Creo que una cuestión interesante de los gobiernos frenteamplistas fue esta idea de la regulación de los mercados desde un enfoque de salud pública, que tuvo su primera expresión en el tabaco. Después la tiene, en el caso de la marihuana, una agenda que surge primero de las preocupaciones sobre seguridad pública, pero también logra incorporar los asuntos de salud pública. Y, finalmente, luego de un tercer intento de echar mano desde el punto regulatorio al mercado de bebidas alcohólicas, aparece también con la aprobación de una ley de bebidas alcohólicas. Esa impronta de regulación basada en objetivos de salud pública y derechos humanos es una de las cuestiones que pueden hacer la política de drogas del Frente Amplio identificable, que es destacable a escala nacional, pero que además le ha dado al Uruguay un posicionamiento internacional. Lo vemos cuando salimos: es de los cuatro o cinco temas por los cuales es conocido el país.
—Parte de la opinión pública y algunos dirigentes de la oposición cuestionan esos modelos. Afirman que se aumentó la regulación del tabaco y el alcohol, mientras que con la marihuana lo que se hizo fue una flexibilización.
—Hay un sentido común asociado a las drogas que está muy instalado en la cultura popular y también en el sistema político, y estas medidas no son rápidamente entendibles para el sentido común. Ese sentido común dice: “Por un lado persiguen el tabaco, pero facilitan el acceso a la marihuana”. En realidad, lo que hay son dos movimientos desde dos extremos regulatorios opuestos que son muy ineficientes desde el punto de vista de la salud pública y la seguridad. Uno es el libre mercado, la libre empresa sin ningún condicionamiento, que es la forma regulatoria histórica del mercado de tabaco y de las bebidas alcohólicas; y por otro lado el prohibicionismo cerrado, que ha sido el modelo regulatorio de todas las drogas que hoy son ilícitas en el mundo. Las decisiones regulatorias que impulsó el Frente Amplio hacen que se encuentren en un centro, en donde la producción y comercialización de las sustancias no es prohibida, pero está sometida a reglas estrictas que tienen el objetivo de proteger la salud pública, porque estas sustancias generan daños y son adictivas. Pero, repito, se alejan de los dos extremos que son los que generan más daños a la salud pública: el prohibicionismo estricto y el libre mercado absoluto. No hay incoherencia desde el punto de vista de que se hayan invertido los roles, de que se haya liberalizado la marihuana y prohibido el tabaco. Eso no sucedió.
—¿Cree que estas políticas provocaron un cambio cultural?
—En el caso del tabaco es clarísimo que hay un cambio muy importante en la percepción social sobre el uso de tabaco y sobre los riesgos asociados a su uso. Es muy nítido que ese cambio tiene una impronta generacional; es decir, que el descenso en el uso de tabaco estaba muy concentrado en las generaciones menores, no tanto en las generaciones mayores. Entonces, ese podría ser un indicador de éxito del cambio cultural. En la política de tabaco hubo una efectiva apuesta a que la educación jugara un papel y que las nuevas generaciones ejercieran un cierto efecto de presión hacia sus adultos en el plano doméstico. Y creo que efectivamente eso pasó.
En el caso del alcohol eso no pasa todavía, es muy difuso. Gran parte de las dificultades del sistema político para regular el mercado de bebidas alcohólicas tiene que ver con que ese cambio cultural no se ha producido. No se ha producido en la sociedad, y los actores del sistema político son parte de esa sociedad, y creo que buena parte del sistema político identifica un costo, un posible costo electoral o de popularidad, en tocar un bien cultural tan presente en nuestra sociedad. No se ha logrado ahí generar un cambio.
En el caso de la marihuana, creo que el cambio ha sido mucho más lento, menos buscado si se quiere. Porque toda la narrativa de la regulación de la marihuana está asociada inicialmente a desplazar el narcotráfico, después es que aparecen las otras discusiones. Todavía la sociedad uruguaya, y en general buena parte de Occidente, sigue penalizando bastante desde el punto de vista sociocultural el uso de un psicoactivo como la marihuana. Sin embargo, no se horroriza para nada con el uso de bebidas alcohólicas, salvo en algún caso en particular, siendo que el alcohol es un tóxico mucho más potente que los cannabinoides, genera mucho más daño a la salud y aparece involucrado de forma mucho más nítida en cierta conflictividad social asociada a la violencia. Por lo tanto, creo que en el caso de la marihuana falta un cambio que quizás no hemos sido capaces de generar quienes hemos liderado estas políticas, que es entender que la regulación legal no implica una resignación a los daños que puede generar la marihuana. Por el contrario, la regulación genera mejores herramientas para abordar los problemas sanitarios que tiene el uso de marihuana. O sea, es una medida responsable desde el punto de vista de la salud pública y, sin embargo, la sociedad y buena parte del sistema político entienden que la regulación es una amenaza para la salud pública.
—Hay cuestionamientos a la baja en la percepción de riesgo en el consumo de marihuana generado a partir de la aprobación de la ley.
—Los últimos datos demostraron que no es así. De hecho, entre el 2016 y 2018 hay un repunte en la percepción de riesgo sobre el uso de marihuana. Todo uso de drogas tiene riesgo, pero, así como pasa con el alcohol, los problemas de mayor complejidad para la salud humana aparecen con el uso frecuente, y la percepción de riesgo sobre el uso frecuente también se mantuvo muy robusta.
—¿Pero cree que es una política exitosa?
—Es una política que ha demostrado que tiene un diseño adecuado. Ha demostrado que la implementación es viable, que es posible generar un mercado legal supervisado por el Estado para la producción y comercialización de la marihuana. Y ha tenido en el ritmo de implementación algunas dificultades. Pero esas dificultades se superan con la continuidad del proceso de implementación, con consolidar las directrices que hoy están establecidas para el mercado legal de marihuana.
—La ley se aprobó hace seis años.
—En julio del 2020 se cumplen tres años de implementación completa con la venta en farmacias.
—Usted habla de implementación exitosa, pero son pocas las farmacias en las que se vende marihuana, por ejemplo.
—Claramente ese es el aspecto menos exitoso.
—Si tuviera que argumentar al futuro gobierno por qué la ley fue exitosa más allá de su implementación, ¿qué datos le aportaría? ¿Tiene con qué argumentar?
—Creo que sí. Primero, implementás una alternativa a una política que, de forma cada vez más consensuada en el mundo, se entiende como agotada, que es el prohibicionismo. Hoy es muy difícil que a escala internacional se pueda sostener que el prohibicionismo cumplió los objetivos buscados: cada vez hay más consumo, cada vez hay más adicción y el crimen organizado relacionado a drogas no ha parado de crecer. Uruguay tiene la inteligencia y la valentía de abrir una ventana alternativa al prohibicionismo. ¿Y por qué sostengo que es exitosa? Porque ha permitido, hasta el momento, pero de forma incremental, que un tercio de los consumidores hayan abandonado el mercado ilícito. Ese tercio, además, está mayoritariamente compuesto por consumidores frecuentes, por lo tanto, quienes más consumen en general están adheridos a alguna de las formas de acceso legal. Y eso ha implicado un impacto económico sobre el crimen organizado de más de US$ 30 millones. Es un impacto muy significativo en la salud de las personas, que hoy tienen una vía segura de acceso al cannabis recreativo y que, por lo tanto, no tienen que interactuar con una boca de venta de drogas para acceder a la marihuana. Pero además pueden tener mayores certezas sobre el proceso de producción de esa marihuana que están comprando no solo desde el punto de vista de la calidad, sino desde el punto de vista de la legalidad. Creo que, si bien todavía hay resultados modestos o insuficientes —como los puntos de venta—, no cuestionan el desempeño del modelo general.
—Dice que con el prohibicionismo aumentó sin parar el consumo, el narcotráfico y las muertes relacionadas con las drogas. Los críticos a la ley de marihuana dicen que después de su aprobación en Uruguay siguió creciendo el consumo y el narcotráfico.
—Creo que en la etapa de promoción y de discusión de la regulación de la marihuana en Uruguay se le dio un protagonismo excesivo como herramienta para disminuir la violencia y la criminalidad asociada al narcotráfico. De hecho, hay que recordar que, en ese paquete de medidas que lanzó (José) Mujica, había intervenciones territoriales como el Plan 7 Zonas, había ajustes con respecto a la política de represión y combate al narcotráfico; sin embargo, la medida que terminó siendo más conocida y valorada fue la regulación de la marihuana. Creo que es un error pedirle a la regulación de la marihuana que resuelva la violencia y la criminalidad asociada a los mercados de drogas. Para eso se necesita una acción que excede las fronteras de un pequeño Estado nación como el Uruguay. Resolviendo el mercado interno de una sustancia en Uruguay podés tener incidencia, pero no vas a resolver el problema de la criminalidad si no hay un abordaje, al menos, regional. Y si no hay un abordaje regulatorio de otras sustancias, porque el mercado que aparece como de mayor violencia es el mercado de la cocaína. ¿Por qué? Porque los cargamentos de cocaína son mucho más costosos, porque el nivel de agregación de valor que adquiere la cocaína es muchísimo más alto que los de la marihuana y porque el tipo de organización que requiere es mucho más poderoso desde el punto de vista criminal, porque es un mercado transregional. La marihuana es mercado de frontera. Quizás en algunos promotores de la ley existió el error de ponerle demasiadas expectativas a la regulación de la marihuana en la disminución de la violencia.
—Usted se reunió con el futuro prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. ¿Cree que el próximo gobierno va a cambiar la política?
—Sé, por las declaraciones públicas de integrantes del próximo gobierno, incluyendo al presidente electo, que puede haber ajustes, pero no una revisión completa del mecanismo.
—Sin cambiar la ley, se puede asfixiar una política.
—Efectivamente. Pero confío en que Uruguay es un país lo suficientemente institucional y ya hay una cantidad de mecanismos generados y contratos asumidos… Algo que la oposición ha dicho muchas veces, y que no es real, es que este es un mecanismo estatista, que es un mecanismo donde el Estado produce la marihuana, y no es así. El Estado controla muy de cerca, pero no es el que produce. Para la producción existen contratos con empresas privadas, a cinco años, en los cuales el Estado ha asumido un compromiso. También hay un compromiso asumido con las personas que han adherido al sistema, son casi 60.000, casi 40.000 por la vía de la compra en farmacias. Hay una serie de compromisos institucionales ahí que exceden una administración partidaria. Por supuesto que se puede modificar, pero tiene costos políticos, jurídicos y en la legitimidad de un proceso en el cual mucha gente ha confiado.
Recuadro de la entrevista
? Es importante que Presidencia recupere “la coordinación” del combate al narco
