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Al tiempo que analiza una salida que “contemple” el reclamo de la empresa de capitales finlandeses UPM (ex Botnia) —que aspira a conseguir la habilitación para incrementar su producción anual de pasta de celulosa— y también del gobierno de Argentina, que rechaza esa posibilidad, el gobierno del presidente José Mujica “repasó atentamente” en los últimos días el contrato de inversión firmado con la empresa y, tras una “lectura exhaustiva”, concluyó que es necesario “renegociar” el texto, puesto que el actual no genera ninguna obligación a dar “nada más” que lo habilitado, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
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En ese marco, en el Poder Ejecutivo cobra fuerza la idea de que al reabrir una negociación contractual se podrán reclamar “nuevas contrapartidas, que incluso pueden ir más allá de los asuntos ambientales”, relató una de las fuentes consultadas.
De esta manera, el presidente José Mujica podría encontrar una forma de llegar a una solución que “contemple a todos”, relataron las fuentes. Como parte del análisis que maneja el gobierno se encuentra, por un lado, el interés por no perjudicar el relacionamiento bilateral con la administración de Cristina Fernández, de cuyo visto bueno y voluntad política dependen varios emprendimientos y que a su vez está condicionada —según entienden en el Poder Ejecutivo— por las elecciones que se llevarán a cabo en octubre y por las “heridas” que dejó en un sector de la población la resolución del conflicto binacional que en el período pasado enfrentó a los dos países por la instalación de Botnia.
Por el otro lado, está el hecho de que UPM es la mayor inversión privada operativa en el país, que encabeza hasta ahora la producción y exportación forestal, y es además el mayor generador de energía privado. Además, mantiene en vilo una propuesta para hacer una segunda planta de producción de pasta de celulosa, si se le permite incrementar la producción de la planta Orión en Fray Bentos.
UPM aspira desde fines de 2011 a incrementar el máximo de producción permitido anualmente de 1,1 a 1,3 millones de toneladas y lo planteó ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El viernes 30 emitió un comunicado de prensa en que anunció la parada anual de mantenimiento de su planta de celulosa de Fray Bentos, que comenzará el sábado 14. Según el comunicado, “el reinicio de las operaciones de la planta está previsto para el miércoles 25 de setiembre” pero “esto está sujeto a la aprobación” del incremento de producción o “de lo contrario la planta no podrá reiniciar su actividad hasta el mes de noviembre”, cuando empieza su ciclo de producción.
Una de las fuentes oficiales señaló que “en el gobierno no cayó nada bien el planteo extemporáneo de la empresa en algo que sabían que no tenía derecho”. Es que el contrato “no establece la obligación de dar nada más”. “En todo caso habrá que renegociar el contrato”, señaló un informante.
“Quiere hacernos pelear”.
En tanto, esta semana se intensificaron las menciones de jerarcas argentinos sobre el tema. De hecho, el canciller Héctor Timerman se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, el lunes 9. Luego de eso, Timerman indicó que este “no es un problema entre los gobiernos de Uruguay y Argentina” sino “de una empresa que quiere hacernos pelear para lograr un aumento de sus ganancias”.“Vamos a ser inflexibles para preservar el río Uruguay”, señaló.
Más lejos fue Urribarri: dijo que UPM “presiona al gobierno uruguayo” y amenazó con volver a denunciar a Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el tema. Mujica se limitó a responder, al ser consultado por la prensa: “Urribarri es un amigo” pero “está en campaña electoral”.
En tanto, el canciller, Luis Almagro, y el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, aclarararon que Argentina no tiene poder de “veto” sino apenas un mecanismo de consulta cuyo plazo está por llegar a su fin.
En declaraciones al portal web de Presidencia, Cánepa dijo que “el estatuto no establece un veto sobre otro país, lo que hay es una consulta bajo determinados criterios, plazos y requisitos que se deben cumplir”. Luego “Uruguay estará en condiciones de tomar una decisión que cumpla con las leyes nacionales y estándares internacionales sobre medio ambiente”, añadió.
En la misma línea, Almagro comentó que una vez vencido el plazo de “consulta compartida” en CARU este mes, “la decisión es de Uruguay”. “Después que sale de CARU el Ministerio de Relaciones Exteriores no se queda con eso porque no aprueba proyectos productivos”, indicó, según recogió el diario “El Observador”.
Mujica tiene pendiente reunirse en los próximos días con uno de los más altos jerarcas de UPM y también con la mandataria Cristina Fernández para terminar de cerrar el tema (Búsqueda Nº 1.729).
