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    Historia registrada

    “Leálo y páselo”. La frase aparecía al final de un volante que se comenzó a repartir 16 días después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Lo firmaba el Comité Ejecutivo del Partido Colorado “Batllismo”, que reclamaba que de “inmediato” se tomaran “decisiones para el retorno a la vigencia plena de la Constitución y la Ley”.

    Muchos colorados siempre se muestran orgullosos de esta declaración de seis puntos y recalcan que es la única de un partido rechazando el golpe.

    “Dicho retorno no sólo implica el restablecimiento de todas las instituciones del sistema Democrático Representativo, sino también el cumplimiento ineludible del principio de que todas las instituciones, públicas o privadas, cualquiera sea su índole, deben mantener su actividad dentro de sus fines y funciones específicas sin desviaciones de ningún orden, así como los Partidos Políticos deben funcionar en forma orgánica para que, efectivamente, constituyan los elementos esenciales del sistema Democrático Representativo”, escribieron los colorados.

    Además, se informó que “los ciudadanos batllistas que ocuparen posiciones de Gobierno que no hubieren sido otorgadas mediante el ejercicio de la libre voluntad popular, no actuarán como representantes del Partido”.

    “Más allá de la responsabilidad del señor Juan María Bordaberry, es muy claro que el Partido Colorado estuvo en contra del golpe, tanto en febrero como en junio de 1973”, escribió el viernes 28 el ex vicepresidente Luis Hierro en el semanario “Correo de los Viernes”. En esa nota, Hierro cuestiona el enfoque de un artículo de Búsqueda del jueves 27 sobre el golpe de Estado.

    En esta semana, la discusión sobre la actuación colorada en el hecho llevó a que se recordaran algunas acciones de dirigentes en el momento.

    Además de emitir una declaración el 13 de julio de 1973, los colorados recuerdan que en junio de ese año, el diario “Acción” fue clausurado dos veces.

    También se remontan a octubre de 1972 cuando el líder de la Lista 15 Jorge Batlle fue procesado con prisión por denunciar un “desborde militar”.

    Las fuerzas conjuntas habían iniciado una campaña de desprestigio contra los políticos. Uno de los objetivos fue Batlle por el caso de la denominada “infidencia”. Se había acusado a Batlle de empujar la devaluación en provecho propio en abril de 1968. La denuncia se archivó. Pero en 1972 trascendió que el actuario del juzgado donde se encontraba archivado el expediente había sido llevado al Batallón Florida.

    El 25 de octubre de 1972 Batlle habló por radio y televisión. “El Uruguay hace cien años que tiene un estilo de vida, que se realiza y se lleva a cabo dentro de la Constitución y dentro de la ley, pero pretenden encañonar y apuntar los cañones contra ese sistema de vida y creen que el mecanismo más apto es largar toda una campaña de rumores para ir desprestigiando a todos los dirigentes políticos y, a través del desprestigio de los dirigentes políticos, desprestigiar al sistema, desprestigiar a las instituciones”, alertó Batlle.

    En febrero de 1973, el senador batllista Amílcar Vasconcellos denunció el desconocimiento de los militares a la instituciones. “Nadie (...) salvo por cobardía, por comodidad o por ceguera histórica, tiene el derecho de ignorar que hay en marcha en este nuestro Uruguay —más allá de las declaraciones que se hayan hecho y que se puedan hacer— un movimiento que busca desplazar a las instituciones legales para sustituirlas por la omnímoda voluntad de los que pasarían a ser integrantes de la ‘internacional de las espadas’”, afirmó Vasconcellos en radio Carve, el 1º de febrero. Por lo que sucedió en ese mes —desconocimiento militar a decisiones del gobierno— Vasconcellos escribió un libro titulado “Febrero Amargo”.

    En la sesión del Senado de la madrugada del 27 de junio, horas antes de que se efectivizara la disolución de las cámaras, Luis Hierro Gambardella evocó la tradición batllista y el suicidio de Baltasar Brum en 1933 contra el golpe de Estado de Gabriel Terra, y anunció que se defendería la libertad. En tanto, Vasconcellos criticó a los responsables del atentado contra las instituciones y les anunció que vendría para ellos y su descendencia una “ilevantable condena moral”, según recuerda el ex presidente Julio María Sanguinetti en el libro “La agonía de una democracia”.