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El periodista deportivo Javier Máximo Goñi mira fijo a la cámara y lanza el desafío. Dice que quiere juntar a las “dos campanas” en una “cancha neutral” para debatir sobre el rol de la empresa Tenfield en el fútbol. Cuando habla de las dos campanas se refiere a los periodistas que están en contra y a los que están a favor del empresario Francisco “Paco” Casal. Dice que lo hace para que el televidente no se vea “bombardeado” por distintas posturas y pueda tener “mayores argumentos para tomar una posición final”. “Invito, no intimo”, aclara. “La polémica y el debate a este país en el aspecto político muchas veces lo hizo grande entre los grandes”, culmina Goñi desde el programa “Sin Límite”, que sale por cable por la señal VTV, propiedad de Tenfield.
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La invitación al debate es el corolario de una semana agitada para el negocio que rodea al fútbol. La empresa posee los derechos de fútbol local desde el año 1998, se vio por primera vez enfrentada públicamente a sus principales protagonistas, los futbolistas. El puntapié lo dieron los jugadores de la Selección uruguaya. El jueves 27 de octubre, varios de sus referentes —el capitán Diego Godín y el delantero Luis Suárez, por ejemplo— divulgaron a través de las redes sociales un comunicado donde intiman a que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Tenfield “cesen de forma inmediata” de “usar y explotar de forma ilegítima” su imagen.
“Creemos que el patrimonio de Ia Celeste debe venderse directamente a las marcas finales para obtener el mayor rédito posible y generar los recursos que merece nuestro fútbol”, dicen. Y denuncian que tanto la AUF como “la empresa intermediaria Tenfield” han “comercializado” los derechos de imagen de los jugadores sin su autorización ni consentimiento. “No vamos, en ningún caso, a ceder nuestros derechos de imagen a intermediarios, ni vamos a tolerar que estos intenten comercializarlos y explotarlos en perjuicio del fútbol uruguayo”, advierten los jugadores. El comunicado surgió en rechazo a un reciente contrato entre la AUF y Tenfield por el cual la empresa mantiene los derechos de la camiseta de la selección hasta 2023. Lo hace mediante un contrato con la marca Puma, presentada por Tenfield, que iguala una oferta de Nike por U$S 24,5 millones por siete años.
La respuesta de Tenfield a los jugadores llegó al día siguiente a través de otro comunicado. La empresa recuerda que acuerdos alcanzados con la AUF y la Mutual de Jugadores, que cedieron sus derechos “en forma absolutamente legítima” y que estos “no datan únicamente de 1998, como se indica falsa y malintencionadamente en el comunicado, sino que fueron ratificados, refrendados y, en su caso, rectificados en 2003, 2007, 2009, 2011, 2014 y 2015, y cumplidos a cabalidad por todos y cada uno de los jugadores que ahora manifiestan no autorizar su imagen”. La carta de Tenfield, firmada por el vicepresidente de la empresa, el ex jugador Nelson Gutiérrez, dice que la conducta de los jugadores supone una “intromisión consciente e ilegítima en las relaciones contractuales vigentes” entre Tenfield y la AUF, y entre Tenfield y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que “será pasible de las acciones legales que correspondan”.
El lunes 31 de octubre se sumó un nuevo comunicado, en este caso de la Mutual, que reconoció el “error” de haber cedido los derechos de imagen de los futbolistas a la empresa Tenfield y se “responsabiliza” por el mismo “sea cual sea las consecuencias”.
Dos gobiernos, dos posturas.
El actual gobierno ha mantenido una actitud distante de los vaivenes del negocio del fútbol. El secretario Nacional del Deporte, Fernando Cáceres, dijo a Búsqueda que en este caso puntual se siguió el tema “con mucha atención”, pero aclaró que no habrá una intervención gubernamental. “No se justifica mientras todo se desarrolle dentro de la ley, pues se trata de un asunto de la esfera privada y somos muy respetuosos de la autonomía”. De todas formas, Cáceres resaltó el “muy buen vínculo con todo el proceso de selecciones nacionales”, y destacó que se “respeta y valora mucho la actitud de los futbolistas uruguayos, tanto dentro como fuera de la cancha”.
Durante el gobierno de José Mujica el vínculo con el fútbol y sus negociados fue diferente. En 2013 Mujica laudó a favor del empresario Casal en el litigio que este mantenía con la Dirección General Impositiva (DGI) por diferencias sobre el pago de impuestos en las transferencias de futbolistas. La decisión —a la que se opuso el vicepresidente Danilo Astori— se fundamentó en un dictamen que advertía que el Estado corría riesgo de perder un juicio millonario por culpa de los miles de “vicios de forma” cometidos por la DGI en su investigación contra Casal.
Fue también durante el gobierno de Mujica que fue cesado de su cargo el ministro de Deportes y Turismo, Héctor Lescano, luego de que defendiera la independencia de la AUF y cuestionara a Tenfield. En el libro “Figueredo, a la sombra del poder”, de los periodistas Diego Muñoz y Emiliano Zecca, Lescano descartó que su salida se debiera a “presiones de parte de ningún grupo”. Pero admitió diferencias que tenía con Mujica sobre Tenfield. “Teníamos diferencias muy importantes a la hora de valorar ciertas políticas sobre fútbol, (…) en negociación de jugadores, derechos televisivos, etc”. Lo que el ex ministro asume en el libro de Muñoz y Zecca es que el anterior gobierno tuvo participación en la salida del ex presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, enfrentado a Casal por derechos de televisión. “La salida de Bauzá fue un gran error en el que lamentablemente no puedo ocultar que hubo responsabilidad de carácter político, lo digo esto con dolor y con sentido crítico y autocrítico”.