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Cuando una mujer o niña tiene una discapacidad, las dificultades a las que se enfrenta se profundizan ya que a su situación se suman las desigualdades de género. Incluso, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que “las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente”.
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Consciente de esa realidad, la Intendencia de Montevideo (IM) decidió poner un énfasis especial en la atención de las mujeres con discapacidad. De acuerdo a datos del Plan de Accesibilidad impulsado por la comuna, en 2018 en la capital había 116.000 mujeres con algún tipo de discapacidad.
“Las situaciones de violencia basada en género para personas con discapacidad son un tema muy complicado, porque el aislamiento es muy fuerte. En ocasiones son mujeres que no tienen posibilidad de movilidad o de comunicación, o que incluso no pueden acceder a los servicios porque no tienen condiciones o porque no los conocen”, explicó a Búsqueda la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM, Solana Quesada.
Ya sea violencia física, emocional, sexual o económica, todo empeora cuando la mujer que la sufre no puede acceder a los medios de ayuda que existen debido a las limitantes que provoca su situación de discapacidad. ¿Cómo puede una mujer sordomuda o con una parálisis que le impide hablar correctamente pedir ayuda por teléfono? A eso se añade el obstáculo de que en la mayoría de los casos los agresores son sus propios cuidadores.
Para dar una mejor respuesta a esas personas, la IM prepara un relevamiento de las condiciones de accesibilidad de los servicios que ofrece a través de las 12 oficinas llamadas Comuna Mujer. Un avance en ese sentido fue la incorporación, el año pasado, de un intérprete de lenguaje de señas disponible para la atención presencial.
Además, desde setiembre el servicio de atención telefónica a mujeres en situación de violencia (0800 4141) pasó a ser cogestionado entre la IM y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y actualmente estudian alternativas para facilitar el acceso a raíz de planteos realizados por mujeres sordas.
“Estamos en proceso de incorporar la comunicación por mensaje de texto para el servicio de atención telefónica”, indicó Quesada. Sin embargo, hay que evaluar si es posible incorporarlo, dijo, ya que con esa herramienta se pone en juego aspectos como la confidencialidad (ya que el mensaje permanece en el celular de la denunciante, lo que puede ser un riesgo para su seguridad). “Tenemos la intención, pero hay que pensar aún cuál sería la forma correcta”, explicó.
La directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, coincidió con el riesgo que implica esa forma de comunicación y dijo a Búsqueda que debido a eso la alternativa de usar mensajes de texto ya se descartó. “Porque no tenés la seguridad de quién te está escribiendo. Entonces la contestación que se dé, quizás muy bien intencionada, pueda llegar a manos de la persona agresora”, explicó.
Mientras las autoridades analizan cómo resolver ese problema, la solución que otros países han encontrado es incorporar las videollamadas, aunque eso implica contar con intérpretes de lenguaje de señas en las líneas de ayuda. Esa alternativa está bajo consideración de Inmujeres, que prevé coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social la capacitación de intérpretes para que atiendan las llamadas en el futuro, aunque aún el proyecto está en una fase inicial.
Mazzotti dijo que Inmujeres está revisando todos los protocolos de atención e intervención en relación con “la diversidad de mujeres que hay”. Prevén presentar los resultados del proyecto, llevado adelante con el Programa Nacional de Discapacidad, ONU Mujeres y Salud Pública en diciembre, junto con la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia de Género, que incorpora un módulo específico sobre discapacidad.
En la instancia también se informará qué porcentaje de las que se atienden en los servicios de Inmujeres por casos de violencia de género tienen alguna discapacidad motriz o intelectual. La IM tampoco cuenta hoy con ese registro, pero espera obtenerlos a partir de marzo, ya que un equipo técnico trabaja actualmente en una herramienta informática que permitirá procesar esa información en todas las Comuna Mujer.
Población vulnerable
La arquitecta Sara Buchelli, representante del colectivo Mujeres y Discapacidad, tiene 60 años y nació con una luxación congénita de cadera que la obliga a caminar con bastones canadienses debido a las prótesis. Es una de las más de 58.000 mujeres que tienen dificultades para caminar en Montevideo.
Según dijo a Búsqueda, las distintas propuestas de comunicación fueron analizadas en el grupo —integrado por 60 mujeres con discapacidad de Montevideo y Canelones— y todas obtuvieron el visto bueno. “Cuando se habla de discapacidad y de accesibilidad, lo que abre el camino es la accesibilidad física, pero hay que potenciar mucho más las herramientas de comunicación”, afirmó. Al pensar en mujeres que tienen dificultad para establecer un mensaje oralmente, “generar ese vínculo a través de otras alternativas al 0800 4141 es algo muy importante”, agregó.
Para Buchelli, uno de los aspectos que más influye en las dificultades que tienen para denunciar son los niveles educativos, ya que entre las personas con discapacidad severa solo el 9% alcanza el nivel terciario.
Además, según un informe sobre género y discapacidad publicado por la IM en abril, en ocasiones las personas que ejercen violencia contra una mujer con discapacidad se perciben como víctimas por tener que “cargar” con ellas, por lo que ven justificada su conducta. “Eso trasciende la violencia basada en género y tiene que ver con la relación de poder. Es la carga que siente el cuidador, pero también la culpa que siente quien necesita cuidado y está en una situación de violencia; ahí se dan situaciones de maltrato ‘justificadas’ por ambas partes”, indicó Quesada.
