N° 1943 - 09 al 15 de Noviembre de 2017
A menos de dos años de una elección nacional que se anticipa será la más reñida de los últimos tres lustros, el oficialismo y la oposición anticipan lo que será una campaña cruzando cuestionamientos. “A la oposición no se le cae una idea”, se suele sostener desde tiendas frenteamplistas. “El gobierno se quedó sin agenda y sin rumbo”, alegan dirigentes opositores. ¿Se reducirá a ese tipo de descalificaciones la campaña?
Desde la lógica política ambos discursos son comprensibles. Están dirigidos a reafirmar adhesiones políticas. Para un sector ciudadano descreído de la política esta retórica luce, en el mejor de los casos, simplista, desconcertante.
Cuando el oficialismo dice que a la oposición no se le cae una idea debe saber que no dice la verdad. La oposición ha hecho numerosos planteos en materia de seguridad pública, de educación, de salud, de reducción del aparato burocrático del Estado, de mayor eficiencia del gasto público, respecto a la inserción del país en las corrientes de comercio mundial, etc., etc.
Harina de otro costal es que estas ideas y propuestas el gobierno no las comparta, no las quiera o no las pueda llevar adelante por las razones que fuere (perfilismos, diferencias y disputas internas o con sus socios sindicales). O que no quiera poner en entredicho un discurso y un relato que aún movilizan a muchos de sus militantes y que tanto le han rendido políticamente.
Por otra parte, si, como sostiene el oficialismo, en el país existen dos proyectos políticos bien antagónicos, y teniendo como tiene el FA desde el 2005 mayoría legislativa en ambas Cámaras, sería sorprendente que la oposición logre aprobar en el Parlamento alguna iniciativa suya. Solo durante los meses en que Gonzalo Mujica se independizó de la bancada oficialista y marcó sus diferencias a duras penas pudo lograr la formación de alguna investigadora en Diputados.
Pese a los cuestionamientos públicos, algunas ideas o propuestas opositoras, unas pocas, han sido aplicadas por la administración. Lo ha hecho presentándolas como propias. Quizás porque ya estaban en su horizonte o porque le pareció útil hacerlo.
Aunque el oficialismo lo niegue y le incomode, la oposición tiene una agenda. Una agenda de contralor, que es la única que en las actuales circunstancias políticas ha podido realizar. Una agenda que se manifiesta en dos ámbitos: el del Parlamento (comisiones investigadoras, denuncias sobre abusos de función, eventuales ilícitos) y el de la Justicia (acciones que derivan del resultado de las investigaciones legislativas o actos sospechados de ilícitos que el oficialismo se negó a investigar en el Parlamento).
En función de ello, solo estando atento a lo que ocurre en el país, cualquiera diría que el oficialismo contribuye y no poco a nutrir la agenda opositora. Veamos: el despilfarro y descontrol en Ancap; los préstamos a pérdida completa del Fondes; el desmedido proyecto original de la regasificadora; los negocios de intermediación con Venezuela que beneficiaron a correligionarios o amigos; la conjunción de interés público y privado, trasposición de fondos presupuestales y clientelismo en ASSE a la vista y paciencia de sus autoridades. Y la frutilla de la torta: el “caso Sendic” (título inexistente, uso de la tarjeta corporativa para compras personales, explicaciones confusas). Más la controversia sobre el cobro del subsidio (US$ 13.000 mensuales por un año) al que tiene derecho pero que recién debería percibir al final del período de gobierno. A estos hechos, solo los más notorios o significativos, se suma ahora la denuncia sobre el uso que habría hecho de la tarjeta corporativa de Alur su presidente, el hoy senador Leonardo de León.
¡Si tendrá temas para trabajar la oposición!
Reclamar el respeto de las normas del Tocaf por parte de la administración, oponerse al abuso en el ejercicio de la función pública supone defender ideas y hacer propuestas para enfrentar corruptelas de diverso orden.
Ahora bien, solo en parte la oposición tiene razón cuando afirma que el gobierno agotó su agenda o que no tiene rumbo. Es cierto que no tiene una agenda de grandes reformas. Si como surge de las declaraciones de jerarcas gubernamentales, sus mayores expectativas radican en lograr que UPM instale su segunda planta de celulosa, las obras de infraestructura asociadas a dicho proyecto, o la esperanza de hallar petróleo, cabe señalar que su agenda luce bastante pobre.
Es cierto que el gobierno no tiene hoy una agenda de grandes reformas, en parte porque las principales que pretendía ya las llevó a cabo (impositiva, el sistema nacional integrado de salud, cambio de la matriz energética, políticas sociales, etc.). Pero además, porque la “agenda de derechos” impulsada en los últimos años que contribuye a una convivencia social más integrada, recibe una relativa valoración y reconocimiento incluso entre sus votantes.
El problema del oficialismo no es nuevo. No es que carece de rumbo o de agenda, sino que desde que llegó al poder en sus filas hay más de un rumbo y de una agenda.
La dirigencia del Frente Amplio suele jactarse de que tiene un programa consensuado por todos sus sectores. Es cierto, pero ocurre que ese programa es producto de transacciones que acuerdan formulaciones genéricas, ambiguas, que luego cada sector o corriente interpreta a su manera y según sus intereses, necesidades o conveniencias políticas. Propio de un gobierno en el que todo está todo el tiempo en disputa. Así ha sido siempre.
Las coincidencias más fuertes se han logrado para oponerse a propuestas o a proyectos impulsados por gobiernos de los partidos fundacionales. O, antes de llegar al poder, para hacer propuestas que a priori se sabía iban a ser rechazadas por los gobiernos de turno. Así resultó fácil llegar a acuerdos y movilizar a la militancia.
¿Hay un rumbo en materia internacional cuando, por razones ideológicas o para retribuir compromisos previos, ciertos sectores apoyan al régimen chavista mientras otros se le oponen? ¿O cuando el presidente, el canciller y el ministro de Economía no logran convencer a integrantes de la bancada de los beneficios de ratificar el tratado comercial con Chile?
¿Hay un rumbo económico previsible cuando, en el límite de la capacidad contributiva de las empresas y las personas, cada tanto desde la bancada oficialista se proponen modificaciones impositivas para dar satisfacción a demandas sociales insatisfechas? ¿O cuando se cuestiona la conducción económica?
¿Hay un rumbo cuando sectores frentistas cuestionan, con buenas razones, el proyecto del Ejecutivo para resolver el tema de los “cincuentones” o el proyecto de la nueva ley de riego?
¿Qué agenda de reformas estructurales puede haber cuando no se ataca a fondo el tema educativo o la reforma del Estado? ¿Cuando los sindicatos, socios del proyecto político, retrasan con un elevado costo en dólares la reanudación de las actividades en la refinería de Ancap por unos pocos puestos de trabajo? ¿O ahora mismo cuando el sindicato del BROU ocupa sucursales de la institución y adopta otras medidas de lucha para oponerse a un nuevo plan de gestión del “banco país”?
El rumbo y la agenda del gobierno frentista están siempre supeditados a lo que resulte de todos estos vaivenes y pulseadas.
Habrá que ver si la oposición es capaz de acordar una propuesta política y electoral que permita superar esta desgastante coyuntura política. Coyuntura que es un freno para los sectores más emprendedores y dinámicos de la sociedad, que sienten frustración ante la pérdida de tiempo y de oportunidades que anclan en un mundo del pasado.
