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    Guianze defendió su derecho a cuestionar a ministros de la Corte

    La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia son “funcionarios públicos”, por lo que están “sujetos a la crítica” de la ciudadanía.

    El ministro de la SCJ Julio César Chalar anunció su voluntad de denunciar a Guianze porque a su juicio la ex fiscal “habría agredido el honor” de los magistrados en una entrevista con el semanario “Voces” en la que cuestionó la forma en la que los miembros de la corporación manejan la carrera judicial. Dijo que los jueces para ascender deben hacer un “besamanos” a los ministros de la Corte (Búsqueda Nº 1.773).

    Guianze defendió su derecho a opinar sobre el rol de los ministros de la Corte el jueves 17 en un seminario sobre “Terrorismo de Estado” organizado por el grupo de ex presos políticos Crysol.

    Al ser consultada sobre este tema, Guianze dijo que todas las personas están “sujetas a crítica” y que cada cual “tiene su criterio” sobre cuál es el límite de los cuestionamientos. “El tema de la crítica para un funcionario público yo lo he sufrido y lo he tolerado. Cada uno sabe lo que tiene que hacer”, reflexionó.

    La ex fiscal recordó que cuando intervino en la investigación de causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) recibió muchos cuestionamientos sobre su actuación. “Si ponen mi nombre en Google van a ver las cosas lindas que se dicen de mí”, ironizó.

    Guianze sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo un seguimiento del cumplimiento de la sentencia del “caso Gelman” y que esa evaluación “va a dar un resultado muy desfavorable para Uruguay”. “La postura actual de la Corte nos pone en una situación de total contradicción con la jurisprudencia, no solo del continente sino la universal”, afirmó.

    La ex fiscal, que como representante del Ministerio Público pidió el procesamiento de varios de los militares encarcelados, sostuvo que es necesario “desmitificar” el hecho de que se empezó a avanzar en estas causas recién a partir del triunfo del Frente Amplio en 2005. Recordó que el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición de la maestra Elena Quinteros se produjo en 1999 y que el primer caso que se le presentó al gobierno de Tabaré Vázquez, el de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, fue declarado por el Poder Ejecutivo dentro de la “ley de caducidad”, aunque luego cambió de opinión.

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