Gobierno impulsa políticas de empleo para grupos vulnerables; inmigrantes, retornados al país y privados de libertad, entre otros

Los datos divulgados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que la tasa de desempleo se mantuvo en octubre en torno a 7%, lo que representa unas 118.000 personas que buscando trabajo no lo consiguieron. Los ocupados eran casi 61% de la población con edad de trabajar.

En la Dinae esperan que el inicio de 2015 sea de concreciones. La Ley de Empleo Juvenil aprobada el año pasado ya fue reglamentada, pero resta la firma en Consejo de Ministros para que entre en funcionamiento; a eso se suma la ampliación del programa Objetivo Empleo que incluirá a las personas de colectivos de más difícil empleabilidad.

Para Rodríguez también será necesaria una “revisión” de las políticas activas que a través de los Centros Públicos de Empleo (Cepes) se aplican en el interior. Sostiene que faltan técnicos que trabajen en esos centros en muchas áreas del país.

Objetivo.

Las cifras que releva mensualmente el INE dan cuenta de un mercado muy próximo a lo que en la teoría se denomina como “pleno empleo”. De la población en edad para trabajar (14 años o más) el 65,1% estaba empleada o buscaba estarlo —tasa de actividad— y el 60,8% está trabajando —tasa de empleo—; la tasa de desempleo era un 6,7% de la población activa.

En 2011, cuando el mercado laboral mostró sus mejores registros históricos, esas tasas eran 64,1%, 60,1% y 6,3% respectivamente.

Un indicador divulgado el lunes 1º por la consultora Equipos muestra un incremento de la demanda de trabajadores de 39,6% respecto a un año atrás, informó el diario “El Observador” la semana pasada. También se conoció que los salarios tuvieron un aumento real (por encima de la inflación) de 0,2% en octubre pasado, lo que implica una suba acumulada de 3,3% respecto a un año atrás, según datos del INE conocidos el viernes 28.

Rodríguez sostiene que bajar aún más el porcentaje de desempleados implica atacar un núcleo de personas que pertenecen principalmente a colectivos vulnerables en materia laboral, los cuales dependen de las políticas activas para ingresar al mercado.

Por ello desde principios de 2015 la Dinae pretende “reformular” el programa Objetivo Empleo, que actualmente comprende a las personas que no habiendo terminado quinto de liceo estuvieron por un año o más sin trabajo (o solo trabajaron 90 días en ese período) aplicando subsidios a sus salarios para las empresas que los contraten.

Los cambios implican “la necesidad de incorporar algunos colectivos que presentan mayores vulnerabilidades frente al mercado de trabajo”, señaló Rodríguez. Uno de ellos son las personas de más de 40 o 45 años, cuya dificultad principal está en el mayor tiempo de desempleo previo a  conseguir un nuevo trabajo, “pero hay otros colectivos que también son de preocupación”, dijo.

Entre ellos se destacan los uruguayos que retornan al país, la población migrante que llega a Uruguay, las personas privadas de libertad y las personas liberadas, los adolescentes en centros de reclusión, las personas que son usuarios problemáticos de drogas, las personas con discapacidad y las personas trans.

“Todas personas condificultades para insertarse al mercado de trabajo que son diferentes unas de otras”, explicó. “Estamos reformulando el programa de modo que nos permita un trabajo más aceitado con las instituciones que trabajan con estos colectivos”; con ese enfoque desde la Dinae piensan en cambiar algunos requisitos para participar del programa, en ciertos casos serán más flexibles que otros.

Al respecto se impulsarán también medidas que busquen un mayor compromiso de todos los actores sociales con el programa, entre otras cosas con un reconocimiento a las cámaras, gremiales, empresas y sindicatos que sumen al trabajo en el marco de Objetivo Empleo.

Estos cambios permitirían también que las empresas y organizaciones propongan sus candidatos para ser contratados, aspecto que antes no estaba presente en el programa. A su vez se buscará articular Objetivo Empleo con la Ley de Empleo Juvenil en las modalidades de trabajo protegido que están presentes en esa norma.

Centros públicos.

Otro aspecto que destacó Rodríguez es que será necesaria una “revisión” del trabajo de los Cepes, que llevan unos ocho o nueve años de implementados. Estos centros son la principal herramienta de las políticas activas de empleo en el interior del país, pero a pesar de que tuvieron buenos resultados, estos se mantienen estables recientemente.

Para Rodríguez será necesario dotar de más técnicos a esos centros para que mejoren su funcionamiento, y para ello la tarea deberá pasar a ser una competencia del gobierno central y no de las intendencias. “No es por falta de voluntad”, explicó, pero los gobiernos departamentales no pueden en muchos casos aportar personal calificado en el área laboral para mejorar los resultados de los Cepes.

Esos cambios no implican desligar los centros de empleo de las intendencias, ya que los objetivos de capacitación, por ejemplo, se definirían en conjunto con el gobierno central, de acuerdo a las necesidades de personal de cada departamento.