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Una buena amiga festejaba los recientes desmanes contra la Suprema Corte de Justicia, y justificaba además, la asonada de febrero contra el máximo organismo judicial. Su argumento: “Los ministros de la Corte impiden juzgar a los violadores a los derechos humanos. Ahora que se la banquen y se vayan”. No hubo cómo hacerle entender que las sentencias se fundamentan, que no son decisiones arbitrarias y que para expresar disconformidad pueden ser cuestionadas y discutidas sin utilizar la fuerza bruta.
Le argumenté que esas acciones contra uno de los tres poderes del Estado se dan la mano, en su esencia, con las características de un golpe de Estado y que esos vándalos deben ser juzgados con severidad para evitar, precisamente, lo que le cuestionan a la Corte: la impunidad.
A lo largo de la historia, los golpes de Estado —un concepto de cuatro siglos— suelen producirse mediante las acciones violentas de integrantes del Estado apoyados por las Fuerzas Armadas, para desplazar a las autoridades legalmente constituidas. Como en 1973. Cuando muchos apoyaron el golpe presuntamente “peruanista”.
En una concepción más cercana, Curzio Malaparte fue a la médula. En “Técnicas del golpe de Estado” (1931), cuestionó al nazismo y al fascismo y argumentó que la definición de un golpe no se limita a la violencia ejercida por integrantes del Estado, sino también a la violencia ejercida por civiles que generan un caos social para desestabilizar o derrumbar a las autoridades de un poder legítimo. Para este caso, el Poder Judicial.
Con ese razonamiento intenté que mi amiga entendiera las consecuencias de las hordas y la importancia de las garantías constitucionales. Se limitó a callarse y a encogerse de hombros. No entendió o no le importó. Antepuso su militancia partidaria a la legalidad y a la estabilidad institucional. No es solo su culpa. Responde a la ceguera que en ella y en miles de militantes han sembrado sus líderes o referentes. Éstos —desde el de menor relieve hasta las cúpulas—, en lugar de repudiarlo, se callan buscando llevar agua para su molino electoral o —repugnantes cómplices— evitan enfrentarse a los golpistas porque les temen. Ojo. No son sólo los conductores políticos. También se callan las organizaciones estatales de defensa de los derechos humanos, las no gubernamentales y, lo más grave, los gremios de la actividad jurisdiccional.
Muchos integrantes de esas hordas y sus conductores desconocen —o lo olvidan convenientemente— que el 1º de julio de 1977 la dictadura volvió a quebrar la Constitución: suprimió la autonomía del Poder Judicial y lo subordinó al Poder Ejecutivo. Creó un Ministerio de Justicia que ahora algunos reivindican.
Recordemos algunas consecuencias: los integrantes de la Corte (se eliminó el concepto de “Suprema”) pasaron a ser designados entre magistrados amigos o afines al régimen. Lo mismo ocurrió con la designación y traslado de jueces y fiscales que fueron interinos, y durante cuatro años susceptibles de ser removidos, cualquiera fuera su categoría o antigüedad. Quienes tenían posiciones discrepantes fueron destituidos.
Desde ese momento muchos magistrados, cobardes, afines o por represalias, temían intervenir cuando los demandados o imputados estaban vinculados a la dictadura. Ni de casualidad actuaban de oficio en las violaciones a los derechos humanos que tampoco nadie denunciaba. Perseguían a gremialistas, periodistas y políticos. Actuaba, además, la justicia militar.
En el terreno de lo contencioso administrativo el acto institucional declaró que no podrían anularse “los actos políticos del gobierno” y que estos eran irrecurribles “por razones de seguridad o de interés público”.
Todo muy parecido a lo que ahora pretenden las hordas: “la única verdad es la nuestra y la imponemos a la fuerza”.
El Colegio de Abogados del Uruguay rechazó entonces públicamente que se abandonara la tradicional separación de poderes y que se dejara de lado la prevalente doctrina democrática. Al quitarle a la organización de justicia la condición de poder “se quiebra el congruo y tuitivo equilibrio que entre él y los otros centros de autoridad ha existido desde la primera Constitución de la República, tradición que se remonta a los mismos orígenes de nuestra nacionalidad”, dijo. Nada cambió y abogados, blancos, colorados y frenteamplistas fueron detenidos, interrogados por los servicios de inteligencia, algunos fueron torturados y muchos debieron exiliarse junto a miles de perseguidos políticos.
La semana pasada, Búsqueda advirtió en su editorial sobre esta “campaña destinada a desacreditar a la máxima instancia del Poder Judicial” por haber votado la inconstitucionalidad de artículos de la ley interpretativa de la “ley de caducidad”. La misma que antes de votarse muchos integrantes del gobierno cuestionaron.
Esta campaña de descrédito y violencia no se limita a las hordas. Hay vándalos intelectuales. El Poder Ejecutivo, a través de varios ministros —el presidente José Mujica no puede desconocerlo—, buscó presionar a la Corte. Usted puede usar el vocablo “presión” o sus sinónimos: apretura, estrujamiento, fuerza, coacción apremio, imposición, influencia, conminación o intimidación. Cualquiera se ajusta a lo sucedido aunque se lo pretenda disfrazar con la entrega de una declaración del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU que cuestiona el fallo de la Corte.
En 2013, cuarenta años después de irrumpir la dictadura, los uruguayos asistimos a algo que se asemeja demasiado a un golpe de Estado. La historia lo registrará. Y, si sus protagonistas siguen adelante con la presión, no los absolverá.
