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    Hay nuevas “lógicas de gestión”

    “Por décadas predominaban en los bancos públicos gestiones que soslayaban los aspectos profesionales y se confundían de manera sistemática los planes de negocios de las entidades con el manejo asociado a los ciclos políticos. Así como puede razonarse para la operativa de las empresas públicas en general, se dificulta jugar al juego político y al juego de mercado a la vez”, afirma Mario Bergara, presidente del Banco Central (BCU), en el libro “Las nuevas reglas de juego en Uruguay: Incentivos e instituciones en una década de refomas” presentado la semana pasada.

    Menciona como un problema que se planteaba el “ablandamiento de la restricción presupuestal”, un concepto que alude a relajamiento de la estricta relación entre ingresos y egresos debido a que alguna institución, por lo general el Estado, cubre los gastos que superen a las entradas. En ese esquema quien toma las decisiones considera muy probable la obtención de tal ayuda financiera externa y dicha probabilidad está profundamente implantada en su comportamiento. Uno de sus principales efectos es su impacto sobre la eficiencia.

    Según Bergara, las “lógicas de gestión comenzaron a cambiar con la administración iniciada en 2005, lo que condujo a un panorama sustancialmente diferente en la operativa y los resultados” de los tres bancos estatales, República (BROU), Hipotecario (BHU) y de Seguros (BSE).

    En el caso del BROU, “una institución con un patrimonio languideciente se transformó en una entidad sólida, con fuerte presencia en el mercado y con el pleno cumplimiento de las exigencias regulatorias del BCU”, señala. Agrega que el BSE también “creció de manera sistemática, fortaleciendo su patrimonio y racionalizando su operativa”. Y el BHU era una “entidad cerrada, que había quebrado unos pocos años antes, entre otras cosas, por el brutal porcentaje de morosidad de su cartera, fiel reflejo de las conductas de manejo político y de ablandamiento de restricciones que fueron su sello de identidad durante décadas. El proceso de reforma en el sector de la vivienda permitió racionalizar las actividades del BHU, reabrir sus puertas y comenzar a operar saludablemente en el mercado hipotecario”, apunta Bergara.

    En su opinión, también se apreciaba de manera “sistemática” el ablandamiento de restricciones presupuestales en un marco en el que la legislación de bancarrota era “esencialmente inoperante y dificultaba la resolución judicial de los contratos financieros, sumado esto a la capacidad de presión de diversos grupos sociales sobre el sistema político”. Adicionalmente, según el jerarca, se generaban “contradicciones entre el Estado como regulador del mercado financiero y el Estado como banquero”.

    “Era clara la necesidad de un rediseño global a efectos de fomentar en la banca pública un ambiente de manejo adecuado de riesgos, criterios más profesionales de realización de negocios e instituciones con la debida liquidez y capitalización y que sigan un correcto control regulatorio. Dicho rediseño se inició a partir de la crisis de 2002-2003, cuando se comenzaron a tomar medidas en el ámbito regulatorio que apuntaban a equiparar las exigencias y la intensidad de supervisión de las instituciones estatales y privada”, sostiene.

    Plantea, además, que el “ingrediente cultural es parte del contexto institucional; la forma en que las sociedades visualizan de hecho los procesos tiene un impacto central en los diseños de política y en sus resultados efectivos. La cultura del ablandamiento de las restricciones financieras estaba instalada en el país no solo en materia crediticia, sino también tributaria, comercial, etc.”.