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El Frente Amplio tiene como una de sus prioridades aprobar normas relativas al acceso a la vivienda y por eso, a partir de la discusión de un proyecto de ley del diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, se propone realizar una serie de cambios a la normativa, informó a Búsqueda el senador Charles Carrera.
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La semana pasada, la Comisión de Vivienda del Senado comenzó a tratar un proyecto de ley sobre viviendas para sectores de pocos ingresos presentado por Rubio. La iniciativa fue aprobada en marzo en Diputados con los votos de toda la oposición y del oficialista Darío Pérez. En la Cámara Baja, la mayoría del oficialismo no acompañó la propuesta por entender que se basaba en un “pensamiento mágico, paternalista y voluntarista” y que no contaba con los recursos necesarios.
Pero en el Senado, la opinión del oficialismo es más abierta. Al comenzar a discutir el texto el martes 14 en la Comisión de Vivienda, el oficialismo informó que tiene plan de trabajo para abordar el proyecto. “Podríamos estar contestando por sí o por no desde un punto de vista político a un proyecto que no tuvo iniciativa en nuestra fuerza política; sin embargo, lo vamos a estudiar con seriedad y profundidad”, dijo Rafael Michelini.
La idea en el Frente Amplio es trazar una hoja de ruta de discusión para los próximos meses a partir del proyecto, y es probable que se termine aprobando más de una iniciativa sobre el tema.
El proyecto de Rubio declara de interés nacional la implementación de un Plan Nacional de Vivienda Popular. Si el Parlamento lo aprobara sin cambios, el proyecto prevé que las viviendas sean construidas por la Agencia Nacional de Vivienda, quien podrá licitar la construcción a empresas que deberán emplear mano de obra y materiales “preferentemente nacionales”.
Asimismo, declara de “utilidad pública” las expropiaciones de inmuebles para la ejecución del plan. Las viviendas se construirían en tierras “improductivas e inutilizadas de cualquier organismo público que sean aptas para el desarrollo del plan”, dice el artículo 12.
Los beneficiarios del plan, según la propuesta, serán personas o núcleos familiares cuyos ingresos nominales sean iguales o menores a 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 76.960 al valor actual). La prioridad será para los núcleos familiares que tengan alguna de estas características: jefatura de hogar monoparental, discapacitados, niños, adolescentes, adultos mayores, o personas con enfermedades raras o crónicas a cargo. Los beneficiarios de este plan deberán pagar, desde el momento de la ocupación, el equivalente al 10% de los ingresos mensuales del núcleo familiar hasta amortizar el valor de la vivienda, o por un plazo máximo de 25 años si no se llegara a amortizar.
“Otro objetivo que consideramos importante sería contar con un registro de viviendas vacías sin fines específicos y que son propiedad del Estado. Esas viviendas vacías deberían pasar al Ministerio de Vivienda”, planteó Carrera.
En la sesión de la comisión, Charles Carrera (Frente Amplio) dijo que el proyecto es una “oportunidad para incluir y trabajar” el tema vivienda y ver cómo esta iniciativa encaja en el Plan Quinquenal del gobierno. Uno de los temas a estudiar es sobre el acceso a la cartera de tierras. “Este es uno de los grandes problemas cuando hablamos de construir viviendas”, afirmó.
Un segundo punto a tratar es la normativa sobre construcción e higiene de la vivienda. “No puede ser que haya una norma en el sur de nuestro país, por ejemplo Montevideo, y otra en Artigas o Rivera”, explicó.
Carrera dijo que también se deberá trabajar en nuevos sistemas constructivos y propuso recibir a las cooperativas de construcción para que cuenten sus experiencias.
“Otro objetivo que consideramos importante sería contar con un registro de viviendas vacías sin fines específicos y que son propiedad del Estado. Esas viviendas vacías deberían pasar al Ministerio de Vivienda”, planteó Carrera, y recordó que el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto vinculado a ese tema.
Carrera dijo que el oficialismo también quiere discutir sobre las “herencias yacentes”, es decir, propiedades de personas que al morir no tienen herederos y cuyos bienes pasan a los organismos de educación. Esto genera un “problema de gestión” a los organismos de la educación, dijo Carreras. Por eso, adelantó que una de las propuestas será modificar la ley para que esos inmuebles vayan directo al Ministerio de Vivienda.
