Apenas unos días después de que el Parlamento aprobara una nueva ley contra la violencia de género, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se apresuró a aclarar que necesitaría tiempo y recursos para poder implementarla. La norma, votada en diciembre de 2017, unifica todos los conflictos derivados de los asuntos de género —violencia doméstica, abuso sexual, divorcios, tenencias— en juzgados especializados, por lo que requiere de una reforma del sistema de Justicia.
, regenerado3
La Corte designó una comisión para que estudie la norma y analice qué sería necesario para aplicarla, desde la creación de juzgados, cargos y capacitación hasta reformas edilicias. Le solicitó además que estime el costo de llevar a la práctica el proyecto.
Tras varias semanas de trabajo, el equipo, integrado por el entonces ministro de Apelaciones en lo penal William Corujo (hoy miembro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo), el ministro de Apelaciones de Familia Eduardo Cavalli, el subdirector general de Servicios Administrativos, Marcelo Pesce, y la directora nacional de la Defensoría Pública, Verónica Acuña, entregó a comienzos de abril un primer informe a la SCJ.
Las estimaciones iniciales fueron ambiciosas. La comisión se planteó elaborar un proyecto pensando en una implementación “ideal” de la ley. Desde esa perspectiva, los recursos que calcularon necesarios para aplicarla son millonarios y, en algunos rubros, equiparan o superan los demandados por la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), según explicaron a Búsqueda integrantes del equipo y de la SCJ.
Para la reforma penal, que comenzó a regir en noviembre de 2017, el Poder Judicial recibió un presupuesto anual de $ 300 millones (unos US$ 10 millones, a valores de 2016), más una partida de $ 40 millones (US$ 1,3 millones) extra para inversiones. Ese dinero se consideró el mínimo indispensable para poder aplicarla.
De acuerdo con los cálculos de la comisión, las reformas necesarias para implementar la ley de género no se quedan atrás en magnitud y costo.
Los ministros de la Corte, no obstante, no quieren solicitar al Poder Ejecutivo un presupuesto tan cuantioso, y pretenden lograr una propuesta “más austera”, en línea con la “realidad del país”, dijeron a Búsqueda fuentes de la corporación. Por eso, la Corte resolvió pedir a la comisión un nuevo estudio, que solo incluya la creación de sedes y cargos “absolutamente imprescindibles”.
“Queremos tener la seguridad de que los cargos e incrementos presupuestales que requiramos sean lo más ajustados a las necesidades reales que la ley plantea”, dijo el ministro Jorge Chediak a Búsqueda al ser consultado sobre el tema. “Siempre es dificultoso evaluar necesidades futuras, y la SCJ tiene una larga historia de seriedad en sus planteos”, añadió.
La posición de la Corte de pedir solo lo indispensable no es apoyada por todos los integrantes de la comisión, ya que entienden que el Poder Judicial debe aspirar a conseguir los recursos para implementar la ley de manera adecuada, y no “de entrada” ir a menos. Según dijeron a Búsqueda las fuentes consultadas, algunos consideran que, en todo caso, debe ser el Ejecutivo el que evalúe si es necesario ser más austero.
“Lo que finalmente solicitemos será lo que efectivamente evaluemos que la adecuada implementación de la ley requiere”, comentó Chediak.
Respecto a los montos que se manejaron en el informe, Chediak dijo que en algunos rubros los cálculos iniciales son “parecidos a los recursos otorgados para el CPP”. No obstante, aclaró, “la SCJ ajustó a la baja en tres oportunidades las estimaciones para el CPP”. Por ende, consideró que se debe ser “cuidadoso” en la comparación, ya que los recursos recibidos para la reforma penal fueron “muy inferiores a las estimaciones iniciales”.
Análisis primario.
De acuerdo con el estudio de la comisión, la implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Nº 19.580) requeriría la creación de al menos un juzgado especializado en género en cada departamento del país. Esas sedes necesitarán jueces, actuarios y funcionarios nuevos.
Para Montevideo, la comisión propuso instalar 30 juzgados especializados en la materia. De ellos, 22 serían transformaciones de sedes ya existentes —penales, de familia especializada y de adolescentes— y se crearían ocho juzgados nuevos.
La Defensoría Pública es la que necesitaría mayores recursos. La ley exige que en cada hecho de violencia haya defensores asistiendo a cada uno de los involucrados. Si se trata, por ejemplo, de un caso de violencia doméstica en una pareja que tiene un hijo, deben intervenir tres defensores: uno para asistir el agresor, otro para la víctima y un tercero para proteger los intereses del menor.
Así, según las estimaciones del informe, se requeriría casi duplicar la cantidad de defensores que hay en la actualidad (unos 280 en todo el país).
La aplicación de la norma exige también reformas edilicias, ya que las sedes especializadas en asuntos de género deberán tener, por ejemplo, entradas diferenciadas para la víctima y el agresor, al igual que salas de espera separadas. Como atenderán asuntos penales, también necesitarán celdas para los detenidos.
Por otra parte, la comisión propuso aprovechar la oportunidad de la reforma para concretar una vieja aspiración de la Defensoría: la creación de un equipo especializado en la defensa de menores.
El ingeniero Pesce comentó a Búsqueda que el informe de la comisión se trató de un análisis “muy primario”, cuyos cálculos “daban una inversión similar al CPP”. Pero la Corte “consideró dar más tiempo para que pudiéramos recabar datos más concretos y hacer una estimación más real —explicó—, para que no tenga una carga de inversión tan grande”.
“La mayor exigencia de recursos humanos está en la Defensoría, porque para poder implementar la ley adecuadamente necesitamos aumentar el número de defensores y especializarlos”, dijo por su parte Acuña. “Hoy nos la vemos en figurillas para dar una asistencia adecuada”, afirmó. “Hay que aprovechar la coyuntura” que trae la ley para “rearmar la defensoría en materia de familia”, añadió. “Ojalá tengamos los recursos necesarios”.
Mientras tanto, la semana pasada, la Asociación de Magistrados (AMU) organizó una reunión con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los temas de género para intercambiar opiniones sobre cómo implementar la ley 19.580. En la reunión participó también el ministro Cavalli y la jueza Laura Sunhary en representación de la asociación.
“Sin perjuicio de que hay una comisión trabajando en el tema, la asociación entiende que hay que tratar de hacer un contacto con la sociedad civil y juntar los esfuerzos para que la ley se pueda cumplir lo mejor posible”, dijo a Búsqueda el presidente de AMU, Alberto Reyes.
