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El sistema de identificación individual del ganado, conocido como trazabilidad, es una de las principales políticas de Estado impulsadas por el gobierno y que comenzó a funcionar en forma obligatoria a partir de una ley de 2006. Para su implementación es necesaria la adquisición de identificadores electrónicos (caravanas visuales) que se colocan en las orejas de los vacunos, además del mantenimiento de un Sistema Nacional de Información Ganadera que cuenta con la base de datos del rodeo ganadero de Uruguay y las “cajas negras” (sistema de control) instaladas en los frigoríficos.
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En el caso de las caravanas, el Ministerio de Ganadería (MGAP) realiza licitaciones para la compra de esos implementos a las que se presentan algunas empresas. Ese proceso tuvo algunos cuestionamientos de firmas que quedaron fuera de las licitaciones o que no resultaron ganadoras para poder proveer de esos dispositivos al Estado.
Mediante una resolución fechada el 19 de marzo, el MGAP adjudicó la licitación pública internacional para la adquisición de siete millones de pares de identificadores de uso en bovinos a la empresa Lemifar, por un precio unitario de US$ 1,35 por par, lo que representa un monto total de US$ 9.450.000.
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia realizó una investigación sobre ese asunto, a partir de una denuncia presentada por una empresa contra el MGAP, y determinó que “no se ha acreditado la existencia de prácticas anticompetitivas” en esa licitación.
Datamars, una de las firmas que perdió esa licitación, planteó ante Ganadería una serie de cuestionamientos a ese proceso y fue la que presentó una denuncia contra esa secretaría de Estado en la Comisión de Defensa de la Competencia, que funciona como un órgano desconcentrado en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.
El argumento de la empresa denunciante fue que los procesos licitatorios del MGAP para la compra de caravanas “afectan la libre competencia entre las empresas” que ofrecen ese producto, según consta en los informes del caso.
Durante el proceso licitatorio la comisión asesora de adquisiciones del MGAP aconsejó excluir la oferta de Datamars por no alcanzar el requisito establecido en el pliego: contar con tres millones de identificadores de la tecnología aplicada en los antecedentes presentados. Uno de los argumentos fue que en el antecedente correspondiente al país africano Botsuana no se especificó que las caravanas comercializadas allí fueran de uso en bovinos y que en el caso de Marruecos el documento no estaba traducido al español.
La denunciante consideró que esa comisión hizo una interpretación “errónea” de esos aspectos y que presentó la información requerida, aunque fuera del plazo previsto.
En ese sentido, Datamars planteó que un artículo del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) establece que “la Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia: este plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior”.
Esa firma ya había denunciado en 2015 al MGAP ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que realizó algunas recomendaciones a esa cartera de Estado; lo que derivó en la modificación de la forma en que se consideran los antecedentes, como requisitos de carácter excluyente, pero que no afectan el puntaje a la hora de valorar las propuestas de las distintas empresas.
En cuanto a la última denuncia, presentada el 8 de setiembre de 2017, que generó una investigación a partir del 21 de setiembre de 2017 y concluida el martes 3, esa comisión resolvió que “no se ha acreditado la existencia de prácticas anticompetitivas” por parte del Ministerio de Ganadería en tal caso. Para eso consideró informes técnicos que analizaron el mercado relevante de identificadores, además de la respuesta del MGAP en cuanto a que la empresa presentó antecedentes de Botsuana “totalmente fuera de plazo” ante la comisión, “cuando lo que hubiera correspondido, en todo caso, que se presentara en la oferta en tiempo y forma”.
Si bien ejecutivos de Datamars reconocen las fallas advertidas en cuanto a la aclaración de tratarse de caravanas para bovinos y a la necesaria traducción al español, al mismo tiempo señalan que la empresa no tuvo la posibilidad de acceder al plazo previsto en el Tocaf.
Destaca, además, que el precio ofrecido por esa firma fue de US$ 1,29 por cada par de identificadores visuales para el ganado, lo que es un valor inferior al que ofreció la empresa ganadora de la licitación. En total representa una diferencia de unos US$ 420.000, al comparar con la oferta ganadora.