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El gobierno chileno autorizó que los militares uruguayos procesados por el “caso Berríos” cumplan lo que les resta de la condena en su país. Según informaron a Búsqueda fuentes judiciales y del Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo de Chile accedió al pedido del gobierno uruguayo y permitirá que Eduardo Radaelli y Tomás Casella vuelvan a Uruguay.
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Los militares Radaelli, Casella y Wellington Sarli fueron extraditados a Chile en 2006 para ser investigados por su supuesta participación en el secuestro y asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos, un agente de la dictadura de Augusto Pinochet que apareció muerto en 1992 en el balneario de El Pinar (Canelones).
La investigación había sido archivada en Uruguay tras 13 años de indagatorias, pero ante el pedido de la Justicia chilena, la Suprema Corte de Justicia confirmó la decisión de primera y segunda instancia y resolvió que fueran extraditados para ser investigados en ese país.
En 2010 un juzgado de primera instancia chileno los condenó, junto a otros militares de ese país, por secuestro y asociación ilícita. Un Tribunal de Apelaciones agravó las penas al considerar que se había tratado de un crimen de “lesa humanidad”, por lo que el delito es imprescriptible y además inexcarcelable. Más tarde, la Corte Suprema chilena sentenció definitivamente a los militares.
Casella fue condenado a diez años y un día por secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita. Radaelli tuvo la misma condena por secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sarli tuvo cinco años y un día por “complicidad de secuestro” y 60 días por asociación ilícita.
Tras el fallo de la Corte, los militares, que estaban en libertad ambulatoria pero tenían prohibido trabajar o salir del país, volvieron a prisión el 13 de agosto de 2015.
El año anterior, a pedido de la defensa de Radaelli y Casella, a cargo del abogado Amadeo Ottati, el gobierno uruguayo había iniciado gestiones para que los militares retornaran a Uruguay y cumplieran el resto de la pena en su país. En noviembre de 2015 el Ejecutivo uruguayo presentó el pedido formal ante la Cancillería chilena.
Casi un año más tarde, el gobierno chileno comunicó que accedía al pedido y autorizaba el retorno. Según detallaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior, las oficinas de Interpol de Uruguay y Chile están coordinando el traslado de los militares, que arribarían a Uruguay a mediados de noviembre. Sarli, por su parte, no solicitó el traslado y se quedará en Chile.
Las fuentes informaron que jerarcas de las Fuerzas Armadas propusieron al Poder Ejecutivo trasladar a los militares en un avión de la Fuerza Aérea. La idea fue descartada por el gobierno, que decidió que viajen en un avión comercial, como se hace habitualmente en este tipo de traslados.
Al llegar a Uruguay los militares serán recluidos en la sede de la Guardia de Coraceros y continuarán privados de libertad hasta que cumplan la totalidad de la pena.
El retorno de los militares es posible gracias a la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, que fue firmada por varios países miembros de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Managua, Nicaragua, en 1993. Como Chile y Uruguay ratificaron la Convención, las personas condenadas en un país tienen derecho a solicitar el cumplimiento de la pena en su lugar de origen.
Por el “caso Berríos” fueron condenados, además de los uruguayos, 11 militares chilenos. Uno de ellos, el general retirado del Ejército chileno Hernán Ramírez Rurang, se pegó un tiro luego de recibir la confirmación de la Suprema Corte. En Chile, Berríos fue identificado como el responsable de la fabricación del gas sarín que fuera usado contra los opositores del régimen de Augusto Pinochet.
