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    Grupo Gamma negó cualquier vínculo con Gavazzo o Silveira

    La empresa de seguridad Grupo Gamma negó, terminantemente, cualquier tipo de vinculación con los militares retirados José Nino Gavazzo y Jorge Silveira, luego de que fuentes del Ministerio del Interior dijeran que ambos oficiales habían sido los fundadores de la firma.

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    “Esta información es absolutamente falsa”, dijo la empresa en un comunicado difundido el jueves 14. Ese día, Búsqueda había publicado, basándose en fuentes del Ministerio del Interior, que Gavazzo y Silveira —ambos en prisión acusados de violar derechos humanos durante la dictadura militar— habían sido los fundadores.

    Grupo Gamma afirmó “enfáticamente” que “no existió ni existe ningún tipo de vínculo con las personas mencionadas”. La empresa dijo desconocer “la intencionalidad manifiesta que hace que se afirme periodísticamente una mentira, incluyéndose en la misma al propio Ministerio del Interior”.

    El 28 de marzo, desconocidos ingresaron al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), encargado de buscar restos de personas desaparecidas durante el régimen militar (1973-1985). Los ladrones robaron material de archivo informático y dinero, pero también dejaron un mapa marcado con las direcciones de los integrantes del GIAF que residen en Montevideo. El GIAF tiene sus instalaciones en una dependencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que el 26 de agosto de 2010 contrató al Grupo Gamma para que instalara un sistema de alarma con servicio de monitoreo y respuesta móvil. La empresa informó que ese servicio “fue brindado (a la Facultad) sin alteraciones desde su implementación”.

    Grupo Gamma dijo, además, que el día del robo “personal de la Facultad de Humanidades realizó una consulta a fin de saber si se había recibido alguna señal de emergencia del sistema de alarma, a lo que se contestó que no se había recibido ninguna señal de alarma, lo que fue confirmado por la investigación posterior” realizada por la propia empresa.

    La compañía relató asimismo, que el mismo 28 de marzo recibió “una solicitud de informes de parte de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial solicitando elevar los reportes técnicos del sistema de alarma instalado en la calle Paysandú 1668 (donde funciona el GIAF), en el marco de una investigación llevada a cabo por el supuesto robo de material informático en el grupo de investigación antropológico”.

    “Grupo Gamma brindó toda la información a su disposición, actuando con la mayor diligencia y colaboración con todas las autoridades”, añadió.

    La empresa precisó que el 29 de marzo “efectuó un exhaustivo chequeo del sistema contratado y se demostró ante los responsables de seguridad de la Facultad de Humanidades que el mismo funcionaba correctamente y sin alteraciones”.

    Según información en poder de Búsqueda, Grupo Gamma consta de dos empresas. Una se llama Convi SA. Fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada el 17 de agosto de 1995 con el “objeto principal” de prestar servicios “de seguridad y vigilancia” por Ernesto Larrosa García y Gloria Isabel Rodríguez. La otra se llama Control Monitor Systems SRL y sus socios son, además de Larrosa García, Alex Daniel Norik. Fue constituida el 9 de setiembre de 1999 y su “objeto principal” es “la instalación y centralización de alarmas, servicio de monitoreo y respuesta telefónica y radial, instalaciones de seguridad domiciliarias y comerciales y radioenlaces de alarmas con organismos públicos y/o privados”. En ninguna de las dos empresas figuran Gavazzo ni Silveira.

    Consultadas esta semana por Búsqueda ante el comunicado de Grupo Gamma, las fuentes del Ministerio del Interior declinaron realizar otros comentarios, “porque hay una investigación judicial en curso”.

    Las dos firmas del Grupo Gamma, por otra parte, cuentan con la habilitación legal para operar en el mercado. Convi SA renovó su habilitación por un plazo de tres años el 8 de mayo de 2013. Control Monitor Systems SRL hizo lo propio el 2 de octubre de 2014, también por tres años. Las habilitaciones las concedió el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Uruguay (Renaemse), una oficina dependiente del Ministerio del Interior.