió con la intervención de otros asesores, del ministro Ernesto Murro —en declaraciones que ayer miércoles 16 la Justicia ordenó bajar del portal de la Presidencia de la República, cuestionadas por su tinte electoral desde la oposición— y de los propios candidatos.
Las empresas calificadoras analizan la capacidad y voluntad de pago de los gobiernos, y emiten una opinión que se expresa a través de notas que revisan periódicamente; los inversores las toman en cuenta para tomar sus decisiones. En 2012 Uruguay volvió a tener calificaciones dentro de la escala que indican un bajo riesgo de incobrabilidad (grado inversor o investment grade); entre enero y agosto pasado cinco agencias ratificaron las notas y su perspectiva “estable”, salvo en el caso de Fitch, que desde mediados de 2018 es “negativa”.
Martínez, analista de esa calificadora, se excusó de referirse al contenido específico de las conversaciones que mantienen con jerarcas del gobierno o asesores de políticos uruguayos, pero comentó cómo ven el problema en las finanzas públicas.
“El tema fiscal es el factor clave detrás de la perspectiva ‘negativa’ en nuestra calificación ‘BBB—’. En junio mantuvimos la calificación a pesar del aumento del déficit porque si bien sigue superando las expectativas del gobierno, ha superado las nuestras en menor medida, y queda dentro de un rango de tolerancia para hacernos esperar para más claridad sobre el plan fiscal” de la próxima administración, señaló.
Según él, el “principal riesgo para el grado inversor de Uruguay es que la deuda/PIB siga en su trayectoria empinada actual. Proyectamos que saltará a 65% este año, desde 60% en 2018, y aún más considerando que estamos consolidando las tenencias del fideicomiso de los ‘cincuentones’, y representará el mayor aumento en la categoría ‘BBB’ en los últimos cinco años”.
“Cuándo y en qué nivel se estabilizará la deuda/PIB dependerá del plan del próximo gobierno, y en este momento vemos desafíos en cualquier escenario electoral. Podría haber un aumento importante en el gasto en pasividades en 2020 por el crecimiento de los salarios este año, y una reforma previsional tomará tiempo para negociar y mucho más para rendir ahorros”, añadió.
Búsqueda le pidió opinión acerca de las propuestas de los principales partidos en competencia electoral para abatir el déficit fiscal; mientras desde el Frente Amplio confían en que la economía salga del estancamiento —con las inversiones en el tren para UPM y la obra de su segunda planta, sobre todo— y que ello genere ingresos tributarios, los partidos Nacional y Colorado van por el camino de recortar gastos en personal y de funcionamiento. Todos dicen que apostarán a gestionar con más eficiencia los dineros públicos y aseguran que no tienen en sus planes aumentar impuestos (si bien el programa del Frente Amplio propone alguno).
“Tenemos una visión cauta sobre la medida en que el déficit podría bajar por una recuperación económica, ya que la recaudación tributaria no ha sufrido mucho por la desaceleración en 2018-2019. La rigidez presupuestaria representa un desafío para cualquier gobierno, y por eso estaremos prestando mucha atención al detalle y factibilidad de los recortes que pretenden lograr algunos candidatos”, comentó Martínez.
Otras agencias consultadas por Búsqueda esta semana dieron respuestas que las despeguen del barro electoral. Los analistas de Moody‘s, por ejemplo, remitieron a su último informe de agosto, donde la calificadora confirmó la nota “Baa2” y habló de la expectativa de “consensos políticos” para enfrentar los desafíos durante el próximo gobierno, así como de “reformas económicas” que contrarresten la “erosión que se verifica en la fortaleza económica y fiscal de Uruguay”. Otra agencia optó directamente por no contestar.
