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Desconociendo un informe jurídico de la Unidad de Acceso a Información Pública (UAIP), que concluyó que las informaciones sobre los cupos de exportación de carne vacuna Hilton y USA, con los nombres de las empresas, la cantidad y porcentaje que recibieron, “puede ser brindada al solicitante pues se trata de información de interés público”, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) volvió a negar la entrega de esos datos ante una reciente solicitud de Búsqueda.
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En un informe jurídico, fechado el 3 de agosto de 2017, la UAIP estableció que la información referida a la distribución de esos cupos de exportación de carne “debe ser publicada porque es de utilidad o relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas que son responsabilidad del sujeto obligado” (Búsqueda N.º 1939).
Ante un pedido realizado el 6 de agosto pasado, en el que se requerían datos de los nombres de los frigoríficos que accedieron a las cuotas de exportación de carne en los últimos dos años, el INAC se apoyó en su calidad de persona pública no estatal, dotada de personería jurídica, no integrante de la estructura estatal, para no brindar esa información.
“La divulgación de la información solicitada vulnera los bienes públicos a proteger, estos son la imagen de Uruguay como productor y exportador de carne y la imagen país”, planteó ese organismo en su respuesta.
Argumentó que el INAC dictó una resolución en la que clasificó de “confidencial” esa información. Sin embargo, esa resolución no aparece en su sitio web, ni tampoco fue proveída una copia ante varios pedidos.
La UAIP, en el informe jurídico en cuestión, indicó que “el INAC no siempre negó el acceso a información, es notorio que ha operado un cambio de criterio, que tanto desde el derecho de acceso a la información pública como desde la protección de datos personales, creemos que no encuentran un fundamento sólido”.
Es que, en administraciones anteriores, el INAC accedió a entregar los datos de la distribución de las cuotas de exportación de carne concedidas al gobierno uruguayo en el marco de negociaciones comerciales. Eso ocurrió en abril de 2010, en julio de 2012 y en setiembre de 2014. Incluso en esas ocasiones las respuestas reflejaron la transparencia del proceder de la administración del momento al otorgar copias de las resoluciones de la junta directiva del INAC en las que se determina el porcentaje que recibe cada empresa beneficiaria.
En cambio, la actual administración modificó su criterio y negó la entrega de los datos solicitados en el marco de la Ley 18.331 de Acceso a Información Pública, promulgada en 2008.
“No se considera que la difusión de esa información pueda posibilitar o fomentar un escenario de competencia desleal —los actos de competencia desleal generalmente buscan crear confusión, producir aseveraciones falsas, desacreditar al competir o inducir a error al público—, sino que, por el contrario, se debe considerar que publicar y difundir información precisa y actualizada genera un ambiente de confianza, transparencia y de rendición de cuentas”, según la UAIP.
Ese órgano desconcentrado de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento (Agesic) brinda asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo y controla el cumplimiento por parte de los organismos públicos de las estipulaciones previstas en la Ley 18.331, entre otras acciones.
