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La supresión del ajuste por inflación a los efectos del cálculo del impuesto a la renta empresarial decretado por el Poder Ejecutivo a fin del año pasado, empezó a mostrar sus efectos en la recaudación de abril. Ese factor, sumado a un pago extraordinario del mismo tributo por parte de Gas Sayago —tras haber ejecutado una garantía del consorcio internacional que llevaba adelante el frustrado proyecto de la regasificadora—, ayudó otro poco, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
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En enero-marzo la Dirección General Impositiva (DGI) cobró 0,3% más que en el mismo período de 2015, descontada la inflación de precios (variación real) y considerando los impuestos reintegrados a los exportadores, es decir, lo que queda neto en la caja de la oficina recaudadora.
En el cuarto mes el monto total neto fue 7,9% real mayor que un año atrás. Mientras lo cobrado por las cargas sobre el consumo tendió a bajar (–5,2%), hubo un crecimiento de la recaudación de los tributos a la renta (33%) de los individuos y las empresas, pero en este último caso influido por factores puntuales. En enero-abril la suba fue de 2,3%.
Las empresas públicas pagaron 17,1% más tributos que en abril del año pasado, mientras que el aumento fue de 6,3% en el caso del sector privado en su conjunto (siempre real y en términos netos). Pero esa última cifra fue algo menor —4%— si se depura el pago extraordinario y por única vez del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) realizado por Gas Sayago, detalló el informante. También incidió en la mayor recaudación la supresión del ajuste por inflación a los efectos de la liquidación de ese tributo que entró en vigor este año, añadió.
En efecto, el 29 de diciembre pasado el Poder Ejecutivo aprobó esa modificación por la vía de un decreto. Según esa norma, a partir del cierre de ejercicio a fin de 2015 no se aplicará dicho ajuste si el porcentaje de variación del índice de precios correspondiente a dicho ejercicio es menor a 10% anual. Eso fue lo que ocurrió en 2015.
Mientras, desde el Ministerio de Economía se alegó que el cambio apunta a incorporar las mejoras prácticas internacionales en cuanto a normas contables y financieras, varias organizaciones empresariales cuestionaron la medida dado que los tomó por sorpresa y a muchas firmas les aumenta la carga fiscal. Desde la oposición política se dijo, además, que se trata de un “zarpazo a las empresas” y un “cambio violento en las reglas tributarias” (ver Búsqueda Nº 1.849). Luego de eso el Poder Ejecutivo revisó algunos aspectos del polémico decreto.
En Economía habían estimado que la supresión del ajuste por inflación fiscal permitiría recaudar unos U$S 100 millones anuales adicionales.