Hacerse cargo

Este recrudecimiento de asaltos, rapiñas y “ajustes de cuentas”, que tan poca relación guarda con la arrogancia y el fastidio con que Bonomi ha respondido siempre a sus críticos, marca a fuego su pasaje por el ministerio.

Sin perjuicio del empeño y del esfuerzo realizado, el pasaje de Bonomi por el Ministerio del Interior será recordado al menos por haber reconocido el error conceptual de la izquierda en creer que solo con políticas sociales se puede combatir la delincuencia y mejorar la seguridad. “Ingenuidad galopante”, admitió en noviembre de 2016.

Una “ingenuidad” muy anterior a la llegada del FA al poder en 2005 y de la que pecó durante toda su gestión el exministro José Díaz, cuya mayor preocupación era el hacinamiento de los presos en las cárceles y no las víctimas de la inseguridad en las calles.

Trece años de políticas sociales, siete años de reenfoque de las políticas de seguridad por parte de las jerarquías de Interior han llevado al sociólogo Gustavo Leal, director de Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, a afirmar que en materia de seguridad pública en algunos sectores de la sociedad, sobre todo en el área metropolitana, “el Estado fracasa”. Leal integra el equipo de colaboradores de Bonomi desde hace siete años.

Leal dijo estar convencido de que “necesitamos un programa potente, (…) un shock de servicios de alta calidad en los 20 enclaves de mayor exclusión social en donde vive el 60% de las personas privadas de libertad, lugares donde se produce la violencia criminal”.  Estimó el costo del programa quinquenal en US$ 250 millones en un quinquenio.

Si bien sostiene que en esas zonas problemáticas “no hay ausencia del Estado”, porque existen escuelas, policlínicas, etc., hay servicios públicos deficitarios como, por ejemplo, el de la basura. “Nadie puede creer que como Estado tenés capacidad si no resolvés (el tema de) la basura”, remarcó. Reconoció asimismo que la izquierda que “muchas veces ha puesto énfasis solo en los derechos (…) tiene que poner en el mismo nivel la agenda de las responsabilidades”.

Su planteo tiene lógica, aunque no dice si esos recursos suponen la sustitución o reducción de otros programas sociales o es gasto adicional. Porque no puede ignorarse que el sector privado y muchos ciudadanos se quejan ya de la alta presión fiscal y el propio ministro de Economía ha reconocido que la capacidad contributiva de los uruguayos está ya al tope.

Antes de incorporarse al equipo del Ministerio del Interior, Leal trabajó durante dos décadas en la ONG El Abrojo, entidad orientada “al desarrollo de procesos de autonomía creciente y transformaciones creativas en la sociedad” para “actuar en el debate público”. Por su formación y su trabajo de años tiene una visión de la realidad pura y dura sobre el delito y la violencia. Visión ideológica, pero no “ingenua”.

Aunque advierte que hay que incorporar a la agenda el tema de las responsabilidades ciudadanas, Leal, militante frentista (integró el grupo de Sendic, fue suplente de Lucía Topolansky en la elección departamental montevideana) nada dice de la responsabilidad del discurso y de acciones políticas de la izquierda que contribuyeron en el pasado a la conformación de corrientes ciudadanas ganadas por la desconfianza y la pérdida de respeto a todo concepto de autoridad.

Es evidente que la inseguridad pública y la mayor violencia delictiva es consecuencia de profundos cambios que se han dado en las últimas décadas en la sociedad uruguaya. Un cóctel de pobreza extrema, marginalidad, pérdida de valores e incentivos equivocados. Disolución familiar, deserción escolar, embarazo adolescente, droga, serias dificultades para acceder a un trabajo digno.

De ello, como de otras situaciones problemáticas o conflictivas, dirigentes y activistas de izquierda se autoeximen de responsabilidad y les pasan factura a quienes los precedieron en el ejercicio del poder: colorados, blancos y militares. Parecen ignorar las consecuencias de la “ingenuidad”, reconocida por Bonomi y Leal, del clima con que el FA llegó al poder en 2005 y que, sin perjuicio de las políticas sociales que desplegó, retrasó una represión acorde con el desafío planteado por la creciente violencia delictiva.

El FA llegó al gobierno generando mil y una expectativas. Ilusionando con cambios que harían “temblar hasta las raíces de los árboles”. Convencido de que “si se reducía la crisis (social y económica) bajaban los delitos”. Enfatizando en los derechos de la gente sin contrapartida de responsabilidades.

¿Qué consecuencias tendría en sectores marginados un discurso que denunciaba que los trabajadores eran explotados por su patrón —curiosamente, ahora desde el gobierno se hace campaña para recrear  “cultura del trabajo”—, proclamar entre jóvenes de esos sectores que la Policía, a la cual se aludía despectivamente como “la yuta”, está para defender los intereses de los ricos? ¿Qué consecuencia tendría presentar a los tupas como “luchadores sociales” justificando sus robos, secuestros y crímenes? ¿O idealizar al Chueco Maciel, un delincuente común, al que se consideró un Robin Hood? 

Esa siembra de nihilismo iniciada en los años 60 que sigue muy vigente como parte de una batalla política de dominio cultural de la sociedad, ¿no tuvo consecuencias durante esos tiempos de “ingenuidad”?

¿Acaso el discurso racista y xenófobo de Trump no envalentona y estimula reacciones violentas en quienes piensan así?

Nada ocurre porque sí. Todo lo que los gobernantes y políticos hacen y dicen tiene sus consecuencias. Influye sobre el comportamiento de la gente.

Evitar “amnesias” voluntarias y hacerse cargo de ello.

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