Que no habrá más impuestos, que no aumentará la carga tributaria a la producción agropecuaria, que no se cobrarán retenciones a las exportaciones de productos del agro.
Esos y otros compromisos de las autoridades del gobierno fueron reclamados en los últimos años por algunas gremiales rurales, que ahora advierten una “escalada de impuestos” en los ajustes en el cobro del Impuesto de Primaria (IP) y la Contribución Inmobiliaria Rural (CIR).
El aumento de 22% de la CIR es un “total despropósito” por “ignorar las circunstancias difíciles” que enfrenta el país productivo, señalaron la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural (FR), la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Cámara Uruguaya de Productores de Leche (CUPL) y la Sociedad de Productores Lecheros de Florida (SPLF), en un comunicado divulgado el jueves 15.
Para esas gremiales de tamberos, el gobierno incurre en una “contradicción” al implementar una serie de medidas de apoyo a la producción de leche, debido a la caída en el precio de ese producto, y al mismo tiempo incrementar la carga impositiva, dijo a Campo el titular de la ANPL, Rodolfo Braga. Comentó: “Por un lado, el gobierno hace negociaciones con Venezuela para vender los lácteos, y por otro, pone más impuestos. No parece lógico”. Además, el Instituto Nacional de la Leche gestionó el pago de un adelanto del nuevo fondo lechero a los tamberos, entre otros apoyos para ese sector.
En la administración pasada, el Poder Ejecutivo promovió el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, que luego fue parcialmente derogado debido a la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Ante ese revés jurídico, el gobierno de José Mujica reimplantó el Impuesto al Patrimonio en el agro a mediados de 2013.
Mientras, en la actual administración de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo reinstauró el Impuesto de Primaria en el sector agropecuario, lo que fue una promesa electoral. Y ahora, en el proyecto de Ley de Presupuesto, el gobierno, en acuerdo con el Congreso de Intendentes, eliminó la reducción de 18% en el pago de la Contribución Inmobiliaria Rural, que regía desde 2001. Esa medida ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y queda pendiente la decisión del Senado.
Los propietarios de padrones rurales con una extensión de hasta 200 hectáreas equivalentes a índice Coneat 100 (promedio nacional) seguirán exonerados del pago de ese tributo por hasta las primeras 50 hectáreas, según la propuesta oficial.
Esto “hace perder credibilidad y crear un mayor halo de incertidumbre en una realidad compleja para la producción agropecuaria”, dijo por su parte el presidente de la ARU, Ricardo Reilly.
Consideró que “los responsables (de esa medida) son quienes lo negociaron, quienes lo promueven y quienes lo votan, entre los cuales hay legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional”.
Seis diputados del sector Alianza Nacional (AN) votaron a favor de la aprobación del artículo vinculado a la CIR, al igual que los oficialistas y el representante de Asamblea Popular. Y otros 10 legisladores de AN que no votaron, al igual que los del Herrerismo y de los Partidos Colorado e Independiente.
“En un momento de desaceleración económica esto es ponerle un freno de mano”, se quejó Reilly.
Y advirtió que esto “no es una medida aislada”, ya que antes se aprobaron otras modificaciones, como la vinculada al Impuesto al Patrimonio y al Impuesto de Primaria.
“El Poder Ejecutivo, los legisladores y los intendentes promotores de este nuevo incremento en los costos de producción, son los responsables de agregar más incertidumbre a la ya existente, desalentando la inversión productiva en detrimento de las importantes transformaciones en el agro de los últimos años”, cuestionaron las gremiales en el comunicado.
Consultado por periodistas sobre ese tema el viernes 16, el subsecretario de Ganadería, Enzo Benech, dijo: “Hemos visto crisis mucho más profundas, con dificultades para comer, trabajar o pagar sus cuentas. No es la situación de hoy, por lo tanto no dramaticemos más de la cuenta”. Y planteó que si se quiere “tener buenos servicios, rutas, puerto y Estado eficiente, alguno tiene que pagarlo”.
“En valores absolutos (el pago de la CIR) no es tanta plata, son unos millones de dólares”, opinó.
Esa modificación tributaria podría permitir la recaudación de entre U$S 12 millones y U$S 14 millones anuales, según cálculos del gobierno.
También en respuesta al comunicado de las gremiales rurales el presidente del Congreso de Intendentes y jefe de la comuna de Cerro Largo, Sergio Botana, salió al cruce y fustigó el “tono de amenaza” del mismo, según publicó “El País” el martes 20.
El comunicado original era más duro en sus críticas que el divulgado, porque cuestionaba la capacidad de gestión de los gobernantes, entre otros puntos, pero algunas gremiales del sector lechero condicionaron su apoyo a que se excluyeran algunos términos, contaron a Campo integrantes de esas asociaciones de productores.
Intendencias “no cumplen”
Tanto Braga como Reilly señalaron que “el dinero (de la exoneración impositiva vigente por Contribución Inmobiliaria Rural) siempre estuvo disponible para las Intendencias, que lo transfería Rentas Generales”.
Pero “hay Intendencias que no cumplen con la ejecución de proyectos, como las obras en caminería rural, aunque tengan el dinero disponible, y resulta ser que ahora reclaman más dinero, diciendo que es para caminería rural”, criticó el titular de la ARU. Acotó: “¿Y dónde está escrito que esto será así? ¡En ningún lado!”.
En reuniones mantenidas con el ministro de Economía, Danilo Astori, en el marco de la reciente Expo Prado, ese jerarca manifestó a directivos de la ARU que “si el Parlamento no aprobaba ese artículo de la Ley de Presupuesto, el equipo económico no tenía problema en bajarlo”, contó Reilly. Eso mismo lo reconoció en días pasados ese jerarca en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.
Al término del acto de clausura de esa muestra, el sábado 19 de setiembre, Astori declaró a periodistas: “En el Ministerio de Economía no estamos de acuerdo con la eliminación de la rebaja (de la CIR), porque tiene el mismo efecto que un incremento de impuestos”.
Para los directivos de esas gremiales del agro este tema deja en evidencia las discrepancias entre integrantes del gobierno y del FA, lo que genera mayor incertidumbre.
