Por eso, para Negro las soluciones al problema de la violencia doméstica —uno de los delitos más denunciados en Uruguay— pasan por “reideologizar” al agresor para que aprenda “otro modo de vincularse con el sexo opuesto” y no por crear nuevas figuras penales, porque “la represión no es la única alternativa”.
En diálogo con Búsqueda, el fiscal expresó su preocupación porque algunos colegas y organizaciones sociales proponen establecer la figura del “femicidio”. Ese delito, que fue recientemente incorporado a la legislación de varios países en América Latina, plantea una regulación más gravosa para los homicidios de mujeres a manos de su pareja, porque parte de la base de que esos crímenes se sufren por el solo hecho de pertenecer al sexo femenino.
“¿Por qué hay que clasificar la muerte de una mujer por un hombre con una categoría distinta?”, se preguntó Negro, y respondió: “Creo que no. Soy un convencido de que cuanto más Derecho Penal, hay menos derechos”.
Según el fiscal, la muerte de una mujer a manos de su pareja “ya está abarcada por la figura del homicidio”. La aprobación de una figura penal sería una “pésima señal” para la población, porque se le estaría diciendo que “todos los delitos se van a terminar cuando les subamos las penas o los incorporemos como tales” y eso es “absolutamente falso”.
“Eso no funciona ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo”, advirtió y puso como ejemplo la creación del delito de violencia doméstica.
“¿Terminó el fenómeno de la violencia doméstica la creación del delito? En absoluto. Los agresores eran procesados antes por el delito de lesiones y no cambió nada, solo que tenemos una figura preciosa de violencia doméstica en el Código Penal”, razonó.
Negro cuestionó además que las organizaciones que piden la creación de figuras nuevas para combatir la violencia doméstica son las mismas que critican el endurecimiento de las penas en otras áreas.
“Las mismas personas que piden el femicidio no están de acuerdo con aumentar las penas para la rapiña o el homicidio. ¿Por qué sí es la solución entonces en materia de violencia doméstica? Hay una dualidad de criterios que no resiste ningún análisis”, opinó. “Estas soluciones son tentadoras y hay que tener mucho cuidado”, advirtió el fiscal.
Según la información oficial del Ministerio del Interior, en los primeros nueve meses del 2012 la Policía recibió 47 denuncias por violencia doméstica cada día, una cada 31 minutos.
El último fin de semana dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas.
“Cambiar la matriz”.
“Yo no digo que el problema de la violencia doméstica sea menor o haya que ningunearlo. Al contrario, es el principal problema de seguridad pública que tenemos hoy en Uruguay”, aclaró Negro.
Lo que sucede, añadió, es que es necesario “cambiar la matriz”, porque el sistema penal no solo no está dando una respuesta adecuada a esta problemática, sino que la empeora.
De acuerdo con su experiencia, cuando una mujer denuncia a su pareja golpeadora hay dos opciones: el hombre es procesado con prisión o sin prisión pero con una orden de no acercarse a la víctima.
“Si el hombre resulta procesado, lo que hacemos es ponerlo en un sistema carcelario donde se potencia su base ideológica machista y sale buscando vengarse con esa mujer que lo denunció o con cualquier otra que vaya a tener”, indicó.
“Puede ocurrir que como la persona no tiene antecedentes resulte procesada sin prisión y se le impida el acercamiento a la víctima. Pero sucede que la mujer lo que buscaba no era que su marido no se le acerque más, ni siquiera buscaba separarse. Los que trabajamos en el sistema penal sabemos que en muchos casos lo único que quiere la mujer es que el hombre no le pegue más y no la agreda más”.
“Me parece que el sistema penal tiene que tratar de buscar herramientas distintas a estas, porque las que aplicamos hasta ahora evidentemente no han dado resultado”, prosiguió.
Según Negro, lo que debe hacerse es “cambiar el eje de discusión”, porque “la represión no es la única alternativa”. Hay que “tener cuidado” también porque la problemática de la violencia doméstica está teñida de “connotaciones pretendidamente científicas que hablan del agresor como un enfermo”.
“Esa solución es básicamente errada y los tratamientos médicos o psicológicos no atacan el problema, porque el tirano familiar es una persona que tiene su psiquis relativamente normal pero que actúa en base a una concepción ideológica que tiene internalizada”, advirtió.
“Esa concepción es el machismo, el patriarcado; eso es lo que sostiene ideológicamente al agresor. Suena complicado pero no es tan difícil de entender. Cuando se interroga a un agresor y se le pregunta por qué le pegó a su mujer te dice: ‘Porque no me hace caso’ o ‘porque no tuve más remedio’. Entonces, lo que él piensa que hizo fue cumplir con su rol como hombre, que es de dominación dentro del hogar, lo que incluye, si es necesario, la violencia”.
Según Negro, en ese contexto la única solución es “desideologizar” a esa persona para que “aprenda que hay otro modo de vincularse con el sexo opuesto”.
“Si eso no pasa, el agresor va a reincidir, porque si hay algo que tiene de característico la violencia doméstica es la reincidencia, lo que se llama el ciclo de la violencia: se violenta, se pide perdón, viene una etapa de enamoramiento, vuelven las tensiones y se golpea de vuelta”, subrayó.
Asombro.
El fiscal considera que su planteo no es “romántico”. “Es verdad que es costoso y difícil pero hay que intentarlo, porque es el principal problema que tenemos instalado”.
“Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y de ver que los índices de reincidencia se han bajado a la mitad. Si logramos eso estamos dando un gran paso”, señaló.
El fiscal señaló que “por suerte” en este momento se está desarrollando una política gubernamental a través de un Consejo Consultivo contra la Violencia Doméstica que busca “atacar la base” del problema.
En este contexto, según el representante del Ministerio Público, las pulseras electrónicas son una “buena herramienta”. Negro observó con asombro la discusión que este tema generó entre los operadores judiciales, algunos de los cuales se opusieron a esa medida porque entienden que atenta contra la libertad ambulatoria de los procesados, cuya ubicación puede ser monitoreada las 24 horas por la Policía.
“Esta medida no es la solución al problema, sino simplemente un mecanismo de control de una medida dispuesta por el juez. No viola ningún tipo de libertad ambulatoria porque el sujeto puede ir a donde se le plazca menos a donde se le prohibió expresamente por el juez. No veo dónde pueda estar la violación de sus derechos fundamentales, ni de normas constitucionales y mucho menos que se pueda estigmatizar a persona alguna”, opinó.
“Si un juez puede disponer un allanamiento con más razón puede imponer a un ciudadano la obligación de usar una pulsera por un determinado tiempo para tratar de controlar el cumplimiento de una medida”, concluyó.
