¿Por qué saber? Porque una sociedad se construye desde su pasado que explica su presente y le da una verdad que es su identidad. Para esa construcción es necesaria la memoria, pero la memoria no lo es todo. Porque también la memoria puede usarse para intereses sectoriales que presentan su memoria como la memoria de toda la sociedad, lo que constituye una falacia.
La esencia de la democracia no permitiría un relato de lo ocurrido que satisfaga a toda la sociedad, pero sí posibilita un relato elaborado entre la mayor cantidad de actores que contenga todos los aspectos posibles de lo mejor y lo peor de lo ocurrido, enseña Tzvetan Todorov.
Y ese relato no debe ser dictado por el poder o por militantes del poder. Eso hacen las dictaduras de derecha o de izquierda.
La justicia es un valor a tener en cuenta, pero en la realidad lo que existe no es justicia, sino jueces.
La justicia puede ser “una vaca pastando en la democracia”, como cantó Zitarrosa; puede actuar, más o menos efectivamente, en todos los asuntos en que es necesitada; y también, como se constató desde 1985, estar sujeta a los diferentes gobiernos y a los cambios ocurridos en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional Penal que fueron refrendados por el país.
La búsqueda de verdad siempre será más fuerte que una sentencia judicial.
En Uruguay ya quedó demostrado que la búsqueda de verdad es más fuerte que los votos que se emitan, en el Poder Legislativo (Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 1986); o en las urnas (Referendo de 1989, por el voto amarillo o verde y Plebiscito de 2009).
Al no encontrarse la verdad de lo ocurrido entre 1973 y 1985, los agonistas de esa ausencia mantuvieron su reclamo. Reclamo que el establecimiento absorbió según su conveniencia. En un sector del sistema político, fue desestimado. En otro, la izquierda, se utilizó según el calendario electoral y su concepto de acumulación de fuerzas. Rodney Arismendi, en 1987, siendo secretario general del PCU, le confió al entonces senador batllista Eduardo Paz Aguirre, que el referendo contra la Ley de Caducidad no se ganaba, pero igualmente se acumulaban voluntades para las elecciones de siete meses después.
El voto verde en abril de 1989 obtuvo 799.109 mil sufragios (41,3% del cuerpo electoral), cuyo reflujo en Montevideo alcanzó para obtener la Intendencia montevideana con 327.515 votos.
Los derechos humanos fueron dejados de lado en la agenda. Cuando a principios de 1996, el Nuevo Espacio —entonces fuera del Frente Amplio— convocó a la primera marcha del 20 de mayo, el legislador frenteamplista Carlos Baráibar lo calificó como “un tema de verano” y, desde el 26 de Marzo, también se menospreció la iniciativa. Luego que el Nuevo Espacio se reincorporara al Frente Amplio, esa convocatoria sí fue tomada con distintos énfasis en la estrategia de la izquierda.
En 2000 aparecen los primeras pintadas callejeras reclamando cárcel para el ex dictador Gregorio Álvarez, firmadas por el PCU, organización política que, pese a haber tenido la mayor cantidad de detenidos políticos y desparecidos en territorio uruguayo durante la dictadura, desde 1985 había propuesto a sus militantes una suerte de superación de lo ocurrido y seguir en la batalla política por el poder.
En 2003, año prelectoral de las elecciones nacionales en que triunfaría el Frente Amplio, el hoy ministro Eleuterio Fernández Huidobro participó en la polémica interna que mantenía el Frente Amplio respecto a si se impulsaba o no, la derogación de la Ley de Caducidad.
Fernández Huidobro sostuvo que el tema estaba cerrado por la decisión que la ciudadanía tomó en el referéndum de 1989. También advirtió sobre la pérdida de votos que podría suponer esa iniciativa. “Se podía renunciar —dijo— a todo menos a la victoria”. Esa postura triunfó en el congreso de diciembre de 2003, por 746 votos frente a 569.
Siete años después el entonces presidente José Mujica en un discurso a las Fueras Armadas dado en Durazno el 16 de marzo de 2010, reclamó dejar de mirar el pasado que divide a los uruguayos, para abordar sin fisuras el gran problema del presente que es “la lucha contra la pobreza”.
Podríamos seguir repasando la peripecia del tema, pero el último lustro está más presente en la memoria colectiva.
Derechos Humanos. El caso Amodio únicamente puede analizarse desde la óptica de los derechos humanos universales e inalienables, interdependientes e indivisibles y no discriminatorios.
Quienes defienden exclusivamente los derechos humanos vulnerados a personas de su partido, abstenerse. No aplican. Quienes relativizan la violación de los derechos humanos durante la dictadura impuesta en el país entre 1973 y 1985, ídem.
Se debe realizar un esfuerzo honesto respecto a la memoria y no un abuso del poder que ella tiene.
Amodios. Si el tema en cuestión es que a Amodio se le considera un violador práctico de los derechos humanos de sus entonces ex compañeros, ¿aplica una excepción de la Ley Nº 15.848, de Caducidad, como en otros casos juzgados posteriormente a 2005? Pero Amodios hubo varios y no solamente en el MLN.
Veamos el caso del PCU, que mantuvo su organización funcionado durante los años de dictadura, lo que implicó que la represión de la época practicara en su contra sucesivas olas represivas: 1975/76; 1977; 1989; 1981/82; y 1983, por mencionar las que significaron mayor número de personas secuestradas, torturadas y procesadas. Hubo 40 casos de muertos por tortura en territorio uruguayo, de los 178 uruguayos detenidos desaparecidos en ambas márgenes del Río de la Plata durante el período dictatorial, según la Udelar.
En cada una de esas instancias hubo integrantes del PCU que entregaron a sus compañeros. No se trata ahora de cuantificar con criterio de debe y haber, ni de subestimar el inmenso sufrimiento de la mayoría de esos miles de uruguayos víctimas del terrorismo de Estado que se mantuvieron firmes ante la tortura y soportaron muchos años de dura prisión.
Pero si de estrados judiciales es el asunto, ¿por qué unos sí y otros no?
¿Pueden los jueces de hoy diferenciar el grado de responsabilidad en la violación de los derechos humanos que le cupo a quienes, bajo tortura o no, entregaron a compañeros de militancia a las salas de tormento? ¿Poseen un torturómetro como para discernir hasta qué punto alguien que colaboró con las fuerzas conjuntas de entonces, es un violador de los derechos humanos?
Porque si bien esa calificación es evidente en los ejecutores de cualquier tipo de tortura o abuso sobre un semejante, no lo sería menos quien señaló y/o condujo a los represores hasta quienes debían ser torturados. ¿Que lo hizo bajo presión es lo que hace la diferencia? Y Amodio, ¿no habrá sido coaccionado?
Independientemente de si era un uniformado el ejecutante, o fue un compañero de la víctima hasta el minuto anterior a delatarlo, la violación de derechos humanos existió en ambos casos.
¿Investigarán los jueces las razones por las que en el PCU hubo traidores oficiales y no oficiales, para luego discernir si les cabe la misma tipificación que hoy se reclama para Amodio?
Vayamos a 1981, a hechos que viví personalmente. Desde setiembre comienzan a ser detenidos numerosos militantes del PCU de entonces. Decenas de los aproximadamente 160 secuestrados fueron procesados y recluidos. En el centro clandestino de tortura de La Tablada, ubicado en Camino Melilla, hubo por lo menos dos detenidos que, a cambio de la información que proporcionaron, recibieron un trato especial, no fueron procesados por la justicia militar, e incluso una de ellas salió en esa época al exterior. Desde 1985 ambos han vivido en Uruguay. El PCU no les hizo cuestión jurídica salvo, supongo, la prohibición de que lo integren. ¿Razones familiares, de proximidad con dirigentes comunistas? Lo que fuera.
En ese golpe represivo del ‘81, desparecieron tres personas: Félix Negro Ortiz (45), secretario en Montevideo del PCU; Antonio Omar Paita Cardozo (61), obrero de la construcción y secretario del Regional 3 del PCU; y Miguel Ángel Matto Fagián (28), militante de la UJC en Funsa.
¿Será que los jueces de hoy indagarán en aquellos entregadores de ayer para intentar saber qué paso con esos tres detenidos desaparecidos? ¿Convocarán a los dirigentes comunistas, de ayer y hoy, para que aporten datos sobre otros entregadores de militantes? Los familiares de los desparecidos, ¿qué actitud adoptarán? Porque si realmente se quiere esclarecer lo ocurrido —y habida cuenta de que los directos responsables no aportan datos— podría ser una línea de investigación acorde a la que hoy se ha abierto con Amodio.
¿Seguirán indagando los jueces con los que entregaron nombres de compañeros en los diferentes golpes represivos desde noviembre de 1975 a 1983?
¿Solamente Amodio en el MLN? En 1972 los contactos entre dirigentes del MLN —y no sólo de esa organización— con los militares pregolpistas fueron muchos y de todos los sectores. La diferencia era que el MLN, una guerrilla armada que aspiraba a tomar el poder, ejecutaba policías y militares y, en consecuencia, era repelida por las armas del Estado. El resto de los políticos obraban en la legalidad constitucional.
Vasos comunicantes y expectativas con los militares los hubo entre todos con todos. Salvo Carlos Quijano y Amílcar Vasconcellos.
La connivencia entre Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, Jorge Manera Lluveras, el fallecido Adolfo Wassen y otros dirigentes tupamaros con los oficiales del Batallón N° 1 Florida, Grupo de Artillería N° 5 y Región Militar N° 1, Prado, que se dio en el invierno de 1972, hoy es aceptada. La coparticipación —admitida, entre otros, por Yessie Macchi, integrante del MLN ya fallecida— de tupamaros y militares en la tortura a ciudadanos detenidos ese año por supuestos delitos económicos, también. La prisión y destrato del ex presidente Jorge Batlle, fruto de esa connivencia, también. Los lingotes de oro de Mahilos entregados por el MLN a Héctor Gutiérrez Ruiz, para ser convertidos en dólares para los tupamaros y subvencionar el periódico El Debate, algo dignamente admitido hace casi dos décadas por su hijo prematuramente fallecido, Marcos Gutiérrez Rodríguez Larreta, también.
No debe haber hijos y entenados. ¿Estamos ante un nuevo caso, en esta oportunidad doméstico, en que lo político se coloca por encima de lo jurídico?
¿Es realmente el libro de Amodio? ¿O es la posibilidad de que se esclarezcan aspectos de la historia inmediata narrados siempre de otra manera lo que altera y genera el cruce de agravios y versiones contrapuestas entre Amodio y algunos de los actuales gobernantes del país, en un escenario en que la casi absoluta mayoría de la ciudadanía se auto reconoce al margen?
La historia no es solamente el relato pretendidamente veraz de lo ocurrido, sino el estudio de los hechos, la investigación, el testimonio, los contextos, los errores, voluntarios o no, cometidos por los mismos actores. Errores que pueden darse por ignorancia o por intención de adornar, tergiversar, mistificar, descalificar.
Después, está la credibilidad que se retroalimenta con leyendas y que dependerá del mayor o menor grado de formación de la sociedad en cuestión. Dentro de la cual hay quienes poco les importa cómo fueron determinados hechos y optan por representarlos como prefieren que hayan sido. Lo hacen por razones afectivas, ideológicas, partidarias, religiosas o fanatismos.
Y, sin embargo, la individualidad, esa preciada fortuna humana que todavía poseemos, emerge y se rebela.
Es lo que ocurre hoy en Uruguay con la controversia histórica que generó la reaparición de Amodio Pérez y su libro. El libro en sí —otra versión épica del MLN más un auto justificativo personal— es lo que menos importa.
Importa todo lo que su presencia actual remueve en la sociedad uruguaya, a 43 años de los hechos.
¿Tema de veteranos, como razonablemente cuestionan algunos jóvenes? Sí, pero también tema vinculado a la permanente persecución del ideal humano. Eso que nos distingue de los bárbaros, a quienes no les importaría conocer su pasado ni su presente; ni si su presente es el que mejor les conduce a un destino y ni siquiera si quieren o no quieren ese destino, como ha enseñado Isaiah Berlin.
Hugo Machín
CI 1.312.624-1
