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Distintos actores políticos, incluidos algunos del oficialismo, están dando una ubicación relevante en su agenda para este año a la introducción de cambios en relación con las tasas de interés para los créditos y otros aspectos de ese mercado.
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El jueves 21, después de reunirse con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el coordinador de la bancada de Diputados del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, mencionó un proyecto sobre usura —junto con la Ley de Medios y la Rendición de Cuentas— como prioritarios.
En 2020 el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente) había presentado una iniciativa relacionada con las tasas de interés. Entre los socios del oficialismo existe un acuerdo para bajar los límites a partir de los cuales se configura la usura que, según dijo el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, tiene “chance” de ser aprobado en el Parlamento (Búsqueda No 2.169).
En El Observador del jueves 21, Posadas amplió que las negociaciones pasan por tres puntos: legislar sobre la “publicidad engañosa” que brindan ciertas empresas financieras a la hora de ofrecer préstamos, la forma de calcular las tasas de interés y los topes a esos intereses, que serán ajustados a la baja. La magnitud de esa reducción es uno de los aspectos en debate dentro de la coalición de gobierno.
Cabildo Abierto también tiene como prioridad para este año que se discuta su proyecto de reestructuración de deudas de los individuos, que encontró reparos de parte de bancos privados y financieras.
En el Banco Central (BCU) comparten que hay aspectos para mejorar en el mercado de financiamiento del consumo. “Nuestra posición es que tiene algunos elementos que parecería ser interesante corregirlos, que es un poco lo que los legisladores recogen: la preocupación por las altas tasas, la atención al consumidor a veces no del todo adecuada, los sistemas de cobranza. En ese marco, es posible que haya que hacer correcciones. Pero hay que ser cuidadoso, porque no se pueden querer escribir en una ley cosas que después no van a pasar”, dijo a Búsqueda Diego Labat, presidente de ese organismo, que tiene entre sus cometidos la supervisión de la actividad bancaria y de las financieras. En ese sentido, recordó que él compartía el espíritu expuesto en la exposición de motivos del proyecto de ley de usura del 2008, pero “la realidad fue que a partir de diciembre de ese año, cuando entró en vigencia, la tasa lo único que hizo fue subir. Ahí es donde digo: ‘A veces hay que ser cuidadoso entre lo que uno quiere y el instrumento que usa’”.
El jerarca aseguró que mantuvo conversaciones con legisladores oficialistas sobre el proyecto de ley. “Pero no depende de nosotros si se aprobará o no”, acotó.
Labat insistió en que “hay ciertas cosas que se pueden llegar a corregir para tratar de mejorar ciertas malas prácticas que hay. Nosotros también pensamos hacer algunas cosas desde el BCU y tenemos prevista alguna campaña informativa que puede aportar, por ejemplo, para que la gente sepa qué es la Central de Riesgos y qué implica tener una categoría cinco (como deudor), que hace que después no se tenga más crédito. Cosas de ese estilo que puedan ayudar”.
La Central de Riesgos Crediticios es un sistema que consolida la información proporcionada mensualmente al BCU por las instituciones de intermediación financiera, empresas administradoras de crédito y de servicios financieros con relación a los créditos directos y contingentes concedidos a personas físicas y jurídicas o a otras entidades del sector financiero, así como a los conjuntos económicos que los deudores integran. A cada préstamo le es asignada una categoría de las siete previstas en la regulación, de 1 (A y C, ambas con muy buena capacidad de pago) a 5 (deudores irrecuperables).
A diferencia de este registro de deudores con el sistema financiero, lo que se conoce como “clearing de informes” —un servicio de scoring provisto por la empresa Equifax— surge de datos de incumplimiento por parte de clientes aportados por comercios o entes públicos.
