Gobierno busca ahorros mientras define espacio para subir el gasto

El Consejo de Ministros sesionó el 28 de mayo en Suárez y Reyes. Allí se manejaron algunas de las proyecciones macroeconómicas elaboradas por el MEF que dan marco al futuro presupuesto y se instruyeron medidas de austeridad.

A su vez, se buscará “llegar a 2019 con un punto menos, con un déficit de 2,5%” del PBI.

Las últimas cifras, publicadas el 29 de mayo por el MEF, situaron el resultado negativo en los 12 meses terminados en abril en U$S 2.128 millones, es decir 3,7% del Producto. Si se depuran del adelanto de sueldos ocurrido ese mes, el déficit se reduce a 3,3% (frente al 3,4% del año móvil a marzo).

A la mejora fiscal esperada deberá contribuir el objetivo, planteado por el Poder Ejecutivo la semana pasada a los presidentes de las principales empresas públicas, de que estas aumenten en unos U$S 600 millones sus aportes a Rentas Generales hacia el 2019.

Dijo que, por el lado de los ingresos, las “condiciones internacionales y regionales” obligan al gobierno a “adoptar metas muy cuidadosas”.

Sobre el gasto, Astori explicó que hay “limitaciones” derivadas del hecho que 70% “está comprometido” en diversos rubros. De todos modos, aseguró que hay espacio para “reasignar gastos y obtener ahorros” en algunas áreas.

En concreto, en la reunión se definieron como lineamiento: limitar el llenado de vacantes en la administración, disminuir la cantidad de horas extras y reducir los gastos en publicidad. Otra medida es no prorrogar los programas de jubilación anticipada de funcionarios ni aprobar nuevos.

Al cierre de 2013 existían 298.743 vínculos laborales con el Estado, según datos oficiales. La cifra vino aumentando en los últimos años.

En 2013 dejaron sus cargos 2.900 funcionarios que se acogieron a mecanismos de retiro incentivado previsto en diversas leyes; fueron cerca de una docena en el Poder Ejecutivo, 135 en el Legislativo, 205 en el INAU, 602 en las empresas públicas (Ancap, UTE, ANP, OSE y El Correo), dos en el Instituto de Colonización, y el resto en los gobiernos departamentales.

“Hasta ahora han tenido un impacto fiscal importante que no queremos seguir teniéndolo para el futuro”, dijo el ministro de Economía en referencia a los programas de retiro incentivado.

Ante la consulta de un periodista sobre si se seguirá adelante con la construcción del complejo Antel Arena, Astori respondió: “No puedo decir qué pasará con un proyecto concreto como el mencionado en la pregunta. Tampoco qué pasará con otros”, pero enfatizó que “estas propuestas de ahorro, de reasignación de gastos, son para cumplir con los compromisos, no para evitarlos”.

El jerarca no se refirió a cómo evolucionará el nivel de gasto público en el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal. Vagamente, aseguró que el manejo de los recursos será “especialmente prudente al principio, y luego irá acelerándose hacia la segunda parte del período” de gobierno, pero asegurando el cumplimiento de las promesas electorales y “sin alterar los equilibrios macroeconómicos, que son fundamentales para asegurar las conquistas logradas y las programadas para los próximos años”.

Fuentes del área económica del gobierno dijeron a Búsqueda que la definición del “espacio fiscal” —el margen disponible para aumentar el gasto público— será de las últimas etapas de la elaboración presupuestal.

“Desafíos”.

Mientras, la agencia evaluadora de riesgo canadiense DBRS ratificó el 29 de mayo la nota “BBB—” a la deuda pública uruguaya tanto en pesos como en moneda extranjera. La perspectiva de la calificación se mantuvo en “estable”.

DBRS considera que los “eventuales riesgos que enfrenta la economía se encuentran ampliamente balanceados” y marcó como algunos de los “principales desafíos de política” el “crecimiento del gasto público y una inflación que se ubica por encima del rango meta”.

“El reciente debilitamiento en los frentes económico y fiscal no supone un riesgo en el corto plazo para el robusto perfil crediticio” del país, si bien el deterioro en las cuentas públicas limita las posiblidades de adoptar medidas contracíclicas”, marcó la calificadora. Observó, además, que ante el menor crecimiento económico y la emisión de títulos en pesos con fines de esterilización monetaria que hace el Banco Central, es esperable que la deuda pública bruta aumente. Para 2020 llegaría a 68,3% del Producto Bruto Interno y el endeudamiento neto (descontados los activos de reserva) representaría 30,6%.

“La consolidación fiscal solo será gradual”, afirmó Franco Uccelli, analista del banco de inversión J.P. Morgan en un informe difundido ayer miércoles 3.