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El Poder Ejecutivo maneja la posibilidad de que en la próxima ley de Presupuesto, que se aprobará en el primer año de la siguiente legislatura, se incluya una disposición que implique “desenganchar” a una cantidad de funcionarios públicos cuya retribución está atada, de una manera u otra, al sueldo que cobran los ministros de Estado.
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Es que desde hace meses el gobierno enfrenta conflictos gremiales y juicios en reclamo de un aumento salarial después de que en el actual período se le otorgó un incremento a los ministros de Estado. El Poder Ejecutivo ensayó varias estrategias para evitar que la suba alcanzara a otros funcionarios del Poder Judicial, algo que no había previsto, pero todas sufrieron reveces en los juzgados.
Uno de los conflictos más recientes es el que desarrolla el sindicato de Registro Público y Civil, que tiene trancados miles de expedientes y que impide el desarrollo normal de diversos trámites.
Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que en el gobierno existe voluntad de pago y que en función de eso se reconoce la deuda que se ha generado “con todos los colectivos” alcanzados por esta equiparación, pero que la intención es que para el futuro se produzca ese “desenganche” de modo que un incremento en el sueldo de los legisladores o ministros no implique automáticamente un aumento para miles de funcionarios.
Esa fórmula fue manifestada por representantes del Poder Ejecutivo en la reunión que el martes 11 mantuvieron durante dos horas el presidente José Mujica, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y el ministro de Economía, Mario Bergara, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia Jorge Larrieux, Jorge Ruibal, Jorge Chediak y Ricardo Pérez Manrique.
Ayer miércoles los ministros de la corporación se reunieron con algunos de los gremios que reclaman el aumento y les manifestaron que en el Ejecutivo se maneja esa posibilidad, dijeron a Búsqueda fuentes sindicales.
El conflicto se originó a causa de una disposición de la última ley de Presupuesto que equiparó el salario de los ministros de Estado con el de los legisladores, sin tener en cuenta que el sueldo de los ministros es la base de cálculo para decenas de cargos en el Estado. El Poder Ejecutivo promovió en dos oportunidades cambios a esa legislación pero en ambos casos fueron declaradas inconstitucionales por la SCJ.
En función de eso, el gobierno manifestó al gremio de los jueces su disposición a pagar un aumento del orden del 26%, pero expresó dificultades para hacerlo.
En el encuentro con los ministros de la corporación, los jerarcas del Poder Ejecutivo reiteraron su disposición al pago, pero volvieron a mencionar dificultades jurídicas y económicas para llevarla a cabo.
A la salida del encuentro, Guerrero dijo a la prensa que el Poder Ejecutivo convocó a los ministros de la Corte “no para que ellos resolvieran el problema de otros colectivos (...). No se trata de que cobre vigencia al artículo 64 (de la ley de Presupuesto) y se pague un aumento generalizado para todo el que reclama. Esto hay que organizarse financieramente y ver el dinero que saldría”.
“La voluntad del Poder Ejecutivo es cumplir con las normas pero entendemos que hay que diagramar una norma habilitante”, agregó. El jerarca estimó el costo del cumplimiento de la sentencia en unos U$S 60 millones anuales.
“El grupo de colectivos que reclama es muy heterogéneo. Tenemos que tratar de consensuar una norma habilitante que permita una salida en la que estemos todos conformes(...), los ministros de la Corte son las personas jurídicamente más habilitadas para analizar las características de la norma”, reflexionó. “No podemos seguir indefinidamente en un conflicto entre la cabeza del Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial”.
Ayer miércoles a última hora de la tarde, la SCJ colgó un comunicado en su página web en el que informa de la voluntad del Ejecutivo de pagar. Asimismo sostiene que se manifestó la “falta de información sobre los colectivos” alcanzados y “algunos representantes del Poder Ejecutivo manifestaron la necesidad de una ley habilitante”.
“No se manifestó una fecha de pago concreta para cumplir con dichas obligaciones. Queda pendiente una próxima reunión con el Poder Ejecutivo”, concluye el comunicado de la corporación.
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