Grotesco

Fue un acto democrático, sin duda. Quienes votaron ejercían la representación que sus compatriotas les confirieron en las urnas. Pero el clima y el espectáculo que rodeó la votación fue, por decir lo menos, escandaloso.

Los fundamentos de voto no fueron en zaga, no solo por la teatralidad exhibida por numerosos protagonistas. Unos invocaron a Dios, a familiares, a difuntos caudillos de sus ciudades o estados para justificar su voto por “Sí”. Un ex militar lo hizo por un coronel, denunciado por torturador durante la dictadura militar (1964-1985).

Votantes del “No”, por su parte, calificaron de “corruptos”, “canallas”  y “traidores”, de no tener ética”, a quienes hasta hace poco eran sus aliados. En tono amenazante les advirtieron que la decisión que estaban tomando pesará sobre sus conciencias por el resto de sus vidas. Curioso, porque las debilidades e inconductas ahora denunciadas fueron aceptadas y ocultadas mientras apoyaron al gobierno.

Decenas de miembros de la Cámara, partidarios y oponentes del impeachment son investigados por la Justicia por el “lava jato” o “petrolao”.

Sin perjuicio de los intereses políticos que estaban en juego y de la pasión que desató la acusación contra Rousseff, la relevancia institucional de la decisión que debían tomar merecía otra actitud, otro respeto por sus compatriotas y por sus investiduras.

Fue un comportamiento inaceptable, indigno, que ni siquiera puede justificarse con el pretexto de querer complacer a quienes manifestaban en las calles.

Que los representantes del pueblo no hayan procesado este debate con la actitud y el recato que el tema merecía, pone de manifiesto que en las democracias estos no siempre son los mejores ciudadanos ni los más virtuosos. Suelen ser una muestra representativa de la sociedad, poseen las mismas virtudes, ambiciones y defectos que sus votantes.

El cuadro exhibido el domingo por los diputados expuso la dimensión de la fractura política de Brasil. Mostró también el desgaste de los políticos por la trama corrupta creada para aferrarse al poder. Pero también por haber querido convencer a sus compatriotas de que el país jugaba de igual a igual con las naciones más poderosas del planeta, mientras, como en Grecia, se ocultaba la dimensión de la crisis que se avecinaba.

Brasil no es el único país en la región que ha vivido episodios o situaciones políticas que ensombrecen su vida democrática. Hace 15 años, en medio de la tragedia que vivía Argentina, su Congreso celebró ruidosamente el default. El presidente Nicolás Maduro dijo sin ruborizarse que recibía mensajes del difunto Hugo Chávez por medio de un pajarito. Evo Morales atribuyó —y agradeció en una ceremonia oficial— a la Pachamama (la madre tierra) por sus diez años en el poder. Situaciones más o menos similares se viven en muchas de nuestras democracias latinoamericanas.

No son un “privilegio” de la región. Con su arrogancia de millonario y su reconocida teatralidad, el gran “bufo” italiano, Silvio Berlusconi, convirtió durante una larga década la política de su país en un espectáculo indigno y decadente. Lo hizo, mientras lo dejaron, con el respaldo de sus compatriotas.

El impeachment con que la oposición brasileña quiere deshacerse de Dilma es un procedimiento legal previsto por la Constitución del país. Se trata de un juicio político en el que compete al Congreso juzgar determinados comportamientos políticos, en el caso “crímenes de responsabilidad”.  El legislativo no juzga ilícitos punibles penalmente, que es competencia de los tribunales judiciales.

A la presidenta se le acusa de maquillar las cuentas públicas para obtener su reelección en 2014. Si una maniobra política de este tipo, que presupone la intención de engañar a los ciudadanos para condicionar su voto en la máxima instancia democrática del país constituye o no un “crimen de responsabilidad”, es precisamente el punto sobre el cual debían pronunciarse los diputados. En mayo tendrán que hacerlo los senadores.

Resulta, por tanto, un rebuscamiento político afirmar que se trata de un “golpe de Estado” legislativo como lo sostienen la presidenta, su antecesor y mentor, Lula, y quienes se  oponen al impeachment.

Resulta claro que calificar de “golpe de Estado” la intención de los congresistas opositores de juzgar la conducta política de la presidenta, cuando en paralelo la magistratura investiga una gigantesca trama de corrupción, con perjuicio patrimonial para el Estado, que ya llevó a la cárcel a poderosos empresarios, a operadores del Partido de los Trabajadores y a allegados a Lula y a Dilma —ambos bajo sospecha de que ignoraban lo que ocurría— huele a maniobra destinada a ensuciar la cancha y ensombrecer la pesquisa judicial en curso.

La magnitud de la derrota sufrida por el oficialismo (367-137) habla a las claras de la debilidad del gobierno que encabeza Rousseff y pone en duda su real capacidad de gobernar el país durante los dos años y medio que restan de su mandato. En un artículo que reprodujo “El País” de Madrid (15/4/2016), el sociólogo brasileño Fernando Mello estimó que el mandato de Dilma “llegó a su fin antes de que se vote su destitución”.

Muchos se preguntan ahora es si la derrota política de Dilma arrastará a Lula, cuyo intento de última hora de salvar a la presidenta fue, vistos los números de la votación, un rotundo fracaso. Sugiere que los últimos acontecimientos, el “mensalão”, el “lava jato” y otras cositas ignoradas, perdonadas o disculpadas hasta ahora, han golpeado seriamente su influencia y prestigio político. ¿Le excluye eso de una futura carrera presidencial?