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    Hay 16.200 personas en prisión o cumpliendo penas sustitutivas

    Es un noticia “triste”, evaluó el senador Charles Carrera, que atribuyó el aumento a la reforma del proceso penal

    Charles Carrera, senador del Movimiento de Participación Popular, llevaba varios minutos de discurso en el Comité de Base La Mondiola cuando un militante apuntó a uno de los flancos abiertos que tienen los gobiernos del Frente Amplio. Dijo que faltaba “voluntad política” para encontrar una solución definitiva a los delicados problemas del sistema carcelario uruguayo, muy criticado por especialistas nacionales e informes internacionales.

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    A Carrera, quien fue siete años director general de Secretaría del Ministerio del Interior, le irritó el calificativo. “De ninguna manera estoy de acuerdo contigo con que falta voluntad política, no voy a aceptar que se diga eso. Falta de voluntad política existió de los otros”, dijo en referencia a las administraciones de los partidos Colorado y Nacional que gobernaron tras el fin de la última dictadura. “En este país existía consenso político de que el sistema carcelario está perimido desde el año 1985 y tuvo que venir el Frente Amplio con la Ley de Presupuesto del 2011 para crear el Instituto Nacional de Rehabilitación”, argumentó.

    Durante el intercambio presenciado por Búsqueda el domingo 25 en el Día del Comité de Base, el senador mencionó las “cosas muy buenas” que el oficialismo hizo en el sistema penitenciario, por ejemplo, la construcción de nuevas cárceles para paliar el hacinamiento y los programas sociales que permiten que “las dos terceras partes de las personas privadas de libertad trabajen y estudien”.

    Con 322 encarcelados cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas de la región y del mundo.

    Destacó especialmente estas acciones ante el aumento de la cantidad de procesados generada por el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que entró en vigencia en noviembre de 2017. “Les quiero decir una noticia muy triste, que por suerte no salió mucho porque es preocupante: hoy nosotros tenemos 11.200 personas privadas de libertad y tenemos 5.000 personas más con medidas alternativas, que son sustitutivas a la prisión”, se lamentó. “Miren el CPP, ¡tan benévolo que es! Antes del CPP teníamos 11.200 personas privadas de libertad, hoy tenemos 16.200”.

    Con 322 encarcelados cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas de la región y del mundo. Cuando la reforma del CPP estaba en debate, una de las ventajas que señalaban las autoridades es que ayudaría a Uruguay a reducir esa tasa, ya que se apostaría a sustituir penas por medidas alternativas. Sin embargo, el número de presos se mantuvo y, de acuerdo al senador, hay 5.000 personas más cumpliendo penas sustitutivas.

    La crítica de Carrera al CPP fue una constante por parte de las autoridades del Ministerio del Interior durante todo el año pasado. El nuevo código establece que el fiscal podrá solicitar medidas alternativas como las libertades vigiladas, una herramienta que permite que los delincuentes cumplan parte de la pena fuera de la cárcel. Su uso excesivo provocó una sobrecarga en el servicio de vigilancia de la Policía y causó meses de discusiones entre el ministerio, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. Finalmente las tres instituciones impulsaron en junio un proyecto de ley para limitar la aplicación de la libertad vigilada, que el Senado votará la semana próxima.

    El martes 27 fue aprobado en comisión con la opinión favorable del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien explicó que la libertad vigilada solamente procederá en casos de penas de prisión o de penas menores a tres años de penitenciaría, cuando el régimen actual llega hasta los cinco años de penitenciaría. Para Díaz, cuando las salidas alternativas al conflicto penal no se cumplen, hay impunidad. “Creemos que es dar un muy mal mensaje a la sociedad el concederle a un individuo la oportunidad de cumplir una pena de una forma alternativa y que luego ese cumplimiento no se controle. Este es uno de los problemas que hoy estamos enfrentando en la práctica”.

    Peleando a muerte

    Carrera asumió en 2010 el cargo de director general de Secretaría del Ministerio del Interior, de donde se fue en 2017 para tomar la banca en el Senado que dejó Lucía Topolansky al asumir la vicepresidencia. Con su experiencia en seguridad pública, Carrera trabaja en el Parlamento sobre un proyecto que busca transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. En julio del año pasado el Poder Ejecutivo remitió una iniciativa sobre el tema, la cual el oficialismo ha modificado a partir de insumos presentados por el senador Miguel Vassallo (Asamblea Uruguay) que cuentan con el apoyo del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

    El proyecto propone la creación de un sistema penitenciario nacional integrado por las carteras de Interior, Salud Pública, Educación y Trabajo, que saque a las prisiones de la “lógica policial”. La bancada del Frente Amplio espera cerrar en las próximas semanas la propuesta definitiva para votarla con mayorías parlamentarias antes del cierre del período. “Yo quiero que las cárceles salgan de la órbita de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, y quiero que la ley se vote ahora porque la única forma de sacar las cárceles del Ministerio del Interior es con el Frente Amplio”, agregó.

     

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